Continúa creciendo el fuerte malestar entre los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal tras la decisión de la magistrada Ana María Figueroa de quedarse en el tribunal pese a haber llegado a los 75 años de edad sin contar con acuerdo de Senado para continuar en el cargo. Ese es el límite temporal que marca la Constitución Nacional para continuar ejerciendo la función de juez. “Es una violación a la máxima ley del país”, se quejaron desde las sedes judiciales.
Además, Figueroa comunicó -en una reunión realizada ayer con los presidentes de las Salas del máximo tribunal penal del país- que se “autolimitaba” hasta que la Cámara Alta definiera su situación porque no iba a firmar sentencias ni resoluciones administrativas. Según pudo saber Infobae, en la Casación esto es considerado “una verdadera grosería jurídica” porque por un lado la magistrada pretende seguir en el cargo sin cumplir las funciones propias y naturales del mismo como lo es dictar sentencias y por el otro la “autolimitación” podría calificarse como una “utopía del derecho” toda vez que quien se autolimita de la misma manera podría dejar de hacerlo.
Por si esto no fuera suficiente, la jueza Figueroa suma otro elemento a la polémica por su continuidad en el cargo tras cumplir los 75 años y sin contar con acuerdo del Senado. Para fundar su decisión de mantenerse en su despacho más allá de lo establecido por la Constitución Nacional invocó una resolución del Consejo de la Magistratura del año 2017 que ya no tiene vigencia respecto de su situación.
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Esta norma -resolución 521/2017- se dictó para adecuar la situación de los jueces que ya habían cumplido los 75 años al fallo “Schiffrin” dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este caso se discutió la validez de una cláusula de la Constitución Nacional incorporada por la Convención Reformadora en 1994: el tercer párrafo del inciso 4to. del inciso 99. El texto mencionado exige a los jueces que pretendan seguir en funciones después de cumplir la edad de 75 años la necesidad de que obtengan un nuevo acuerdo del Senado de la Nación y un nuevo nombramiento del Presidente de la Nación para mantenerse en el cargo.
En el fallo “Schiffrin” la Corte, con los votos de los ministros Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, le devuelve la validez a la única norma de la Constitución Nacional que había sido declarada nula en toda la historia constitucional de la Argentina por el máximo tribunal abandonando de esta manera la doctrina del caso “Fayt”. Asimismo, en uno de los considerandos de “Schiffrin”, exhorta en forma directa al Consejo de la Magistratura para que adopte las medidas que considere necesarias para asegurar la plena vigencia del artículo 99, inciso 4to., tercer párrafo de la Constitución Nacional, es decir que los jueces para mantenerse en el cargo una vez cumplidos los 75 años deben contar con acuerdo del Senado.
Siguiendo esa indicación de la Corte es que el Consejo de la Magistratura dictó la resolución 521 del año 2017 en la que se establece que todos los jueces de 75 años o más deben cesar en sus funciones salvo quienes tengan acuerdo del Senado para continuar y aquellos que hayan ido a la Justicia y tengan un fallo a favor de seguir en el cargo.
Para el caso de los jueces cuyo pedido de acuerdo ya estaba en el Senado la resolución estableció que podían continuar provisoriamente en el cargo hasta que se acepte o rechace el pedido siempre que ello suceda antes del cierre de las sesiones ordinarias “correspondiente al año siguiente al envío del pedido de acuerdo, momento en el que caducará el nombramiento.”
A este párrafo recurrió la jueza Ana María Figueroa para aferrarse a su cargo en la Casación pese a que ya cumplió los 75 años. Sin embargo, la vigencia del mencionado párrafo de esta norma fue dejada sin efecto por el Consejo de la Magistratura a través de otra resolución dictada en 2018. Es decir, no hay dudas que la magistrada invocó como fundamento para continuar en funciones una normativa que no tiene vigencia para su caso lo que hace que esta maniobra alambicada para seguir en el cargo nazca herida de muerte.
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En los últimos días Figueroa firmó fallos que benefician a figuras cercanas al kirchnerismo. Sólo como botón de muestra se puede mencionar el caso de César Milani quien fue absuelto en una causa por enriquecimiento ilícito, sentencia que fue recurrida por el Ministerio Público Fiscal. En su voto la jueza Figueroa rechazó el recurso y se pronunció a favor de confirmar la absolución del ex Jefe del Ejército. Los otros dos jueces, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone hicieron lugar al planteo de la fiscalía y sostuvieron que el fallo que absolvió a Milani fue arbitrario.
En otro caso, firmado por Figueroa esta semana, la magistrada votó a favor de la absolución de Guillermo Moreno en una causa en la que fue condenado a dos años de prisión por amenazar a directivos de Clarín y La Nación. Los otros jueces de la Sala, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone rechazaron el recurso de la defensa del ex secretario de comercio que había pedido ser absuelto y confirmaron la condena del tribunal oral.
Sobre esta decisión de la jueza Ana María Figueroa, infobae consultó a Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura quien sostuvo que “la Constitución, la jurisprudencia y las reglamentaciones del Ministerio de Justicia y del Consejo de la Magistratura no admiten otra interpretación. El día que los jueces cumplen 75 años si no tienen acuerdo del Senado cesan en su mandato desde ese mismo día.”
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