Cinco años de la muerte de Keyla Patricia Martínez Rodríguez bajo custodia de la Policía Nacional en La Esperanza, Intibucá, Honduras enfrenta un caso que, lejos de resolverse, ha profundizado los cuestionamientos al sistema judicial del país, sobre todo por su manejo en casos de violencia estatal y de género.
Aunque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la repetición del juicio para revisar integralmente las pruebas, la falta de una fecha definida mantiene en vilo tanto a la familia como a organizaciones de derechos humanos que exigen una respuesta efectiva.
La madre de la joven, Norma Rodríguez, se ha consolidado como la figura central en la búsqueda de justicia: reclama la notificación urgente de la nueva audiencia, señala la protección judicial hacia los involucrados e insiste en la necesidad de que la investigación alcance a todos los posibles responsables, no solo al agente policial inicialmente acusado.
En el más reciente aniversario del crimen, reiteró su compromiso irreductible: “Mientras viva, seguiré luchando para que todos los culpables paguen por este crimen”.
La noche del 7 de febrero de 2021, en pleno toque de queda por la pandemia de COVID-19, la detención de Keyla Martínez bajo acusaciones de alteración del orden público derivó en su muerte por “asfixia mecánica”, según el informe de Medicina Forense.
Esta conclusión contrastó abiertamente con la versión oficial inicial de supuesto suicidio, posicionando la causa como emblema de impunidad y negligencia institucional, de acuerdo con diversos experto
El proceso judicial original, desarrollado en el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, dejó profundas grietas: el único acusado, el agente Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, fue condenado solo por homicidio imprudencial bajo la figura de comisión por omisión, y no por femicidio agravado, como solicitaba la Fiscalía.
La sentencia, de cinco años de prisión y cuatro de inhabilitación, incluyó trabajo social y una multa mínima. La temprana liberación del policía incrementó la indignación pública y alimentó la percepción de que el sistema favorece a sus propios agentes.
Tras los recursos interpuestos por el Ministerio Público y la acusación privada, la Sala de lo Penal de la CSJ reconoció graves irregularidades en el procedimiento y la calificación legal del delito, cuyas pruebas forenses nunca avalaron la figura menos severa por la que se optó.
La orden de reiniciar el juicio, ahora bajo un tribunal distinto, responde a la demanda de análisis exhaustivo y garantías plenas de debido proceso.
Las críticas de la familia no han estado aisladas
Organizaciones locales de derechos humanos, el movimiento feminista y entes internacionales han denunciado la falta de celeridad y el uso de recursos públicos para la defensa de los funcionarios señalados.
Además, han reclamado una verdadera investigación con perspectiva de género que alcance, entre otros, al médico Edgar Velázquez, quien acompañaba a la víctima, y a cualquier posible actor secundario relacionado con los hechos.
Las protestas y movilizaciones en distintos puntos del país, especialmente cada año en el aniversario de la muerte de Keyla Martínez, han mantenido vivo el reclamo de justicia y posicionado el caso como una muestra de las limitaciones del aparato judicial hondureño frente a los feminicidios y las muertes bajo custodia estatal.
Los organismos internacionales remarcan la insuficiencia del Estado en garantizar justicia y reparación, urgiendo una sentencia definitiva que siente precedente y combata la percepción de impunidad.
Mientras la fecha del nuevo juicio permanece indefinida, la figura de Keyla Martínez continúa como un referente de lucha contra la impunidad y la violencia institucional en Honduras.