“No tenemos justicia con esta mujer”: Cristina Kirchner insistió en apartar a Capuchetti de la causa del ataque

Los abogados de Cristina Kirchner jugaron este jueves dos estrategias en paralelo ante la Cámara Federal porteña en la causa por el atentado contra la Vicepresidenta, ocurrido hace cuatro meses. Por un lado insistieron en reclamar el apartamiento de la jueza María Eugenia Capuchetti, sobre quien puso el foco la ex presidenta. La acusaron de ser “una terminal del PRO” que encubre la investigación. La segunda parte del planteo apunta al análisis de los celulares de las asesoras del diputado del PRO Gerardo Milman, en la llamada pista Casablanca. Se está discutiendo cuál es el plazo de revisión de esos celulares.

Así quedó plasmado en dos audiencias distintas que tuvieron lugar en el segundo piso de Comodoro Py 2002. La primera, enfocada en los celulares, debe ser resuelta por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi; la segunda estará en manos solo de Bruglia. Precisamente, la Vicepresidenta había reclamado ayer difundir en vivo por YouTube solo la segunda contra Capuchetti. El tribunal, sin embargo, ordenó que las dos fueran presenciales y que los periodistas pudieran ingresar a la sala garantizando así la publicidad.

Los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal insistieron en apuntarle a Capuchetti. Ya la habían recusado diciendo que encubría la investigación, algo que fue rechazado y apelado en Casación. Ahora la acusan de ser una “terminal del PRO” por trabajar para el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), que está encargado de formar a los cuadros superiores de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. La jueza rechazó apartarse y explicó que allí da clases desde hace más de una década. La querella, sin embargo, asegura que esa institución no es una universidad y genera políticas públicas.

Fue en ese contexto en el que los abogados de CFK aprovecharon para quejarse porque la instrucción por el atentado puso en foco a la custodia de la vicepresidenta y el rol de la Policía Federal, pero no apuntó contra la Policía de la Ciudad y su conducta los días previos al atentado a la ex jefa de Estado, cuando ocurrió el famoso episodio de las vallas que rodearon en la esquina de Juncal y Uruguay. “La señora jueza no era investigadora, no es docente. Tiene un curro. Yo no soy patrullero de lo que cobran los jueces -afirmó Ubeira. No sé si salimos de Capuchetti y saltamos de la sartén para caer en la brasa (tras la recusación), pero esta jueza no tiene voluntad de investigar. No tenemos justicia con esta mujer”.

La exposición arrancó con las palabras del abogado Marcos Aldazabal, repasando el inicio de la pista Casablanca: José Abello, un asesor legislativo del diputado del FDT Marcos Cleri, declaró el 23 de septiembre haber escuchado decir el 30 de agosto, 48 horas antes del atentado, al diputado del PRO Milman en el bar del Congreso: “Cuando la maten, voy a estar en la Costa”.

La querella insistió en que cuando las asesoras de Milman que están con él “se contradijeron entre sí” y que la jueza se opuso a secuestrarle los teléfonos como testigos. A eso le agregó que cuando finalmente se presentaron una admitió que borró el teléfono y la otra que cambió el equipo. El material, sin embargo, ya fue extraido de los celulares y ahora se discute desde qué plazo temporal se va a analizar.

Una primera decisión señaló que había que revisar desde el 30 de agosto, día de la supuesta frase y las horas posteriores hasta que ocurrió el atentado. Pero la querella reclama que sea desde el 1 de julio porque si Milman o sus colaboradoras sabían algo tuvieron que haberlo mencionado antes. Aldazabal subrayó que no hay un conflicto con la intimidad porque no se accederá a otro tipo de mensajes. Por su parte Ubeira afirmó: “Ahora temeos una jueza que actúa como encubridora de la verdad porque se refugia en el derecho a la intimidad”. Y fue entonces que aseguró: “Es una terminal del PRO, de un partido de la oposición cuyo dirigente principal hasta el día de de hoy no ha repudiado el atentado”.

Un rato después empezó la segunda audiencia en donde se formalizó el nuevo pedido de apartamiento contra Capuchetti. Aldazabal aprovechó para cuestionar que la audiencia no se trasmitiera en vivo como quería su clienta, pero el juez Bruglia afirmó que ese tipo de procedimientos está previsto para ciertos momentos de los juicios orales y que aquí, en instrucción, “una publicidad amplia está restringida” porque hay cuestiones de prueba que pueden peligrar con su difusión para el éxito de la investigación.

Sobre Capuchetti, Aldazabal hizo un amplio detalle de las funciones del instituto donde trabaja la jueza, al señalar que no era una universidad sino una academia de policía que además elabora políticas públicas. Cuestionó que sólo hubiera reportado un trabajo de investigación y sacó número de los montos cobrados en estos años. Apuntó al ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, ahora de licencia, por su viaje a Lago Escondido y afirmó que si hay otros magistrados que también dan clase en ese organismo tampoco justifica a Capuchetti.

El abogado protestó porque se impulsó una investigación sobra la custodia de CFK cuando la Policía de la Ciudad tiene bajo su jurisdicción la seguridad de la esquina de Juncal y Uruguay, hasta donde llegó el atacante Fernando Sabag Montiel el 27 de agosto, día del episodio de las vallas, y fracasó en su primer intento de atentar contra la vicepresidenta.

“Hubiera querido que la doctora Capuchetti estuviera acá sentada -acotó Ubeira. La señora jueza no es investigadora, no es docente... Yo no soy patrullero de lo que cobran los jueces, pero acá recibe un estipendio de un organismo que tiene carácter Ejecutivo. No tenemos justicia con esta mujer”.

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