El Ministerio Público de Honduras reportó este 26 de marzo los resultados de la Operación Trueno II, ejecutada por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), con apoyo de las Fuerzas Armadas.
Esta segunda fase incluyó 18 allanamientos y tres inspecciones en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Comayagua y Atlántida, en una estrategia orientada a debilitar la estructura criminal de la MS-13, considerada una de las organizaciones con mayor control territorial y capacidad operativa en el país.
Durante las intervenciones, las autoridades lograron la incautación de 17,903 dosis de piedra de crack, 303 paquetes de supuesta marihuana y 99,990 dosis, así como 441 paquetes de supuesta cocaína. El total de los envoltorios de cocaína decomisados ascendió a 231,525, además de dos onzas adicionales encontradas en otro sitio. El Ministerio Público informó que el valor estimado de estos decomisos supera los L 381,900,000 (14 millones USD).
En la operación también se aseguraron 10 armas de fuego, 84 proyectiles, dos botes con supuesta marihuana especial y tres vehículos. El monto estimado de estos bienes supera los 76 millones de lempiras, lo que representa, de acuerdo con las autoridades, un duro golpe a la economía ilícita de la MS-13.
Como resultado de los procedimientos, fueron arrestados René Bayardo Juárez Molina y Luis Alonso Ruiz García, quienes enfrentarán cargos por tráfico de drogas. También fue detenido José Fredy Morales Molina, señalado por tenencia de armas y municiones de uso comercial.
Las investigaciones, según el Ministerio Público, demuestran que la estructura desarticulada no solo se dedicaba a la distribución de drogas, sino que había consolidado un sistema de lavado de activos.
Se identificó también la presencia de plantaciones de marihuana en el departamento de Colón, lo que evidencia la expansión territorial y la diversificación de operaciones de la MS-13.
La Operación Trueno II se enmarca en una ofensiva nacional para combatir el microtráfico y la criminalidad organizada. Las autoridades hondureñas han determinado que la MS-13 logró infiltrar instituciones estatales con el objetivo de facilitar sus actividades delictivas y garantizar impunidad para sus miembros. El Ministerio Público reiteró su compromiso de combatir de forma incansable a las organizaciones que buscan controlar el país.
La segunda fase de la Operación Trueno implicó un despliegue de más de 400 agentes policiales y militares, quienes actuaron de manera simultánea en varias localidades. Entre los bienes asegurados se encuentran vehículos de alta gama y motocicletas empleadas para el traslado de estupefacientes. Además, se confiscaron equipos de comunicación y documentación vinculada a operaciones financieras.
Las autoridades detallaron que la MS-13, a través de estas actividades, ha desarrollado una red de lavado de activos que involucra empresas fachada y operaciones bancarias internacionales. Este entramado permitió a la organización criminal transferir fondos ilícitos a países de Centroamérica y Estados Unidos, dificultando su rastreo por parte de los entes de control.
Por otra parte, la operación permitió identificar a colaboradores externos que brindaban apoyo logístico y financiero a la estructura criminal.
Entre los hallazgos más relevantes se encuentran documentos que prueban la adquisición de propiedades y vehículos mediante identidades falsas, así como registros de movimientos bancarios inusuales.
La Operación Trueno II es considerada una de las acciones más contundentes contra el crimen organizado en Honduras en los últimos años. El Ministerio Público informó que continuará con nuevas fases y acciones coordinadas para atacar las fuentes de financiamiento y la logística de la MS-13, con el objetivo de reducir el impacto de sus actividades en la sociedad hondureña.
Las autoridades instaron a la ciudadanía a colaborar con las investigaciones y a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el tráfico de drogas o el lavado de activos, reiterando el compromiso de mantener la lucha frontal contra las estructuras criminales que amenazan la seguridad y el bienestar del país.