El desalojo de una comunidad asentada en un área privada en Guatemala, terminó con el saldo de un oficial de la Policía Nacional Civil (PNC) fallecido y dos agentes gravemente heridos. Los tres, con proyectil de arma de fuego.
El operativo se llevó a cabo la tarde de este miércoles 26 de agosto en la comunidad Macho Creek, del municipio de Livingston, en el departamento de Izabal en Guatemala.
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De acuerdo con información oficial, los agentes acudieron desde las 9 horas, para asistir en el desalojo ordenado por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, en el que se ordenaba a las familias abandonar el área en no más de 30 minutos.
Cuando llegaron al lugar, se encontraron con los residentes armados con palos y piedras, quienes reclaman la propiedad del terreno desde 1913, por lo que en el área viven alrededor de 100 familias.
Para evitar el conflicto, se inició un diálogo con los residentes y su abogado, con el acompañamiento de personeros de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Ministerio Público (MP).
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Durante la plática el abogado de la comunidad, Egar Villagrán, afirmó que habían recursos pendientes como un amparo de derecho histórico presentado ante el Juzgado Pluripersonal. Además, argumentó que los documentos presentados por los supuestos propietarios no corresponden a los de las familias Macho Creek.
Sin embargo, las conversaciones no dieron fruto, por lo que se inició con el procedimiento de desalojo.
Disturbios, heridos y un fallecido
Para cumplir con la orden judicial, las autoridades se acompañaron de las Fuerzas Especiales de choque conocidas como antimotines, debido a que en intentos anteriores se cayó en violencia.
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La jueza que acompañó el procedimiento portaba casco y se refugiaba detrás de los oficiales de las fuerzas especiales.
No está claro cómo iniciaron los disturbios. Sin embargo, tres agentes de la PNC fueron alcanzados por proyectil de arma de fuego. Uno de ellos, identificado como Carlos Colindres Lorenzo, de 45 años, Oficial Tercero de la PNC, recibió un impacto en un área vital. Fue trasladado de emergencia por sus compañeros en la palangana de una autopatrulla.
“Vamos jefe, ya vamos a llegar. Usted puede comando, resista”, se escucha decir a sus compañeros, mientras que Colindres yace inconsciente. En el camino localizan a la ambulancia que atendía la emergencia, por lo que fue trasladado de inmediato.
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Aunque lograron llegar al hospital, el portavoz de la PNC, Jorge Aguilar, confirmó a Infobae que Colindres Lorenzo falleció a su ingreso.
Según indicó, el oficial, quien estaba a cargo del equipo de las Fuerzas Especiales de Choque que llegaron al lugar, recibió un impacto con proyectil de arma de fuego en el abdomen. Ingresó a cirugía de hombres, pero no resistió.
Otros heridos
Además del oficial, también resultaron heridos los agentes Maynor Efrain Choc Chub, de 28 años de edad; y Samuel Orlando Hernández Hernández, de 32.
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De acuerdo con la información proporcionada a Infobae por la PNC, Choc Chub presentaba una herida en el miembro inferior izquierdo y una fractura de la tibia.
Mientras que Hernánedez Hernández, miembro de las Fuerzas Especiales, tenía una herida con arma de fuego en el brazo izquierdo.
Tras conocerse sobre el fallecimiento, la PNC lamentó el fallecimiento del Oficial Tercero de PNC Carlos Arturo Colindres Lorenzo, caído en cumplimiento del deber.
Mientras que en el lugar quedaron varios casquillos de arma de fuego tirados dentro de la propiedad.
Conflictividad histórica
Enmarcada por la riqueza natural del Caribe guatemalteco, la comunidad de Macho Creek, se ha convertido en el epicentro de una tensa pugna agraria. Las familias pobladoras sostienen una ocupación ancestral e histórica que, según registros comunitarios y organizaciones campesinas, data de 1913.
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El origen del conflicto radica en una profunda contradicción sobre la titularidad del suelo. Por un lado, los residentes reclaman derechos legítimos e históricos sobre el territorio, argumentando que sus padres y abuelos han habitado, trabajado y cuidado el área por más de un siglo. Por otro lado, actores externos y presuntos propietarios reclaman la titularidad legal de las fincas, lo que ha desencadenado procesos judiciales orientados a desocupar la zona.
Esta discrepancia legal ha polarizado la región y generado un clima de constante zozobra. Los pobladores denuncian una campaña sistemática de criminalización y hostigamiento judicial en contra de sus liderazgos comunitarios, quienes enfrentan órdenes de captura vinculadas a la defensa de su territorio.
La tensión escaló de manera crítica cuando operativos policiales y ordenamientos de desalojo se programaron e intentaron ejecutar de forma intermitente en el área —con episodios de alta tensión documentados desde octubre de 2025—, reflejando una problemática estructural que afecta a diversas comunidades q’eqchi’ en el nororiente del país.
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Mientras las autoridades judiciales evalúan los expedientes de posesión y propiedad, las familias de Macho Creek continúan en resistencia, exigiendo al Estado guatemalteco garantías jurídicas y el reconocimiento formal de sus derechos ancestrales para frenar la amenaza latente de desplazamiento en el municipio.
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