La propuesta de Donald Trump para suspender el impuesto federal a la gasolina reactivó el debate público mientras los precios de los combustibles alcanzan niveles inéditos desde el inicio de la guerra con Irán.
El precio promedio nacional de la gasolina es de USD 4,52 por galón (USD 1,19 por litro), según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).
Este valor implica un aumento del 50 % respecto al periodo previo al conflicto, cuando el combustible costaba cerca de USD 3 por galón (USD 0,79 por litro).
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El presidente sostuvo este lunes en entrevistas que busca eliminar temporalmente el tributo “hasta que sea apropiado”, señalando que esta medida aliviaría la presión sobre hogares y empresas.
Pero para la suspensión del impuesto, que equivale a 18,4 centavos por galón de gasolina (4,9 centavos por litro) y 24,4 centavos por galón de diésel (6,5 centavos por litro), no basta con el apoyo de Trump. La medida requiere aprobación legislativa.
Trump no tiene la facultad de modificar este tributo por decreto; cualquier avance depende de la acción del Congreso.
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Si la medida es aprobada, un conductor podría ahorrar USD 2,21 por tanque de 12 galones (45,4 litros), equivalente a una rebaja del 4 % en el precio promedio actual.
Una encuesta de NPR revela que la mayoría de los estadounidenses percibe que el aumento de los combustibles afecta de manera directa sus presupuestos familiares.
Repercusiones políticas y movimientos iniciales
El anuncio de Trump motivó pronunciamientos de legisladores de ambos partidos sobre una posible suspensión, aunque el Congreso todavía no debatió formalmente ninguna propuesta.
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El senador republicano Josh Hawley y la representante Anna Paulina Luna adelantaron que presentarán proyectos de ley en los próximos días.
Entre los demócratas, Richard Blumenthal y Mark Kelly impulsan iniciativas para suspender el tributo hasta octubre, pero ninguna llegó aún al debate parlamentario.
El impuesto federal financia el Highway Trust Fund, destinado al mantenimiento de carreteras y proyectos de transporte.
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Suspender ese ingreso podría implicar una pérdida de USD 500 millones semanales y obligar al Tesoro a emplear recursos generales, con riesgo de incrementar el déficit fiscal y comprometer inversiones futuras en infraestructura.
Causas del aumento y contexto internacional
El conflicto con Irán modificó el panorama energético, sobre todo por el bloqueo en el Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del crudo mundial. Estas restricciones elevaron el precio internacional del petróleo y, por extensión, de la gasolina en Estados Unidos.
Para contener la escalada, la administración Trump liberó barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo y suspendió sanciones sobre cargamentos rusos e iraníes.
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El gobierno también promueve una coalición internacional para garantizar el tránsito seguro en la zona, aunque Trump no descarta acciones militares más estrictas si la situación empeora.
Impacto social y clima electoral
El encarecimiento de la gasolina provoca preocupación generalizada. El sondeo de NPR indica que ocho de cada diez estadounidenses sienten el impacto de los precios en su economía, y más de la mitad responsabiliza en gran medida a Trump, incluso dentro del electorado republicano.
La inquietud crece ante la proximidad de las elecciones legislativas. Aunque Trump sostiene que el costo es necesario para contener el avance nuclear de Irán, su gabinete reconoce que “todas las ideas están sobre la mesa”, incluida la suspensión del impuesto.
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Riesgos y límites de la propuesta
Desde la American Road & Transportation Builders Association advierten que eliminar el impuesto no garantiza una rebaja total al consumidor, ya que los precios dependen de factores globales y de las políticas de los minoristas. Además, alertan sobre la sostenibilidad de la infraestructura si el fondo vial pierde financiación.
En paralelo, varios estados optaron por suspender o reducir sus propios impuestos a la gasolina para amortiguar el impacto económico local.
Por ahora, la propuesta para suspender el impuesto federal a la gasolina no llegó al debate en el Congreso y permanece como una iniciativa en discusión pública.
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El planteo ilustra la magnitud del impacto social de la crisis energética y la tensión política en un año electoral marcado por la volatilidad internacional.