La CIDH pidió investigar el asesinato de 20 campesinos en el Bajo Aguán, en el departamento de Colón, en el norte de Honduras. El organismo exigió al Estado una pesquisa diligente para identificar a todos los responsables y reclamó protección para las comunidades rurales. El ataque ocurrió en los últimos días y activó operativos oficiales en la zona.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el Estado debe garantizar el derecho a la vida, la seguridad y la integridad de la población, en especial en territorios con alta conflictividad social y presencia de estructuras criminales.
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También reclamó atención integral para sobrevivientes y familias, con apoyo psicológico, asistencia humanitaria y mecanismos de reparación.
CIDH al Estado de Honduras
La CIDH exhortó a Honduras a realizar una investigación “exhaustiva” y con “debida diligencia” para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables del crimen.
El organismo, que monitorea la situación de derechos humanos en la región, planteó que la respuesta estatal debe ajustarse a estándares internacionales.
Además solicitó reforzar la presencia institucional en el Bajo Aguán y garantizar medidas de protección para las comunidades rurales, que enfrentan amenazas en un contexto de violencia y conflictos agrarios, según el pronunciamiento de la Comisión.
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La CIDH también advirtió sobre el impacto de la impunidad en casos de violencia rural y disputas por tierra en Honduras, un punto que organismos internacionales han mencionado en evaluaciones previas sobre el país.
Violencia en el Bajo Aguán
El Bajo Aguán figura entre las zonas con mayores niveles de conflictividad en Honduras por disputas históricas sobre tenencia de tierras, conflictos agrarios y operaciones vinculadas al narcotráfico y otras redes del crimen organizado.
En los últimos años, organizaciones campesinas y entidades defensoras de derechos humanos denunciaron amenazas, asesinatos, desplazamientos forzados y enfrentamientos armados en la región, donde convergen intereses económicos, disputas territoriales y grupos criminales.
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El ataque, que dejó 20 víctimas mortales, fue señalado como una de las peores masacres registradas en Honduras en los últimos años, según reportes difundidos en el país.
Gobierno e investigación
Tras el crimen, las autoridades hondureñas desplegaron operativos de seguridad e investigación para identificar a los responsables y evitar nuevos hechos violentos en el sector.
El ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, afirmó que el Gobierno mantiene una intervención permanente en el Bajo Aguán con patrullajes y presencia militar y policial, además de operaciones coordinadas entre instituciones del Estado.
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Velásquez sostuvo que las pesquisas apuntan a estructuras criminales que operan en la región y que pueden estar vinculadas a disputas territoriales y otras actividades ilícitas. También atribuyó el escenario a nuevas dinámicas del crimen organizado tras el fortalecimiento de controles regionales contra el narcotráfico, lo que habría empujado a ciertos grupos a diversificar operaciones hacia delitos locales y control territorial.
El ministro indicó que trabajan equipos de inteligencia y unidades de investigación en la recolección de pruebas y el análisis de información, con participación de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y fiscales del Ministerio Público.
Organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que el caso expone debilidades institucionales y la necesidad de políticas integrales de prevención, protección y acceso a la justicia para las comunidades rurales afectadas.
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