En el marco de una causa de narcotráfico, el Tribunal Oral Federal de Corrientes (TOF) le entregó al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con carácter definitivo la posesión de dos fincas rurales que habían sido decomisadas tras comprobarse que una organización criminal las utilizaba como pistas de aterrizaje, acopio y recepción de la cocaína que traía a través de vuelos clandestinos desde Bolivia.
Se trata de dos inmuebles que juntos suman casi 9000 hectáreas y están ubicados en el departamento de Santo Tomé, a orillas del río Uruguay, en la provincia de Corrientes. “Santa María del Aguapey” cuenta con 7000 hectáreas y “Santa Úrsula” tiene un total de 1889. En abril de 2017 el TOF correntinos había resuelto decomisarlos tras tener por cierto que una organización transnacional los utilizaba como pistas de aterrizaje y descarga de la cocaína que ingresaba desde Bolivia a través de vuelos clandestinos en un caso más conocido como el de los “narcoaviones”. Sus diez integrantes fueron condenados a penas de entre ocho y veinte años de prisión.
La medida había sido solicitada por el fiscal general de Corrientes, Carlos Schaefer, y luego ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal. En un principio ambas fincas quedaron en manos de los hijos de una de las imputadas de la causa, pero luego, debido a ciertos incumplimientos en sus manejos como depositarios judiciales, pasaron a estar bajo la responsabilidad del INTA, un organismo público que se dedica al desarrollo sostenible del sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial.
En ese contexto, y transcurridos seis años desde la medida recaída sobre los inmuebles, el INTA presentó un pedido para lograr el dominio definitivo de las dos propiedades. Tal presentación estuvo en manos del director de la Estación Experimental Agropecuaria de Mercedes, Jacques Kraemer, y del director del Centro Regional Corrientes del organismo, José Rafart Antón. Para resolver, el tribunal oral compuesto por los jueces Manuel Alberto Jesús Moreira, Víctor Alonso González y Fermín Amado Ceroleni tuvieron en cuenta la gestión de la entidad al momento de administrar los bienes decomisados en la causa penal ligada al narcotráfico.
En ese sentido, según comunicó el Ministerio Público Fiscal (MPF), los magistrados expresaron en su sentencia que los responsables del INTA “recuperaron el establecimiento rural que les fue cedido vacío, y con los alambrados e instalaciones en muy mal estado” y ponderaron a su vez como “valiosa” la administración realizada a través de “un cuidado responsable” que conllevó un “aprovechamiento con expansión y contenido social de los campos decomisados”.
Pero la posesión permanente fue fijada bajo ciertas condiciones provenientes del artículo 39 de la ley 23.737 de estupefacientes. Bajo ese marco, los jueces hicieron saber que el organismo dedicado a la experimentación y los estudios agropecuarios deberá destinar un predio a disposición de la Gendarmería Nacional “a fin de ser utilizado para eventuales operativos de vigilancia, recorridas y/o apostar hombres, patrullas u otros elementos de manera provisoria o permanente para la lucha contra el narcotráfico en la región”, informó el MPF.
Además deberá acondicionar un espacio de aproximadamente diez hectáreas para que el Estado nacional o provincial desarrollen oportunamente una institución dedicada a la rehabilitación de las víctimas del consumo de drogas. Por otro lado, los representantes del INTA manifestaron que ambos predios rurales serán destinados a la explotación y utilización con fines de educación, investigación, producción y ambientales.
Durante la investigación de los vuelos clandestinos que aterrizaban en las fincas con cargamentos de cocaína también fueron secuestradas las aeronaves utilizadas por la banda delictiva junto a vehículos, dinero y otras clases de bienes.
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