Pidieron enviar a juicio a un ex juez por beneficiar a narcos a los que debía investigar

El Ministerio Público Fiscal y la Procuraduría de Narcocriminalidad reclamaron llevar adelante el juicio oral el ex juez federal de Sáenz Peña, Miguel Aranda, y otras siete personas, entre ellos gendarmes, acusadas de haber integrado una asociación ilícita que protegió narcos y cometió maniobras de tráfico de droga desde 2020. Entre los protegidos, estuvo el influyente “Clan Sosa”, una de las organizaciones más activas de narcotráfico en el país.

El pedido fue hecho por Federico Carniel, Fiscal Federal; Patricio Sabadini, Fiscal Federal de Resistencia; Carlos Martín Amad, Fiscal Federal de Sáenz Peña; Diego Iglesias, Fiscal Federal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y Martín Uriona, Fiscal coadyuvante de la Procuraduría. En la causa, caratulada como «Aranda, Mariano Miguel y otros s/ asociación ilícita y otros», los fiscales consideraron que desde 2020 se concretó una organización criminal destinada a cometer delitos mediante el otorgamiento de «asistencia» y la garantía de «impunidad» a sujetos vinculados con maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes.

Aranda es abogado y la Cámara Federal de Resistencia lo designó en 2021 como conjuez a cargo del juzgado federal de Roque Sáenz Peña. Cuando la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, lo procesó la Cámara lo apartó del cargo.

“Se comprende que el juez no sólo debe preocuparse por ´ser´, según la dignidad propia del poder conferido, sino también por ´parecer´, de manera de no suscitar legítimas dudas en la sociedad acerca del modo en el que se cumple el servicio judicial”, señalaron y agregaron que “desde tal mirada, la realidad actual de la autoridad política en general, y de la judicial en particular, exhibe una visible crisis de la legitimidad que conlleva el ejercer el deber judicial”, dijo la Cámara Federal al confirmar su procesamiento.

El fallo abarcó los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, prevaricato, incumplimiento de la obligación de promover la represión de un delito, concusión agravada, encubrimiento agravado, peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y tráfico de influencias.

Según dieron por acreditado los fiscales, la banda liderada por el ex magistrado dictaba resoluciones y en otros casos las omitía o demoraba, con la finalidad de “beneficiar a las personas sospechadas de haber intervenido en actividades de narcotráfico, a cambio de la obtención de beneficios o promesas indebidas de su parte”. Además, consideraron que Aranda articulaba los mecanismos para que las causas que recaían en su órbita sean demoradas u omitidas “para poder alertar a las personas imputadas o investigadas de las medidas a dictar”.

En tanto, los integrantes de este clan fueron protegidos por Aranda, quien, junto con el Comandante Principal de Gendarmería Nacional, Alberto Martín Farías, les brindaban información sobre las medidas jurisdiccionales que eran requeridas por la Fiscalía y que próximamente tomaría el magistrado. El objetivo era que “de forma previa se sustrajeran o eludieran las medidas que él mismo dictaba”, señala el requerimiento. Entre los hechos por los que son acusados también se encuentran delitos donde el grupo criminal exigía sumas de dinero a cambio de la obtención de beneficios procesales que estaban bajo la órbita de Aranda.

Una de los hechos que se investigó en la causa tuvo como protagonista a un camión Iveco que fue parado en la ruta para un control y se le labró una multa porque no tenía la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día. Pero desde Gendarmería se ordenó destruir el acta. ¿El motivo? El camión pertenecía a Rafael Raimundo Martin y a Clarisa Daniela Galissier, cuñada de Aranda.

La banda criminal, según el requerimiento, estaba integrada por Miguel Mariano Aranda, entonces juez federal de Sáenz Peña; Alberto Martín Farías, Comandante Principal de Gendarmería Nacional; Cristian Daniel Marangón, por entonces Comandante Principal de Gendarmería Nacional y también jefe de escuadrón; Raúl Ernesto Scheurman, Segundo Comandante de Gendarmería Nacional y en su momento jefe operativo del mismo Escuadrón que Marangón; Enzo Gabriel Aguirre, Primer Alférez y por entonces Jefe de la Sección Villa Ángela del mismo escuadrón; Walter Darío Ayala, ligado a hechos de narcotráfico en Sáenz Peña; Alejandro «Talibán» Quintana, ex integrante de Gendarmería y también vinculado a hechos de narcotráfico; y una mujer uniformada de la Policía del Chaco que no fue identificada.