Más de una decena de políticos neoyorquinos, todos pertenecientes al Partido Demócrata de EEUU, fueron arrestados este jueves durante una protesta realizada en las inmediaciones y el interior de un edificio federal en Manhattan, utilizado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense (ICE) como centro de detención. Este lugar ha sido centro de denuncias por sus condiciones precarias y se encuentra bajo una orden judicial que exige su mejora, informaron diversos medios locales y publicaciones oficiales en redes sociales.
Entre los detenidos se encuentran el contralor de la ciudad, Brad Lander, el defensor público, Jumaane Williams, los legisladores estatales Julia Salazar y Gustavo Rivera, y las legisladoras locales Marcela Mitaynes y Jessica González Rojas.
La protesta surgió tras varios meses en que el edificio ha sido escenario de detenciones de inmigrantes por parte de agentes de ICE enmascarados, quienes los trasladan al centro de detención ubicado en el mismo inmueble. El espacio está sujeto a una orden judicial que obliga a erradicar las condiciones insalubres, el hacinamiento y a garantizar derechos básicos como acceso a colchones, higiene y contacto con abogados.
De acuerdo con la Coalición de Inmigración de Nueva York, las fuerzas de seguridad arrestaron en el operativo a 75 personas, en su mayoría activistas y a once políticos que realizaron una sentada en el décimo piso del edificio, área donde ICE mantiene recluidos a los inmigrantes. Los manifestantes reclamaban la inspección directa de las instalaciones para verificar el cumplimiento de las exigencias judiciales sobre las condiciones de detención.
El candidato demócrata a la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, manifestó en la red social X su solidaridad con los arrestados y denunció lo que describió como “condiciones inhumanas” impuestas por ICE en ese edificio, señalando que los políticos detenidos solo buscaban supervisar la situación de los retenidos.
La acción se enmarca en el contexto de una orden emitida por el juez federal Lewis Kaplan en agosto, que prohíbe al ICE mantener personas en ese inmueble bajo condiciones insalubres. El magistrado reiteró ayer al Gobierno la necesidad de cumplir la orden, que incluye el fin del hacinamiento y el acceso adecuado a recursos mínimos de vida y defensa.
Tras su liberación, Lander relató en una rueda de prensa recogida por AMNY que las autoridades les impidieron acceder a la zona donde están recluidos los inmigrantes y bloquearon la entrada con “esparadrapo y cuerdas”. “Cuando nos pidieron irnos, dijimos que no nos iríamos hasta ver las condiciones en que nuestros vecinos están siendo cruel e ilegalmente detenidos. Dejamos claro que no nos iríamos, y entonces nos arrestaron”, explicó Lander, según lo citado por ese medio digital.
No se trata del primer episodio de protestas lideradas por políticos en este edificio federal. Anteriormente, varios representantes fueron detenidos bajo cargos de desobediencia civil, aunque posteriormente recuperaron la libertad. Las acciones se concentran en el rechazo a las políticas de detención y deportación impulsadas principalmente durante el gobierno de Donald Trump.
Por otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el martes que ICE prevé prácticamente duplicar sus efectivos, tras recibir más de 150.000 solicitudes de empleo. Según un comunicado citado por la secretaria Kristi Noem, “ya se han emitido más de 18.000 ofertas de trabajo tentativas”, lo que podría elevar la plantilla de 21.000 a cerca de 40.000 funcionarios, incluyendo agentes de campo y personal administrativo.
La administración Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal uno de los ejes centrales de su segundo mandato, firmando una batería de decretos y desplegando un número sin precedentes de tropas y agentes en los más de 3.000 kilómetros de frontera con México. El Congreso de mayoría republicana también ha aprobado recientemente un abultado paquete presupuestario para ampliar los recursos de ICE y la policía fronteriza, facilitando una campaña intensificada de redadas y arrestos tanto en empresas como en espacios públicos.
Estas políticas han generado críticas de organizaciones defensoras de los derechos civiles y de la oposición demócrata, especialmente ante detenciones motivadas por “indicios” como el idioma o el aspecto físico, autorizadas por una reciente decisión de la Corte Suprema en zonas de Los Ángeles de alta población inmigrante. Para captar nuevos agentes, ICE ofrece incentivos económicos, incluyendo una prima inicial de hasta USD 50.000, beneficios en jubilación y condonación de préstamos estudiantiles.
(Con información de AFP, AP y EFE)