La Corte Suprema deberá resolver si acepta la mayor reparación de la historia en una causa de corrupción

La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá resolver si acepta la mayor reparación económica de la historia en una causa de corrupción y que tendrá un fin social: se trata de más de 2.000 millones de pesos que los acusados en la causa del “BNP Paribas” -ex directivos imputados por asociación ilícita y lavado de dinero- ofrecieron pagar a cambio de no ir a juicio oral.

El caso llegó la semana pasada al máximo tribunal luego que la Cámara Federal de Casación Penal aceptó una apelación de las partes para que el expediente sea revisado por la Corte Suprema, informaron a Infobae fuentes judiciales. Lo que se discute es si se hace el juicio oral o si se acepta la reparación que ya se acordó que tengan como destino obras en 16 provincias del país de la Federación Familia Grande Hogar de Cristo que preside el Padre José María “Pepe” Di Paola con el control del Ministerio de Desarrollo Social que ahora en el gobierno de Javier Milei pasará a ser Secretaría.

Los 14 acusados del caso ofrecieron pagar 2.200 millones de pesos que es el monto de los embargos que tienen en la causa. Pero la cifra final, si el acuerdo es aceptado, será mayor. Es porque a pedido de la fiscal del caso Gabriela Baigún se dispuso que el monto se actualice según el tipo de cambio del Banco Nación al momento que el acuerdo quede firme.

El acuerdo al que llegaron las defensas y la fiscal fue aceptado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 6. También tuvo el aval de la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante. Pero el Banco Central de la República Argentina (BCRA), también querellante, se opuso y apeló la decisión del tribunal. El caso llegó a la Cámara de Casación donde el fiscal Rául Pleé también se opuso y pidió que se haga el juicio oral. Casación sostuvo esa postura y rechazó el acuerdo. Ahora aceptó que el caso llegue a los jueces de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El cambio de gobierno a partir del 10 de diciembre abre una posibilidad con la llegada de Milei a la presidencia. Y es que el BCRA, con la renovación de autoridades, cambie la postura y acepte la reparación económica (aunque se mantiene la postura de la Fiscalía de Casación). En Comodoro Py también se abría la posibilidad de que el designado ministro de Justicia de la Nación, el abogado Mariano Cúneo Libarona, pueda ser un puente para revisar la postura del BCRA. Otro interrogante, pero más lejano, es qué puede ocurrir si la entidad financiera es disuelta, tal como propone el electo presidente.

“BNP Paribas”

Se trata de una entidad bancaria de origen francés que operó en la Argentina en los años 2000. En 2009 se inició una causa penal por lavado de dinero y asociación ilícita contra sus directivos. Fue luego de que se allanó una oficina de la entidad que funcionaba de manera ilegal en el piso 25 del edificio de la avenida Leandro N. Alem 855. Se determinó que desde allí se hacían operaciones financieras fuera del sistema legal: se sacaba plata del país a través de cuentas en el exterior y que iban a bancos de Suiza o Luxemburgo y que retornaban al país con apariencia de legalidad. Se detectaron por lo menos 22 operaciones de ese tipo de lavado de dinero por 35 millones de dólares.

14 acusados llegaron a juicio oral. Entre ellos, el ex director general del BNP Joannier Philippe Yves Henry, el ex director de la sucursal en el país Christian Marie Francois Giraudon, y los ex directores administrativos Christian Armand Augustin Abeillon y Michel Michael Basciano.

Sus defensas ofrecieron en septiembre del 2022 la reparación económica en los términos del Código Penal que permite terminar una causa “por conciliación o reparación integral del perjuicio”. La fiscal Baigún aceptó el planteo porque señaló que se trata de una causa compleja, que todavía no tiene fecha de juicio oral ya que todavía debe realizarse prueba, que muchos acusados son de avanzada edad y con problemas de salud -algunos viven fuera del país- y que el TOF 6 no tiene jueces titulares por lo que cambian de manera periódica. También que en el juicio existe el riesgo que algunos acusados sean absueltos o que para quienes sean condenados lleve más tiempo recuperar el dinero de los embargos.

“En cambio, la disposición inmediata de las significativas sumas de dinero ofrecidas por los imputados, puede cumplir acabadamente con la función reparatoria del daño social causado por el delito”, sostuvo la fiscal para aceptar el acuerdo.

Pero el BCRA se opuso. La entidad sostuvo que la conciliación o la reparación integral solo se puede aplicar a causas “de naturaleza patrimonial exclusivamente” y que en el caso del BNP Paribas la acusación también es por asociación ilícita. Con la opinión de todas las partes el juez del TOF 6 Daniel Obligado aceptó la reparación económica.

El BCRA apeló el fallo. Allí contó con la adhesión del fiscal Pleé respecto a que el delito de asociación ilícita no puede conciliarse. En julio pasado, por mayoría, la Sala IV de Casación acompañó esa postura y revocó el acuerdo y ordenó que se haga el juicio oral.

“Tal como ha sido reconocido por los fiscales intervinientes, ‘la gravedad del caso resulta incontrovertida’, a la par que ‘existen normas de carácter internacional que establecen la obligación de sancionar este tipo de conductas’. De allí, que la normativa vigente, aplicada armónicamente, impide convalidar el acuerdo de reparación integral del daño arribado en el presente caso”, señalaron los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borisnky.

En disidencia, el juez Javier Carbajo votó por confirmar al reparación al considerar que los argumentos del BCRA ya habían sido “debidamente sopesados y rechazados” en la instancia anterior.

Pero una nueva apelación. Ahora de la UIF y de las defensas de los acusados que objetaron el fallo de Casación y presentaron un recurso extraordinario para que la decisión sea revisada por la Corte Suprema. Los jueces Carbajo y Borinsky aceptaron la apelación en una resolución que dictaron el miércoles pasado.

Los camaristas señalaron que las defensas y las querellas “han logrado acreditar la existencia de cuestiones federales suficientes a los efectos de acceder al más Alto Tribunal, al encontrarse en juego la vulneración a las garantías constitucionales del debido proceso y a ser juzgado en un plazo razonable y tratados internacionales que tuvieron efectos sobre la aplicación al caso del instituto de reparación integral”.

En disidencia, Hornos sostuvo que “los recursos extraordinarios deben ser declarados inadmisibles en tanto la sentencia impugnada no resulta de carácter definitivo” para que intervenga la Corte Suprema.