Honduras experimentó un incremento sostenido de la conflictividad social durante los primeros cuatro meses de 2026, período en el que se registraron 148 acciones colectivas en los 18 departamentos del país, de acuerdo con la más reciente Infografía sobre Conflictividad Social presentada por el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
El estudio revela un panorama marcado por el descontento ciudadano, la acumulación de demandas insatisfechas y una limitada capacidad de respuesta por parte de las instituciones estatales, factores que continúan alimentando la protesta social en distintos sectores de la población.
Según el informe, entre enero y abril se registró un promedio de una manifestación diaria, aunque en algunos momentos la intensidad fue mayor, alcanzando hasta siete acciones colectivas en una sola jornada.
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Marzo fue identificado como el mes más conflictivo del período analizado, con un total de 58 incidentes registrados. Los datos evidencian que la conflictividad se concentra principalmente en las zonas urbanas y de mayor actividad económica y política del país.
Francisco Morazán encabezó la lista con 73 acciones colectivas, equivalente a casi la mitad de los casos documentados, seguido por Cortés con 27 eventos.
En conjunto, ambos departamentos acumulan más de dos tercios de toda la conflictividad social registrada en Honduras durante el primer cuatrimestre del año.
Colón reportó nueve acciones colectivas y Comayagua siete, lo que demuestra que las demandas sociales se extienden a distintas regiones del territorio nacional.
El informe del IUDPAS también identifica a los trabajadores como el sector más activo en la movilización social. Este grupo protagonizó 54 de los 148 conflictos registrados, representando el 36.5 % del total.
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Los reclamos laborales continúan siendo una de las principales fuentes de tensión entre la ciudadanía y las instituciones públicas o privadas, especialmente en temas relacionados con estabilidad laboral, salarios, cumplimiento de derechos y condiciones de trabajo.
En segundo lugar aparecen los partidos políticos con 23 acciones colectivas, mientras que los grupos pertenecientes a la población indígena y afrohondureña (PIAH) participaron en 13 conflictos, principalmente vinculados a la defensa de territorios, recursos naturales y derechos colectivos.
Entre las principales demandas expresadas por los distintos sectores destacan la defensa del trabajo y las condiciones laborales, con 59 reclamos identificados.
A esta problemática le siguen las exigencias relacionadas con la mejora de la calidad de los servicios públicos, costos e infraestructura, que sumaron 17 casos.
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Asimismo, la defensa del ambiente, la tierra y el territorio ocupó un lugar importante dentro de las causas de movilización, con 14 demandas registradas.
El estudio señala que los bloqueos de carreteras e instalaciones continúan siendo el principal mecanismo de presión utilizado por la ciudadanía para visibilizar sus reclamos. Durante el período analizado se contabilizaron 60 acciones de este tipo.
Los mítines, concentraciones y plantones ocuparon el segundo lugar con 50 registros, mientras que las marchas representaron una proporción considerablemente menor, con apenas 13 incidencias.
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En respuesta a estas manifestaciones, el Estado registró la presencia de fuerzas policiales o militares en 33 ocasiones. De esos casos, en nueve se reportó el uso de la fuerza para contener o dispersar las acciones de protesta.
De las 148 acciones colectivas documentadas, 128 no obtuvieron ninguna respuesta oficial por parte de las autoridades, lo que representa el 86.5 % del total. Esta situación fue clasificada por el IUDPAS como una condición de “omisión estatal”.
Por otro lado, únicamente seis conflictos lograron resolverse mediante procesos de negociación que derivaron en acuerdos concretos, mientras que otros seis recibieron una respuesta formal a través de peticiones o compromisos institucionales.
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El informe también identifica a las instituciones más señaladas por los manifestantes. El Gobierno en general fue el principal destinatario de las demandas, acumulando 44 casos, seguido por las diferentes secretarías de Estado con 43 acciones colectivas dirigidas hacia ellas.
En cuanto a los sectores más afectados por la conflictividad, la educación ocupó el primer lugar con 21 casos, seguida por el ámbito laboral con 18, salud con 14 y el sector energético también con 14 conflictos registrados.