Condenan a tres personas de Florida por lavado de dinero vinculado a fraude millonario de Medicare

Las penas se dictaron tras probar que los acusados usaron empresas fantasma para presentar reclamos falsos por equipos médicos, canalizar sobornos y transferir fondos ilícitos. El dinero obtenido fue destinado, en parte, a gastos personales

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Medicare pagó cerca de USD 3 millones por equipos médicos innecesarios y no elegibles para reembolsos (AP).

Tres hombres de Florida identificados como Marco Scamarone (34), José Méndez (34) y Renee Vázquez (33) fueron condenados a prisión por su participación en un esquema para defraudar a Medicare y blanquear USD 2,2 millones en ganancias ilícitas, de acuerdo con el comunicado oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Cómo operó el esquema y las empresas involucradas

Según el Departamento de Justicia y el medio local SunSentinel, los procesados controlaban dos firmas: Braces and Orthotics LLC, en Virginia, y Stone Oak Durable Medical Equipment LLC, en Broward, Florida.

Ambas presentaron reclamaciones fraudulentas a Medicare por más de USD 6 millones, entre enero de 2022 y febrero de 2023, por férulas ortopédicas médicamente innecesarias y no elegibles para reembolso. Medicare pagó aproximadamente USD 3 millones de esos reclamos; luego, esos fondos se dispersaron a través de un complejo entramado de empresas fantasma.

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Méndez figuraba como beneficiario real de las empresas, pero reclutó a otra persona para que figure como propietaria en los registros oficiales y así ocultar su participación. En el caso de Stone Oak, Vázquez fue identificado como el propietario en los papeles.

Por su parte, Scamarone también era beneficiario de Braces and Orthotics y Stone Oak, y ordenó la creación de MR. JJ Management Services LLC, cuyo centro de llamadas persuadía a potenciales beneficiarios para que aceptaran los productos y así facilitaba los reclamos irregulares.

Méndez hizo que Vázquez realizara múltiples retiros y transferencias en bancos con fondos procedentes del fraude, mientras que empresas pantalla recibieron parte de los pagos para dificultar el rastreo del dinero. Así, Méndez dirigió el lavado de más de USD 2,2 millones y parte de los fondos ilícitos se destinó a gastos personales, incluido el pago de la hipoteca de una vivienda en Coral Springs y de un automóvil.

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A su vez, Scamarone y Vázquez efectuaron juntos retiros y transferencias en sucursales bancarias con fondos provenientes del fraude a empresas fantasma bajo el control de Méndez y de Scamarone, como Southflo Services LLC.

En diciembre de 2025, Scamarone, Méndez y Vázquez se declararon culpables de conspiración para cometer lavado de dinero. Fueron sentenciados a 70 meses, 78 meses y 60 meses de prisión, respectivamente.

En la sentencia, Scamarone y Méndez recibieron además órdenes de decomiso por USD 2.217.840,35 y restitución por USD 3.016.324,20, mientras que Vázquez fue condenado a un decomiso de USD 1.723.773,18 y restitución de USD 2.249.392,09.

Los acusados utilizaron empresas fantasma para presentar reclamos falsos y ocultar el origen de los fondos ilícitos (REUTERS/Hollie Adams).

Acciones contra los fraudes a Medicare y Medicaid

El caso quedó enmarcado en una ofensiva federal contra el fraude en el sistema de salud. En abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó la apertura de la División contra el Fraude, enfocada en investigar y llevar a juicio delitos que comprometen la integridad de los programas federales de salud.

En la misma línea, Donald Trump dispuso la creación del Grupo de Trabajo para la Eliminación del Fraude, que encabeza el vicepresidente JD Vance y que tiene como misión detectar y frenar maniobras irregulares, pérdidas injustificadas y el uso indebido de planes federales de asistencia social.

El presidente Trump creó el Grupo de Trabajo para la Eliminación del Fraude en Estados Unidos (REUTERS/Kent Nishimura).

La Unidad de Fraude de Salud reúne a más de 75 fiscales especializados en delitos económicos para perseguir los casos más complejos de fraude sanitario y de prescripción y distribución ilegal de opioides y otras sustancias controladas, una tarea que el propio organismo vinculó con la protección de fondos públicos como Medicare, Medicaid y TRICARE y con la prevención de daños a pacientes.

Una de sus herramientas centrales es el uso de análisis avanzados de datos y métodos algorítmicos para detectar nuevos esquemas de fraude sanitario e identificar a los responsables más graves.

En consecuencia, la oficina llevó a cabo más juicios que cualquier otro componente del Departamento de Justicia y sus fiscales han sido reconocidos por dirigir los procesos por fraude en la atención médica más grandes y complejos en distritos de todo el país.

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