La Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura realizan obras y actividades para preparar la implementación del sistema acusatorio en Rosario

En la cuenta regresiva de la implementación del sistema acusatorio en Rosario, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura de la Nación dieron inicio a una serie de obras y actividades con el fin de adecuar infraestructura, tecnología, personal y equipos de trabajo para el próximo 6 de mayo.

Esa es la fecha que se fijó para que entre en vigor el nuevo Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción santafecina. Con eso en vista, la Dirección General de Infraestructura Judicial del Consejo de la Magistratura comenzó a trabajar en las sedes de los Tribunales Federales de las ciudades de Santa Fe, San Nicolás de los Arroyos, Rosario, Rafaela y Venado Tuerto para lograr “la reubicación de puestos de trabajo; colocación de señalética nueva; control de detectores de incendio; colocación y distribución de mobiliario nuevo; reparaciones en instalaciones eléctricas; colocación de sistemas de climatización, demolición y elevación de tabiquería en seco y colocación de pisos”, informó el organismo judicial.

Además, puso a disposición a 40 trabajadores de mano de obra propia del Departamento Operativo, quienes se encuentran en este momento readecuando la pintura y la refacción general de la Sala de Audiencias.

Según un comunicado oficial, los inmuebles actualmente intervenidos son: Bv. Oroño 940, en la ciudad de Rosario; Primera Junta 2687, en la ciudad de Santa Fe; Garibaldi 208, en San Nicolás de los Arroyos; 25 de Mayo 121, en Rafaela, y Chacabuco 743, en Venado Tuerto .

A su vez, la Dirección General de Tecnología y la Dirección General de Seguridad Informática coordinaron la instalación de nuevos sistemas de audio y video, computadoras, servidores, cámaras de videovigilancia para la seguridad de los inmuebles y adaptación de la conexión a internet. En ese contexto, el Consejo dejó constancia a los ministerios de Justicia y de Seguridad de la Nación acerca de las exigencias de “conectividad mínima de internet” que deberán cumplir los complejos penitenciarios para que las audiencias puedan llevarse adelante de forma regular en caso de que los magistrados resuelvan que el imputado participe desde dicho lugar.

Por otro lado, el Departamento de Capacitación de la Dirección General de Tecnología puso en práctica un curso para los empleados, funcionarios y magistrados acerca de las funcionalidades del sistema Lex100 -sistema de gestión judicial- adaptadas a la inminente normativa acusatoria. También la Escuela Judicial del Consejo dictó una capacitación orientada al personal de la Justicia Federal de Santa Fe, bajo la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y la Cámara Federal de Casación Penal, con el propósito de “optimizar la actuación jurisdiccional en el marco del nuevo Código Procesal Penal Federal”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por su parte, creó 16 cargos de funcionarios y de personal administrativo, técnico y de servicio en la dotación de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario a través de su resolución N° 651/2024. En rigor, dicha decisión creó un cargo de secretario letrado, cuatro de secretarios de juzgado, dos de prosecretarios administrativos, dos de jefes de despacho, dos de oficiales, cuatro de escribientes y uno de medio oficial.

Según un comunicado del Máximo Tribunal, la resolución invoca lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 27.150 de implementación del Código Procesal Penal de la Nación, que establece la creación de Oficinas Judiciales en los Distritos Federales con asiento en las provincias. Bajo esos parámetros, ya se han creado oficinas en Salta y Jujuy, provincias donde está en marcha desde 2019 el sistema acusatorio.

Esa medida, dictada el 9 de abril, fue precedida por otra del 21 de marzo en la que el Máximo Tribunal asignó tres aeronaves al Ministerio de Justicia de la provincia de Santa Fe para realizar actividades operativas e investigativas de policía en función judicial orientadas a la lucha contra el narcotráfico. También autorizó la contratación de seis funcionarios para los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, abocados a dicha función.

Luego de la puesta en vigencia del código acusatorio en Salta y Jujuy, estaba estipulado que la próxima jurisdicción en donde debía regir sería Rosario, pero su implementación nunca llegó a materializarse. Estaba en manos de una comisión bicameral en el Congreso. A fines de febrero pasado, el Poder Ejecutivo decidió por DNU asumir las funciones de la bicameral. Los crímenes ocurridos en marzo pasado en Rosario, ligados a presuntos mensajes de bandas mafiosas dedicadas al narcotráfico, llevó al Gobierno nacional a desplegar una serie de estrategias y medidas para luchar contra la delincuencia. Y entre idas y vueltas, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona ordenó la vigencia del sistema acusatorio para dentro de dos semanas.

Se trata de un cambio directo en el sistema procesal. En la actualidad, la investigación es escrita y secreta a cargo de un juez “de instrucción”, luego de lo cual se avanza hacia una etapa oral, que es el juicio. En el sistema acusatorio, el investigador es el fiscal, quien recolecta la prueba en una etapa preliminar informal. Luego, en el juicio oral y público, produce sus probanzas en orden a sustentar la teoría del caso en que basó su acusación. La contradicción consistente entre las partes, conducida por un juez imparcial, es lo que marca la dinámica de este modelo, por ello mismo llamado adversarial.

A su vez, el nuevo Código Procesal Penal Federal elimina el expediente en papel para pasar a la digitalización, el expediente electrónico y la firma digital, con audiencias orales con presencia del juez, las partes, el imputado, la víctima y la querella, dando espacio al contacto directo del magistrado con el conflicto. Los tiempos de las definiciones también se aceleran.