Sólo el 8% de la población confía en la honestidad de la Justicia argentina y el 9% en su eficacia, según el Índice de Confianza en la Justicia (ICJ) elaborado por la Escuela de Derecho de la Universidad Di Tella y Fores (Foro de estudios sobre la Administración de Justicia), correspondiente al mes de noviembre de 2023.
El ICJ mide semestralmente la evolución de la opinión pública respecto de la administración de justicia en la Argentina y está compuesto por dos subíndices. El subíndice conductual, que permite conocer el comportamiento que los encuestados manifiestan que tendrían ante conflictos jurídicos en materia patrimonial, familiar y laboral. Y el subíndice perceptual, que mide la opinión de los encuestados respecto de atributos que se esperan de la justicia, en términos de imparcialidad, eficiencia y honestidad.
El índice, como medida de confianza, se obtiene promediando los dos subíndices, el conductual y el perceptual, y tiene una amplitud que varía entre 0 y 100. Para el mes de noviembre de este año, el Índice de Confianza en la Justicia dio un resultado de 47,5 puntos. Esta medición es una continuación del ICJ que se había llevado a cabo entre 2004 y 2011 y permite evaluar, en perspectiva, la confianza de la ciudadanía en la Justicia.
Uno de los componentes para su elaboración, el subíndice conductual, refleja las respuestas de las personas encuestadas frente a situaciones hipotéticas que requerirían la intervención de la Justicia. Dichas situaciones son: recibir un cheque sin fondos, un despido laboral y un divorcio. En este caso, 70,1% de los encuestados respondió que llevaría su caso a la Justicia o consultaría a un abogado. El promedio histórico 2004-2011 había sido 68,48%.
Frente a la pregunta de si recibiera un cheque sin fondos por un trabajo realizado recurriría a un abogado para que el caso llegue a la Justicia, el 50% respondió “seguro que sí”, el 27% “probablemente que sí”, el 8% “probablemente que no”, el 12% “no” y un 3% no contestó o dijo que no sabía.
En la consulta sobre los supuestos de no recibir lo que corresponde en un divorcio y una menor indemnización en un despido, en ambos casos el 52% respondió que recurriría a un abogado para que el planteo llegue a la Justicia.
En cuanto al otro componente del ICJ -el subíndice perceptual- ante la consulta realizada a las personas encuestadas sobre los atributos de imparcialidad, honestidad y eficiencia de la Justicia, las respuestas fueron bastante más negativas, arrojando un resultado final de 24,8 puntos. El promedio histórico 2004-2011 había sido de 29,25 puntos.
Es decir, que aún cuando las personas puedan tener una percepción general negativa de la Justicia, alrededor del 75% de los encuestados afirma que, ante un conflicto jurídico, acudiría a un profesional del derecho para que su caso sea llevado a la Justicia.
El resultado de las consultas respecto de si la Justicia trata a todos por igual, sin importar sus medios económicos, contactos o afiliación política, el 88% de las personas entrevistadas consideró que es poco o nada confiable.
Por su parte, en términos de honestidad y honradez, el 90% de los consultados consideró que la Justicia es poco o nada confiable, frente al 8% que considera que sí lo es.
Al segmentar el análisis de los datos que arrojó el estudio, se observa que el 91% de las personas entrevistadas percibe a la Justicia “nada” o “poco confiable” en términos de capacidad y eficiencia. Sin embargo, si se discriminan las respuestas por nivel de educación, se observa que la respuesta “nada confiable” es más baja mientras mayor es el nivel educativo de las personas entrevistadas.
Por otro lado, al observar las zonas geográficas que habitan quienes fueron entrevistados, dentro de un conjunto de resultados bajos, el gran Buenos Aires muestra los niveles de confianza más altos en lo que respecta a la capacidad y la eficiencia de la Justicia: “bastante confiable” para el 11% y “muy confiable” para el 5% de los encuestados.