Un jurado federal en el Distrito Sur de Florida declaró culpable a Brett Blackman, propietario y director ejecutivo de HealthSplash, de liderar un esquema que defraudó a Medicare y otros programas federales de salud por más de USD 1.000 millones mediante la emisión de órdenes médicas y recetas falsas.
Las autoridades federales sostienen que un entramado de telemedicina facilitó facturaciones fraudulentas mediante el engaño a adultos mayores y beneficiarios vulnerables, tras comprobar maniobras con contratos falsos y manipulación documental.
Una red de telemedicina y sobornos para explotar a cientos de miles de beneficiarios
La operación dirigida por Blackman, de 42 años y residente de Johnson County, Kansas, consistía en campañas masivas de telemercadeo a través de call centers extranjeros y correos electrónicos. Según el comunicado oficial del Departamento de Justicia, el objetivo era inducir a adultos mayores y beneficiarios vulnerables de Medicare a aceptar férulas ortopédicas y otros productos no prescritos por necesidad médica.
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El esquema utilizaba la plataforma DMERx, diseñada para producir recetas y órdenes firmadas electrónicamente por médicos de telemedicina. Los profesionales contratados validaban pedidos sin examinar ni interactuar con los pacientes o, como reveló un operativo encubierto, sin contacto alguno con ellos. Estas órdenes fraudulentas permitían la presentación sistemática de facturas falsas a Medicare, que las empresas conspiradoras cobraban regularmente.
Blackman y sus colaboradores facilitaban la conexión entre farmacias, proveedores de equipos médicos duraderos y empresas de marketing con compañías de telemedicina dispuestas a recibir pagos ilícitos a cambio de órdenes médicas firmadas por medio de DMERx. Por cada derivación gestionada, Blackman y sus cómplices recibían una comisión.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que los proveedores de equipos médicos duraderos y las farmacias que ofrecían pagos ilícitos por estas órdenes presentaron facturaciones a Medicare y otras aseguradoras federales por montos superiores a USD 1.000 millones. Como resultado, Medicare y las demás aseguradoras abonaron más de USD 450 millones en reclamaciones derivadas de este esquema.
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El Fiscal General Interino Todd Blanche calificó el delito como “uno de los esquemas de fraude más atroces de la historia de Florida”. Añadió: “Se trató de un robo a sangre fría, calculado y a gran escala, dirigido a personas enfermas y ancianas, coaccionando a personas vulnerables para que compraran equipos médicos innecesarios. No descansaremos hasta que cada estafador que engaña al pueblo estadounidense rinda cuentas ante la justicia”.
Blackman fue hallado culpable de conspiración para cometer fraude sanitario y fraude electrónico, así como de conspirar para pagar y recibir sobornos en el sector salud y defraudar al Estado mediante declaraciones falsas vinculadas a la atención médica.
La sentencia, prevista para el 26 de agosto de 2026, podría alcanzar una pena máxima de 20 años de prisión por fraude sanitario y electrónico, y hasta cinco años adicionales por los cargos relacionados con sobornos y falsedad documental.
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Las condenas no se limitaron a Blackman. Gary Cox, coacusado y director ejecutivo de DMERx, fue condenado en junio de 2025 y recibió una pena de 15 años de prisión, reportó CBS News.
Estrategias federales y contexto nacional del combate al fraude sanitario
El desmantelamiento de este fraude se inscribe en una campaña federal contra el fraude en el sistema de salud. En abril de 2026, el Departamento de Justicia anunció la creación de la División contra el Fraude, destinada a investigar y procesar delitos que afectan la integridad de los sistemas federales de salud.
Asimismo, Donald Trump creó el Grupo de Trabajo para la Eliminación del Fraude, presidido por el vicepresidente JD Vance, con el objetivo de identificar y suprimir prácticas fraudulentas, pérdidas injustificadas y uso indebido de los programas federales de asistencia social.
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El caso Blackman refleja una tendencia investigada a escala nacional. CBS News informó que, solo en el condado de Los Ángeles, más de 700 de los aproximadamente 1.800 hospicios presentan múltiples indicadores de fraude según los criterios estatales. En abril de 2026, las autoridades arrestaron a cinco personas en California por defraudar al sistema Medicaid estatal por USD 267 millones.
En consecuencia, el titular de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS-OIG), Scott J. Lampert, afirmó que “las acciones de este acusado socavaron gravemente la integridad del programa Medicare. HHS-OIG continuará persiguiendo implacablemente a quienes intenten enriquecerse defraudando a los programas federales de atención médica”.