Citaron a indagatoria a una ex agente de la PSA que dio detalles sobre el vuelo de jueces a Lago Escondido

El juez federal Sebastián Ramos llamó a indagatoria a una ex agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que está sospechada de haber hecho públicos los datos de los jueces y empresarios que viajaron en 2022 a Lago Escondido. Esa causa, que investigaba a los magistrados, ya fue cerrada por entender que hubo un espionaje ilegal sobre los pasajeros y por lo tanto era nulo el proceso, pero quedó otro expediente abierto, que tramita por cuerda paralela, que investiga esos supuestos seguimientos e intromisiones a dispositivos.

En ese contexto, el juez decidió llamar a indagatoria para el próximo 9 de abril a María de los Ángeles Pastrana Cornejo, la agente de la PSA que fue sumariada y desplazada luego de que el escándalo estallara, según confirmaron a Infobae fuentes judiciales. Se sospecha que la mujer fue quien tomó una foto de la lista de pasajeros del vuelo privado que llegó a Bariloche y se la mostró a otro funcionario del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).

En la resolución de diciembre pasado, el juez Ramos anuló todo lo actuado en la causa por el viaje de un grupo de jueces y empresarios a Lago Escondido, ocurrido en octubre de 2022, y dispuso el sobreseimiento de todos los involucrados: los jueces Julián Daniel Ercolini, Carlos Alberto Mahiques, Pablo Yadarola, Pablo Gabriel Cayssials, el procurador porteño Juan Bautista Mahiques y el ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro junto a Leonardo Bergroth, entre otros.

Allí sostuvo que existió una “actividad de seguimiento irregular” por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). En los fundamentos de aquella decisión, el juez se detuvo en la declaración del piloto que relató que le hicieron firmar el destino del vuelo “de puño y letra el formulario confeccionado por ellos, algo que nunca me había sucedido antes ni me volvió a suceder”. Y continuó “también ese día, el 13 de octubre de 2022, sucedió algo extraño, el personal de la PSA presenció el embarque en la plataforma de FLYZAR y nos escoltó en parte del rodaje hasta a la pista para el despegue, algo que nunca antes me había sucedido . También quiero aclarar que cuando el oficial de PSA se hizo presente, me hizo saber que debía presenciar el embarque porque uno de los pasajeros era un fiscal federal”.

El copiloto que declaró en la causa también dijo: “Yo por lo general desconozco a quien llevo, no me fijo a quien llevo. Cuando ingresé al aeropuerto fue esa mujer de la PSA la que me preguntó si ese era el vuelo que llevaba a los jueces. Esto me llamó la atención ya que ellos no deberían tener conocimiento de los pasajeros. De hecho, eso es lo que decía el formulario que yo les estaba entregando en ese momento. Los únicos que sabíamos el nombre de los pasajeros éramos yo, que complete el formulario, y la gente que trabaja en la parte comercial de FLYZAR. Quiero aclarar que esa gente no tiene trato con la PSA, por lo cual desconozco como tenían esa información de antemano”.

A eso se sumó otro episodio curioso: al momento del embarque, “había una persona de la PSA en un cuatriciclo a unos diez metros del avión cuando estábamos por iniciar el rodaje. Eso también me llamó la atención ya que no es habitual ver personal de la PSA en las inmediaciones del hangar de la empresa. Desde que trabajo en FLYZAR esa fue la única vez que se acercó un cuatriciclo de la PSA”. Por ser aviones privados, estaban acostumbrados a llevar celebridades pero los testigos resaltaron que nunca ocurrió una situación así: que los siguieran tan cerca de la aeronave poniéndose incluso en riesgo. Las filmaciones de la pista confirmaron la descripción.

“Se advierte de los dichos vertidos por ambos pilotos del vuelo en cuestión, que ese día -13/10/2022- se sucedieron una serie de comportamientos que no eran habituales ni parte de la operatoria diaria, por parte del personal de PSA, tanto en el aeropuerto de origen en San Fernando, como en el de destino en Bariloche”, determinó Ramos.

El caso Lago Escondido nació en octubre del 2022, pero cobró notoriedad pública cuando se conocieron supuestos chats de los participantes del viaje en el que hablaban de la difusión de la noticia. Esos diálogos -registrados en la aplicación Telegram- habrían sido sustraídos de un hackeo al teléfono celular de D’Alessandro, uno de los viajeros, a través de la duplicación de la tarjeta SIM. El ex ministro de Seguridad porteña denunció el ingreso ilegal a su móvil y que los chats fueron adulterados.

Los supuestos diálogos se conocieron a inicios de diciembre de 2022, el fin de semana previo a la condena de la vicepresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión en la causa Vialidad y fueron parte de la exposición que hizo la ex jefa de Estado tras su condena a seis años de prisión -un fallo que está siendo revisado por la Cámara Federal de Casación Penal-. Tras la difusión de esos chats, el entonces presidente Alberto Fernández habló en cadena nacional y su ex ministro de Justicia Martín Soria se presentó en la causa de Bariloche para denunciar a los jueces. La causa tramitó originalmente en Bariloche -donde se activó tras la difusión de esos diálogos- pero la Cámara Federal ordenó que el caso pasara a Comodoro Py donde también el caso había sido denunciado.

A fines del año pasado, el juez Ramos decidió anular todo lo actuado y sobreseer a los pasajeros del vuelo. “No existen dudas de la intervención de Policía de Seguridad Aeroportuaria y otros organismos del Estado, y no sólo con la acreditada e investigada filtración del Formulario de Declaración General del vuelo, sino desde el mismo día en que ese vuelo partió desde San Fernando a Bariloche”, escribió.

Esa diligencia, afirmó Ramos, fue sin que “exista ningún tipo de orden emanada de autoridad competente que habilitara al personal de aquella fuerza a actuar del modo en que lo hizo, ni mucho menos a compartir esa información e, incluso, documentación, al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos -ORSNA-, en clara infracción al Régimen Profesional del Personal Policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y pudiendo, a su vez, haber infringido leyes relacionadas a la ley de inteligencia nacional n°25.520″.

Por orden de la Cámara Federal, Ramos no solo tenía en sus manos la investigación por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y aceptación de dádivas por ese caso, sino también otra denuncia anterior que impulsó el juez en lo penal económico Pablo Yadarola por espionaje, que se radicó en Comodoro Py 2002, apenas se difundieron los chats. Aquella denuncia había tramitado inicialmente en el juzgado de Ariel Lijo. Es en esa causa en donde se ordenó llamar a indagatoria a la ex agente de la PSA, precisaron fuentes judiciales.

En diciembre pasado, tras el fallo de Ramos, el fiscal Carlos Stornelli denunció penalmente a los “autores, cómplices y encubridores” que llevaron adelante tareas de inteligencia desde la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Puntualmente, Stornelli acusó, sin dar nombres, a la PSA de espionaje ilegal. Y aseguró que hubo una “irregular actividad " en donde se intentó incorporar a causas “registros de comunicaciones telefónicas, excediendo sus atribuciones por ser medidas de estricto carácter jurisdiccional, intentando disimular dichas circunstancias”. Stornelli también incluyó en su acusación la destrucción del teléfono de Fernando Sabag Montiel, acusado de haber intentado matar a la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner. El caso recayó por sorteo ante el juez Ariel Lijo.

Justamente, Infobae reveló este martes que la jueza María Servini dispuso llamar a indagatoria a tres agentes policiales como sospechosos de haber hecho perder las pruebas del teléfono clave: uno es un cabo de la PFA y los otros dos son una principal y un subinspector de la PSA.