Madrid, 26 mar (EFE).- El Congreso ha dado luz verde este jueves a la ley para combatir la multirreincidencia, una iniciativa de Junts que ha contado con el apoyo del PP, PSOE, Vox, PNV y UPN y que penaliza con hasta tres años de cárcel el robo de móviles, además de endurecer las penas contra quienes reincidan en delitos de hurto leve o estafa.
La norma -con 272 votos a favor, 71 en contra y 7 abstenciones- concluye así un periplo parlamentario que comenzó en 2024 y, tras meses encallada, se reactivó en noviembre del pasado año después de que la formación de Carles Puigdemont anunciara su ruptura con el Ejecutivo por sus incumplimientos y diera por "bloqueada" la legislatura.
La ley modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal y penaliza con hasta tres años de cárcel el robo de móviles. Tipifica como delito el 'petaqueo', como se conoce al uso de embarcaciones que en alta mar surten de bidones de combustible a las narcolanchas, así como los robos en el campo de material y herramientas.
También castiga con penas de entre uno y seis años de cárcel a quienes cometan una estafa de cuantía menor a 400 euros, pero que sean multirreincidentes (que tengan tres condenas por dicho delito).
Otra de las medidas contempladas en la ley es que el juez que investigue delitos cometidos a través de internet pueda retirar cautelarmente contenidos ilícitos e interrumpir los servicios que ofrezcan dichos contenidos o incluso bloquearlos si radican en el extranjero.
Y también faculta a los juzgados a adoptar con mayor eficacia medidas cautelares de carácter personal, incluida la prohibición de acudir o residir en determinados lugares.
La norma refuerza la participación de las entidades locales en la respuesta institucional frente a los delitos de hurto y les reconoce legitimación para ejercer la acción penal en estos casos.
El Congreso, además, ha aprobado una de las enmiendas introducidas por el PSOE en el Senado por la que se incluye un subtipo agravado de defraudación de fluido eléctrico para exigir un mayor reproche penal (con penas de prisión de 6 a 18 meses o multas de 12 a 24 meses) para los delitos vinculados con los cultivos 'indoor' de marihuana, donde frecuentemente se comete fraude de suministro eléctrico.
Durante su paso por la Cámara Alta, el PP introdujo varias enmiendas, entre ellas una que modificaba la ley de extranjería con un endurecimiento de los controles para las personas migrantes que soliciten la regularización.
El Gobierno ha vetado dos de estas enmiendas por considerar que su aprobación implicaría un incremento presupuestario.
Desde el PP, la diputada María Jesús Moro ha reprochado este veto que pone de manifiesto -a su juicio- el "autoritarismo" del Gobierno. "Con su miedo a la democracia la están interviniendo y degradando. Con su alergia y rechazo al Parlamento, lo amordazan".
"Su bloqueo y su torpe argumentación para evitar la reforma de la Ley de Extranjería pone al descubierto que efectivamente quieren una regularización sin control alguno, ha denunciado la diputada del PP.
Vox, por su parte, ha dicho que se trata de una buena ley, "aunque no tanto como podría serlo" si se hubieran incorporado las enmiendas del PP y Vox en el Senado y ha asegurado que la causa principal de la inseguridad ciudadana "es la inmigración descontrolada".
Mientras, la diputada de Junts Marta Madrenas ha denunciado que la multirreincidencia se ha multiplicado y eso es consecuencia de un sistema que no funciona, al tiempo que ha rechazado las acusaciones de racismo y xenofobia, ya que -sostiene- esta ley no dice nada del origen de nadie.
El diputado del PSOE Francisco Aranda ha reprochado al PP que asimile delincuencia con inmigración y ha defendido la necesidad de una norma que no confunde seguridad con represalias ni delincuencia con origen y que legisla "sin fiarlo todo al punitivismo ni entrar a los discursos racistas de la ultraderecha".
El texto ha contado también con el apoyo del PNV, que se ha mostrado a favor de la ley, aunque ha votado en contra de las enmiendas aprobadas en la Cámara Alta, donde, según ha lamentado el diputado Mikel Legarda, se ha roto el consenso que la iniciativa consiguió en el Congreso.
Desde ERC, Pilar Vallugera ha acusado a Junts de crear un relato y extender la sensación de que ha aumentado la inseguridad en las calles, cuando los datos empíricos dicen que la delincuencia ha bajado.
En contra de esta ley se ha pronunciado también Sumar, que tacha la medida de "populismo punitivo" y ha reprochado que PP y Vox votaran en contra de rebajar la tasa de alcohol permitida al volante, mientras apoyan esta norma. "El PP y Vox, cada día más ultras, desprecian la prevención y prefieren castigar sin diferenciar entre reparación del daño y venganza", ha lamentado.
Desde Podemos, Martina Velarde ha denunciado que la ley no nace para resolver problemas de seguridad, sino para alimentar discursos racistas y xenófobos y ha acusado a los promotores de la norma de mirar hacia otro lado cuando se trata "de los verdaderos multirreincidentes de guante blanco y corbata". EFE
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