
El caso por el ingreso de decenas de embarazadas rusas que vienen a parir a la Argentina puede tomar un giro inesperado. Hasta ahora la jueza María Servini enfocó la investigación en una de las agencias que cobra enormes sumas de dinero por el servicio que incluye, entre otras cosas, la atención del parto, la tramitación de la documentación argentina y, por ejemplo, el alquiler de viviendas para que las familias pasen unos meses en Buenos Aires. Pero en las próximas semanas puede haber otro tipo de novedades en el expediente.
Según se determinó en la investigación abierta en diciembre pasado, la agencia ArgentinaFamily presentaba en la Dirección Nacional de Migraciones documentación falsa para tramitar la residencia permanente de las parejas rusas que habían tenido un hijo en Argentina. Ese es el primer paso para luego conseguir el pasaporte.
A raíz de eso Servini citó a indagatoria a Elena Kuklina y Ruslan Yuldashev, los dueños de la agencia ArgentinaFamily. Pero también a la traductora del ruso que aparece firmando los papeles presentados ante Migraciones: Olga Guz. Y también a su cuñado Pablo Martín Sánchez, un abogado que cobraba -según fuentes judiciales- por representar a los rusos ante los juzgados en lo Civil y Comercial Federal donde los extranjeros solicitan la Carta de Ciudadanía.
También te puede interesar: Servini citó a indagatoria a los dueños de una agencia que cobra por traer embarazadas rusas a parir en la Argentina
Una vez obtenida la Carta de Ciudadanía se puede acceder al pasaporte argentino, el documento que motiva que haya una enorme cantidad de rusos que vienen a la Argentina. Luego de que Rusia atacara a Ucrania comenzó a llegar a la Argentina una ola de ciudadanos rusos de alto poder adquisitivo en busca de nuevos horizontes y documentación. Son más los que solo buscan la documentación que los que se establecen en el país. Es que el pasaporte argentino les permite entrar sin visa a muchos más países que el pasaporte ruso. Y por ello lo requieren. Y pagan mucho por conseguirlo.
La situación de las rusas embarazadas irrumpió con fuerza en la agenda pública en febrero pasado cuando varias de ellas quedaron varadas en el aeropuerto Internacional de Ezeiza a su llegada al país. Al arribo en Migraciones detectaron que venían como turistas, pero sin pasaje de regreso, no sabían a qué lugares iban a ir de visita y tampoco tenían claro en qué sitio se iban a alojar. Por esa situación estuvieron horas en el Aeropuerto hasta que un juez les permitió entrar.
La llegada de rusos a la Argentina se aceleró luego de la guerra. Estiman en la justicia en lo Civil y Comercial Federal que en los últimos tiempos la mitad de los 200 trámites diarios de Carta de Ciudadanía que se inician corresponden a ciudadanos rusos o de países limítrofes de Rusia.

Los que llegan de Rusia y cercanías lo hacen con mucho dinero. Es por ello que los servicios que prestan las agencias son caros: hay paquetes de 3.500, 7.500 y 15.000 dólares, todo depende de las prestaciones que contraten los interesados. Las familias pagan el costo de los partos en varias clínicas privadas y en hospitales públicos. También alquilan viviendas a precios fijados en dólares, lo que implica un buen negocio para ciertas inmobiliarias que tienen relación con las agencias que traen las mujeres a parir. En el mercado inmobiliario explican que los rusos pagan adelantado y en dólares los alquileres. La industria de la llegada de mujeres con embarazos en estados avanzados al país es muy rentable. Y es por ello que el aspecto económico está también en la mira de los que analizan el expediente judicial. De hecho hay abiertas investigaciones por lavado de dinero de ciudadanos rusos que llegaron a la Argentina en los últimos tiempos.
En la investigación judicial hay varias agencias apuntadas por ofrecer el mismo servicio que ArgentinaFamily. Se relevaron cuentas bancarias, pagos a clínicas y hospitales por los partos, y se hicieron cruces telefónicos para saber con quiénes se comunicaban los imputados en el caso. También se pusieron bajo estudio decenas de expedientes presentados ante Migraciones y los que se iniciaron ante los juzgados en lo Civil y Comercial Federal para obtener la Carta de Ciudadanía.
Fue a partir del cruce de datos que se llegó -según confirmaron fuentes judiciales a Infobae- a dos números de teléfono a los que se comunicaban algunos de los imputados. Esos números corresponden a la embajada de Rusia en la Argentina. La jueza quiere saber a qué personas estuvieron asignadas esas líneas entre enero de 2022 y mayo de 2023. También Servini quiere saber qué función cumplen las personas relacionadas con esas líneas. La embajada de Rusia tendrá que contestar el pedido que hizo la jueza.
De ese modo se abre una nueva veta en la investigación que implica saber si las agencias -que cobran enormes sumas de dinero por el servicio que ofrecen a las embarazadas- tenían algún tipo de relación con funcionarios de la embajada de Rusia. Una vez que se determine quiénes eran los que se comunicaban con los imputados, se podrá conocer qué clase de conexión tenían las agencias con la embajada de Rusia en Argentina.
Pero esa no es la única nueva veta de la investigación. Luego del cruce de teléfonos de los imputados Servini apuntó a Migraciones. Pidió un listado de todos los empleados y funcionarios que revistaron desde junio de 2022 en la sede central de Migraciones. La sospecha de los investigadores es que las agencias pudieron haber tenido relación con funcionarios de Migraciones para que los papeles falsos que presentaban no fueran objetados. Por ahora no hay funcionarios de Migraciones imputados en la causa.
Hasta ahora la investigación se había circunscripto a las agencias y los que trabajaban para ellos. Pero a partir de la decisión de Servini de pedir explicaciones a la embajada de Rusia y a Migraciones, el caso puede ir en otra dirección.
Seguir leyendo
Últimas Noticias
Compró hace 18 años un 0 km, tuvo fallas al poco tiempo de uso y ahora la Justicia ordena pagarle una indemnización
Un hombre denunció vibraciones, ruidos y problemas de alineación en un auto que había comprado nuevo en 2008. El propietario llevó el vehículo al servicio técnico oficial en al menos ocho oportunidades entre agosto de ese año y abril de 2009. Una pericia posterior detectó una vibración trasera anormal y señaló una posible falla técnica de fábrica

Contrató aberturas para su casa en Pilar, pagó casi USD 9.000 y nunca le terminaron el trabajo: perdió el juicio por un error en la demanda
Un hombre reclamaba la devolución de lo pagado, una indemnización por daño moral y daño punitivo tras denunciar demoras, trabajos defectuosos y un reclamo de actualización del saldo en dólares. Sin embargo, testimonios, un informe municipal y otras pruebas llevaron a la Justicia a aceptar la defensa del demandado

Tras el divorcio, deberá pagarle a su ex mujer un salario mínimo por mes durante casi un año como compensación económica
La Cámara de Apelaciones ratificó una sentencia que ordenó al ex esposo pagar el equivalente a diez salarios mínimos, vitales y móviles en diez cuotas mensuales y consecutivas. El tribunal consideró acreditado que la mujer quedó en una situación de desventaja económica tras dedicarse principalmente al cuidado del hogar y de sus tres hijos durante el matrimonio

Alperovich: qué dijo el juez que cuestionó las pruebas contra el ex gobernador y propuso anular su condena por abuso sexual
La Cámara Nacional de Casación le bajó la condena a 14 años de prisión y confirmó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En disidencia con sus pares del tribunal, el magistrado Daniel Morín votó por anular la sentencia y hacer un nuevo juicio

El juez Rafecas ya tiene la causa por la mansión de Pilar: el frente judicial que se abre para Tapia y Toviggino
Habrá nuevas pruebas para intentar determinar quiénes son los dueños reales de la casaquinta y la flota de autos de alta gama. Pero también se esperan decisiones en otra investigación donde ya se procesó a los dos dirigentes de la AFA. El nuevo viaje de Chiqui Tapia




