Pese a las críticas y señalamientos de ejecuciones extrajudiciales, el Ejército de Guatemala persiste sin dar detalles sobre lo ocurrido en el municipio de Huité, en Zacapa; mientras que reconocen que los altos mandos removidos, siguen vinculados al Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) con goce de salario.
En una citación con diputados de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), autoridades del Ejército guatemalteco reconocieron que las tropas se movilizaron a Huité sin el acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC), pese a que desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 la función de seguridad ciudadana les fue relegada.
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Al respecto, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, afirmó que se enteró de lo sucedido por las redes sociales y que el Ejército nunca pidió apoyo para una operación en el municipio donde ocurrió el aún confuso incidente armado.
Durante la reunión parlamentaria, el viceministro de la Defensa Nacional, Jorge Lemus, reconoció que el despliegue castrense ocurrió el 27 de septiembre tras informaciones difundidas en redes sociales sobre la presencia de supuestos grupos armados.
Sin embargo, el funcionario no precisó la cantidad exacta de militares presentes en el lugar, quién autorizó el envío de los contingentes ni la hora en que la cúpula militar conoció los hechos donde fallecieron ocho civiles.
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Dos mandos separados del cargo siguen integrados en la estructura militar
A pesar de que el presidente Bernardo Arévalo hizo oficial la destitución de los mandos el ocho de octubre para garantizar la “imparcialidad” en las investigaciones del Ministerio Público (MP), los oficiales permanecen en la institución.
Se trata del jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, José Geovani Martínez Milián, y del comandante de la Segunda Brigada de Infantería de Zacapa, coronel Erwin Constanza Hidalgo.
El viceministro Jorge Lemus explicó que Martínez Milián ejerce funciones de asesoría dentro del Mindef, en tanto que el coronel Erwin Constanza Hidalgo fue colocado en condición de disponibilidad. Esta figura administrativa le permite continuar percibiendo ingresos y mantenerse habilitado para futuras misiones o cargos.
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Ante los cuestionamientos sobre una potencial interferencia en las pesquisas, la representación castrense sostuvo que ninguno de los dos oficiales mantiene mando operativo.
Las pesquisas oficiales avanzan sin esclarecer la responsabilidad de los disparos
Aunque el Mindef confirmó que 107 integrantes del Ejército están a disposición de la investigación, la cúpula militar no aclaró si alguna de las armas reglamentarias asignadas a la tropa fue percutida en el área.
La unidad señalada, la Segunda Brigada de Infantería, posee unos 700 elementos con presencia operativa en los departamentos de Zacapa, Chiquimula e Izabal.
Por su parte, el director general de la PNC, David Custodio Boteo, ratificó que ninguna de las ocho personas fallecidas registraba antecedentes penales y si hay alguna investigación en su contra, ya corresponde al Ministerio Público.
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Entre las víctimas mortales figuraba un menor de edad, mientras que otra persona herida debió ser trasladada a un centro asistencial, donde falleció a su ingreso. Los investigadores del MP procesaron cuatro escenarios en el municipio e incautaron 77 indicios balísticos.
En el ámbito de los derechos fundamentales, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) abrió un expediente de oficio el 28 de septiembre.
No obstante, la representación de la PDH confirmó que hasta el momento solo han recibido documentación de la Comisaría 24 de la PNC, a la espera de los informes requeridos a Gobernación Departamental y al Mindef para determinar las responsabilidades correspondientes.
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Dudas sin respuesta
Horas después de que se conociera el incidente, el Ministerio de la Defensa, a través de su vocera, Natalia Molinello, negó la participación del Ejército y aseguró que el enfrentamiento armado era consecuencia de “disputas territoriales entre organizaciones del crimen organizado”.
La población negó esa versión desde el principio y culparon al Ejército y a supuestos agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
¿Por qué dispararon?, fue una pregunta realizada por los diputados, pero las autoridades indicaron que era parte del proceso de investigación, pese a que el Ejecutivo admitió que efectivos militares realizaron disparos durante los hechos violentos.
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