En el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, el Gobierno de Guatemala lanzó el Plan de Reparación y Dignificación de las Víctimas, una política destinada a trasladar la memoria y la verdad sobre la violencia política a acciones concretas de justicia y reparación para quienes fueron afectados y sobrevivieron.
La iniciativa, aprobada por la Comisión de la Coordinadora de la Política Pública para la Paz y el Desarrollo (Copade), responde a una demanda de décadas de los colectivos de víctimas y marca el primer paso de un proceso, previsto de 2026 a 2036, que busca saldar lo que se define como una deuda histórica del Estado. El anuncio tuvo lugar este 25 de febrero, día en que se conmemora la entrega del informe Guatemala: Memoria del Silencio de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, y coincide además con el décimo aniversario de la sentencia por el caso Sepur Zarco.
El Estado reconoce el deber de reparar a las víctimas y localidades indígenas
Durante el acto, el presidente Bernardo Arévalo de León afirmó que la dignidad de las víctimas es un derecho violentado con crueldad que debe restaurarse a través de la memoria y repararse mediante justicia social y acciones concretas. El plan contempla la creación de un mecanismo de búsqueda humanitaria de personas desaparecidas, centrado inicialmente en el periodo del conflicto armado interno y proyectado como un modelo para atender futuras desapariciones en el país.
Asimismo, se prevé la construcción de memoriales, la recuperación de la identidad de víctimas a través de exhumaciones y la elaboración de materiales didácticos para transmitir la verdad de lo ocurrido, en un esfuerzo por transformar la memoria colectiva y prevenir la repetición de la violencia.
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico determinó en su informe de 1999 la obligación estatal de reconocer los hechos del pasado y conmemorar a las víctimas, considerando el carácter multicultural de Guatemala. En la ceremonia se relató que el Congreso convirtió esa recomendación en ley, estableciendo el 25 de febrero como la fecha oficial. Tanto el Ejecutivo como las organizaciones de víctimas remarcaron que la dignidad no es un favor legislativo ni político, sino el reconocimiento de que las vidas perdidas y desaparecidas tenían nombres, sueños y familias, cuyo sacrificio dejó vacíos irreparables. “No habrá paz duradera sin justicia social”, aseveró Arévalo.
El Plan de Reparación y Dignificación, según sus impulsores, fue estructurado junto a la Plataforma Nacional de Organizaciones de Víctimas del Conflicto Armado Interno. Este colectivo, representado por Feliciana Macario Tebalán y Juan Pérez Cedillo, reúne a sobrevivientes mayoritariamente indígenas de los pueblos maya achí, ixil, kaqchiquel, quiché y q’eqchi, sometidos a represión y desplazamiento forzado durante los 36 años del conflicto.
Cifras del conflicto y demandas de los sobrevivientes: memoria, verdad y justicia
Feliciana Macario Tebalán, de la Plataforma Nacional de Víctimas, recordó que doscientas mil personas murieron y cuarenta y cinco mil permanecen desaparecidas como consecuencia del conflicto armado. Los sobrevivientes de distintas regiones se han organizado durante años para buscar a sus familiares, apoyar exhumaciones en cementerios clandestinos, entregar testimonios a la justicia nacional e internacional y exigir políticas para las comunidades destruidas.
Desde 2019, las víctimas conformaron la plataforma nacional para exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz y, tras el cierre del Programa Nacional de Resarcimiento, solicitaron la creación del plan presentado. Macario Tebalán apuntó que, después de dos años de construcción del plan, preocupa el corto tiempo que le resta al actual gobierno para implementarlo, mientras las víctimas envejecen y fallecen sin reparación ni disculpa pública. Indicó que el plan solo tendrá sentido si se concreta en acciones tangibles, dando prioridad a abuelas y abuelos, y mujeres sobrevivientes de violencia sexual, “quienes mantienen un dolor profundo en sus corazones, mentes y cuerpos, porque no han olvidado los sufrimientos crueles y despiadados a los que fueron sometidas por pertenecer a comunidades indígenas”.
Macario Tebalán recalcó que “la reparación es un derecho humano que busca transformar la realidad de las familias y comunidades que siguen padeciendo las secuelas de la guerra”, y remarcó que el ciclo de duelo de las familias de desaparecidos no se cerrará hasta que el Estado determine su paradero y destino.
En esta línea, el plan incorpora un Plan de Búsqueda de Personas Desaparecidas y un Plan de Preservación de la Memoria Histórica para que las nuevas generaciones conozcan los hechos, rechacen la violencia y apuesten por la democracia. La memoria, sostienen Arévalo y los colectivos de víctimas, es un mecanismo necesario para romper el ciclo de impunidad y sentar las bases de una Guatemala radicalmente distinta al país del conflicto. “Que este Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado nos inspire a seguir trabajando por una Guatemala donde las diferencias se resuelvan con el diálogo y donde el horror de la guerra nunca regrese”, expresó el mandatario.