Elías Ezequiel Nuñez Pinheiro, el joven de 22 años que reconoció como imputado que colaboró para hackear teléfonos de jueces y funcionarios, pidió en los tribunales de Comodoro Py 2002 que el juez Marcelo Martínez De Giorgi concentre la investigación en la que está acusado. Es que hay un ramillete de expedientes judiciales por distintos hackeos pero Martínez De Giorgi es el que quedó al frente de una megacausa por los casos de cuatro jueces federales y también de las líneas creadas a nombre de al menos dos ministros de la Corte Suprema de Justicia y una magistrada de Posadas.
Si la jugada tiene éxito, el juez también podría sumar la manipulación del teléfono del diputado y precandidato a gobernador del PRO Diego Santilli. El caso del hackeo al teléfono del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro quedó en un limbo. Es que la jueza y la fiscal porteña que llevaron adelante la instrucción resolvieron pasar el caso también a los tribunales federales: lo remitieron al juez Sebastián Ramos, que instruye la causa de Lago Escondido en donde no solo se investigan presuntas dádivas sino también el hackeo al celular del ex funcionario.
Pero según confirmaron a Infobae fuentes judiciales Ramos rechazó días atrás intervenir en ese expediente y devolvió la causa. Habrá que ver qué hace la justicia porteña ahora. Una opción es insistir en su planteo y que destrabe la cuestión la Corte Suprema de Justicia, el tribunal superior común. Otra opción podría ser que sea el propio Martínez De Giorgi el que termine pidiendo para sí la investigación con la sumatoria de casos que está concentrando.
Hasta ahora, todas son especulaciones. Lo único cierto es que los abogados de Nuñez Pinheiro, Sebastián Noguera y Marcos Kapko le plantearon a Martínez de Giorgi que le pida a su colega, María Servini, que se inhiba de seguir interviniendo y le entregue su causa.
“Estamos ante una sola conducta delictiva que si bien pudo haber afectado a varias personas el interregno delictivo lo constituye en una sola conducta delictiva compleja que no puede ni debe ser atomizada tal como está sucediendo actualmente -dijeron en un escrito al que accedió Infobae- . Vemos cómo a medida en que se van efectuando denuncias o van surgiendo nuevos afectados las causas se van distribuyendo ante distintos jueces y eso genera una dificultad enorme para poder trazar una estrategia defensiva y para poder volver eficaz el derecho de defensa”.
“Lo más prudente es unificar las causas y suspender todos los llamados a indagatoria en tanto se realice una sola intimación de los hechos compleja pero que permita defenderse al imputado de manera adecuado, y a través del principio de concentración realizar la o las intimaciones de los hechos, lo que nos permita realizarlo en un solo acto sin que la propia situación, tal como está sucediendo actualmente, se termine transformando en una emboscada procesal (involuntaria) pero dañina al fin dado que en el fondo se provoca un estado de indefensión que no debe continuarse”, advirtieron. Y como Martínez De Giorgi tiene en sus manos la investigación de al menos cuatro víctimas, “resulta conveniente que sea Vuestro Juzgado el que absorba todas las causas y proceda a unificarse una imputación acorde a lo que hemos planteado a fin de facilitar el derecho de defensa y no violar el debido proceso legal”, reclamaron.
Martínez de Giorgi tiene en sus manos una investigación que concentra las denuncias de los hackeos que sufrieron Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, dos de los tres jueces cuando llevaban adelante el debate oral en el que terminó condenada la vicepresidenta Cristina Kirchner; y también los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, apuntados por el oficialismo por sus visitas al ex presidente Mauricio Macri. Todos los hackeos se activaron en Misiones. El fiscal Gerardo Pollicita, que impulsa la investigación, le pidió la indagatoria del hacker Nuñez Pinheiro, pero hasta ahora el juez no resolvió llamarlo a declarar porque está recolectando más información, precisaron fuentes judiciales.
En una causa conexa, también investiga las cinco líneas telefónicas creadas a nombre del presidente de la Corte Horacio Rosatti. Un primer informe de la DAJUDECO, revelado por Infobae, detectó que desde uno de los equipos en donde se activó una de esas líneas de Rosatti también aparecieron líneas truchas a nombre del vicepresidente de la Corte Carlos Rosenkrantz y la jueza de Posadas María Verónica Skanata. Todo también en Misiones.
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Martínez De Giorgi mandó a verificar si también había líneas falsas a nombre de los jueces de la Corte Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, luego de que el ex presidente de la Corte dijera que “distintas personas habrían recibido llamados telefónicos de líneas presuntamente atribuidas al Dr. Ricardo Lorenzetti”.
Sobre esta base, tal como reveló la semana pasada Infobae, Martínez de Giorgi planteó que todo pudo haber sido organizado por una misma banda, en diferentes etapas y movimientos. Se trataría de un “plan criminal vinculado a maniobras relacionadas con la afectación de líneas telefónicas, cuyos damnificados resultan ser en gran parte de los casos jueces que desempeñan sus funciones en esta ciudad”, dijo. “Nos encontramos frente a acontecimientos ocurridos en un período temporal cercano, que guardan características similares, encontrándose todos ellos relacionados con la vulneración o afectación de líneas telefónicas vinculadas con distintos magistrados”, sostuvo. “Surge evidente así la conexión en torno a la selección de las víctimas, dado que -como se dijo- revisten el carácter de jueces federales y ministros del Tribunal Supremo, y las maniobras ilícitas se desarrollaron en pleno ejercicio de sus funciones públicas y en un cercano lapso temporal”.
Por ahora, Elias Ezequiel Nuñez Pinheiro, el hacker de 22 años que vive en Misiones, parece ser el único sospechoso detectado en la manipulación de celulares. A él se le atribuye haber participado en el hackeo a los teléfonos de Marcelo D’Alessandro, Fabio Alejandro Segurado, Luis Esteban Barbier, Diego Santilli y María Eugenia Piperio, los jueces Andrés Basso, Gustavo Hornos, y de Cristina Vanesa Figueroa, Verónica Salido y Adriana Lázaro.
La primera vez que estuvo frente a la justicia fue el año pasado por zoom y como testigo. La jueza María Servini y el fiscal Federico Delgado lo interrogaron bajo juramento de decir verdad cuando investigaban el hackeo de Diego Santilli. El joven dijo que había comprado una caja de chips de Movistar sin usar de un ex vendedor de la empresa COMTEL SA y él se encargó de revederlas en distintos comercios de la zona. La investigación se archivó a fin de año.
Pero poco después de testigo pasó a sospechoso. Fue cuando la fiscal porteña Daniela Dupuy profundizó la investigación por el hackeo al teléfono de D’Alessandro y pidió su detención y la de un grupo de sus familiares. Para esa altura el joven ya había quemado y tirado al río el celular al que le habló el desconocido “Eljuanxd”, cuando lo contactó por Telegram para encargarle cambios de chip, le permitió acceder al sitio “Dark PFA” y le pagó, vía billetera electrónica, una suma de entre 12 y 15 mil pesos por objetivo.
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Eso fue lo que le contó a la justicia porteña cuando le tocó declarar como acusado y ofreció su colaboración para avanzar en la pesquisa. Pero a fines de abril la jueza porteña Araceli Martinez se declaró incompetente, con el aval de la fiscal Dupuy, y decidió mandar la investigación por el hackeo al ex ministro de Seguridad a la justicia federal: se la mandó al juez Sebastián Ramos luego de un fallo de la Cámara Federal que decía que el caso Lago Escondido no solo analizaba el viaje de jueces, funcionarios y empresarios sino también el delito de violación de secretos por entender que allí también estaba ligado la difusión de supuestos chats del ex funcionario porteño, conocidos el fin de semana anterior a la condena de Cristina Kirchner.
Hace dos semanas, Servini llamó a indagatoria al Nuñez Pinheiro. Durante casi cinco horas, el joven respondió el interrogatorio que le habían preparado en el tercer piso de los tribunales federales. Insistió en que él solo había entrado a las bases de Nosis, Dark PFA o Renaper para gestionar ante Movistar el cambio de chip de las personas que le pidieron, pero que él no había sido el que entró a esos teléfonos para tener acceso a sus aplicaciones y correos. Repitió una vez más que no conocía a quien lo había contratado. Detalló que todo lo cobró a través de una cuenta en Lemon, pero él no era el único que accedía a ella.
“Tenía otro amigo que la usaba, que se llamaba creo ‘Crack’, y tenía la foto del cantante de Trap Neo Pistea”, añadió en la declaración a la que accedió Infboae. El juzgado mandó a pedir informes y certificar la causa de Dark PFA. En ese contexto es que apareció el pedido de la defensa del hacker para que se paralicen los llamados a indagatoria y todo se concentre en un mismo expediente.
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