El Organismo Ejecutivo ha intensificado su llamado al Congreso de la República para que apruebe la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, considerada esencial para proteger la estabilidad económica y combatir el financiamiento de estructuras criminales en Guatemala.
Este requerimiento surge tras el fracaso del Legislativo, durante el primer periodo ordinario de sesiones, al no llegar a un acuerdo para sancionar la normativa.
El Gobierno, a través de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), sostuvo que la aprobación es "urgente y de interés nacional“, advirtiendo que la falta de avances legislativos expone al país al riesgo de entrar en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que podría perjudicar directamente el sistema financiero y las actividades económicas nacionales, especialmente en operaciones internacionales, según lo publica por Soy502.
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La inclusión de Guatemala en la “lista gris” del GAFI tendría efectos inmediatos sobre las corresponsalías bancarias, las cartas de crédito, las remesas y las tasas de interés, aspectos que afectan a empresas y familias guatemaltecas, de acuerdo con la Presidencia.
El Ejecutivo enfatizó que esta no es una ley más, sino un “golpe clave al corazón del narcotráfico y del crimen organizado”. Según la SCSP, el propósito es fortalecer las herramientas institucionales contra las economías ilícitas y preservar la credibilidad internacional del país frente a organismos financieros y comerciales.
Nueve nuevas enmiendas y la presión para lograr el consenso en el Congreso
Mientras el Ejecutivo promueve la urgencia de la ley, el Congreso de la República enfrenta divisiones internas y un proceso enmendatario complejo.
En reuniones recientes de la Junta Directiva, el presidente del Legislativo detalló que la detención de la aprobación en tercera lectura obedeció a la necesidad de conocer y discutir enmiendas y preocupaciones de diversos actores legislativos. Surgieron dos enmiendas y dos artículos nuevos, todos firmados por quienes actualmente se oponen a ellas, lo que resalta las discrepancias y la falta de previsión interna.
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Actualmente existen al menos nueve enmiendas adicionales: cuatro modifican propuestas previamente consensuadas en la Comisión de Economía y cinco introducen cambios de fondo no anticipados.
Entre los puntos más disputados figura la tipificación del delito de lavado—con propuestas para ajustar plazos y la naturaleza de la infracción—y la reducción de las multas impuestas a sujetos obligados, que, según Luis Contreras presidente, oscilan “de quinientos a trescientos cincuenta mil dólares”, siendo esta cantidad similar a las sanciones observadas en Latinoamérica, según información de la IVE citada en el debate.
Uno de los principales focos de conflicto es el procedimiento para denunciar transacciones sospechosas. Las enmiendas plantean limitar la obligación de los bancos a reportar únicamente las operaciones que se concreten, eliminando la exigencia de informar intentos frustrados.
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El GAFI requiere que ambos supuestos sean sancionables para prevenir el lavado antes de que se materialice. “La GAFI quiere condenar el intento de lavado”, explicó el titular del Congreso.
El debate sobre la definición y el alcance de los PEPs (Personas Expuestas Políticamente) es uno de los aspectos más sensibles. Existen propuestas para que la definición incluya únicamente el primer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, dejando fuera a los suegros, como explicó el presidente del Congreso.
También se evalúan posibles modificaciones al plazo de prescripción del delito y ajustes en las tablas de sanciones, procurando mantener los montos en rangos comparables a los de la región
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Reuniones clave para destrabar la discusión y composición de las comisiones
El presidente del Congreso convocó a una reunión ampliada con jefes de bloque, la Comisión de Economía, representantes de los bancos y la Intendencia de Verificación Especial (IVE) para evaluar el contenido de las nuevas enmiendas, que podría realizarse el 18 de mayo.
La próxima sesión extraordinaria está agendada para el dos de junio, con el fin de lograr los consensos indispensables y avanzar en la agenda legislativa, que también incluye la ley de puertos.
Para responder a la preocupación sobre transparencia, afirmó que tras cada reunión se informarán los avances, aunque descartó la posibilidad de sesiones públicas.
También atribuyó el retraso en la aprobación a la insuficiencia de votos—no existen “ciento siete votos para aprobar la ley sin los bloques mayoritarios”—y negó los rumores sobre posible regreso del dictamen a comisión o intercambios de la ley antilavado por otras reformas de interés judicial.
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