La Audiencia Nacional acepta que se investigue el presunto montaje policial contra un exeurodiputado de Podemos

Miguel Urbán argumentó que las actuaciones policiales bajo investigación implicaron el acceso a sus cuentas bancarias y a datos personales tanto suyos como de allegados, además de consultas en las bases de datos correspondientes a Pablo Iglesias, ex secretario general de Podemos. A partir de estos hechos, la Audiencia Nacional ha decidido autorizar la personación de Urbán como acusación particular en el proceso que investiga un presunto montaje policial que lo vincula con una operación de tráfico de drogas. De acuerdo con Europa Press, la Sala de lo Penal adoptó esta decisión tras estimar parcialmente el recurso de apelación presentado por Urbán.

El medio Europa Press detalló que la resolución del tribunal corresponde a un auto que permite avanzar en la pesquisa sobre el supuesto montaje policial que asoció a Urbán, exeurodiputado de Podemos, con una transacción de 40 kilogramos de cocaína. La Sala de lo Penal subrayó que existen elementos de conexión entre este episodio y otras investigaciones previas sobre presuntos montajes policiales contra dirigentes de Podemos. Entre estos, se hace referencia a las operaciones denominadas ‘Venus’ y ‘Bolívar’, que también habrían implicado la participación del mismo grupo de agentes.

Según publicó Europa Press, la argumentación de Urbán señaló que los hechos guardan una "evidente conexidad" con aquellos otros casos debidos a la implicación del mismo grupo policial y al modus operandi empleado en la obtención de información personal y financiera de los investigados. El tribunal recogió que Urbán fue objeto de una indagación relacionada con tráfico de drogas, si bien las diligencias practicadas hasta ahora no han revelado un vínculo directo entre este hecho y aquellos que motivan el proceso actual.

La Fiscalía, según consigna Europa Press, se manifestó favorablemente a estimar el recurso de apelación de Urbán. El Ministerio Público justificó su posición con el argumento de que la naturaleza del proceso penal permite que, durante la instrucción, se incorporen nuevos elementos convergentes o conexos, los cuales deben sumarse al procedimiento para asegurar que la investigación aborde adecuadamente todos los aspectos pertinentes.

La Audiencia Nacional, siguiendo esta línea, acordó estimar el recurso en contra de la decisión previa que impedía a Urbán presentarse como acusación particular. Según la resolución difundida por Europa Press, la Sala consideró que Urbán fue sometido a investigación por un presunto delito de tráfico de drogas, aunque no se ha identificado hasta el momento relación directa entre esa causa y los hechos ahora bajo examen. Por ello, el tribunal ha ordenado que se le reconozca la condición de acusación particular y que, en caso necesario, el órgano judicial correspondiente determine si procede abrir una pieza separada, decretando también que las costas de esta apelación se declaren de oficio.

La resolución pone de manifiesto la posibilidad de que las indagaciones alcancen hechos y conexiones no contemplados inicialmente al abrir la causa, según reportó Europa Press. Este enfoque permite que el avance de la investigación involucre circunstancias y actuaciones de la policía consideradas similares por Urbán y su defensa. La investigación tendrá en consideración las alegaciones sobre supuestas prácticas policiales que, en el pasado, ya han sido objeto de escrutinio judicial dentro del contexto de operaciones como ‘Venus’ y ‘Bolívar’, las cuales implicaron la utilización de procedimientos semejantes para acceder a información confidencial y personal de políticos relacionados con Podemos.

Europa Press también informó que el propio auto judicial reconoce la flexibilidad necesaria para incorporar al procedimiento cualquier aspecto emergente que comparta nexos con los hechos iniciales, con el objetivo de que la instrucción no omita indicios relevantes. Esta perspectiva ha resultado determinante para que Urbán reciba el aval del tribunal en su personación como acusador particular, ampliando así el espectro de la investigación respecto a las posibles infracciones vinculadas al uso indebido de bases de datos y a la fabricación de pruebas en investigaciones previamente atribuidas a algunos miembros de la Policía Nacional.

De acuerdo con lo señalado en la resolución citada por Europa Press, la expectativa es que este proceso permita esclarecer si se produjeron vulneraciones de derechos fundamentales, especialmente en lo relativo al acceso a información bancaria y personal de dirigentes de Podemos. El tribunal insta al juzgado instructor a tomar las decisiones pertinentes sobre la existencia de piezas separadas vinculadas a estas actuaciones y mantiene abierto el procedimiento a nuevas revelaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la investigación.

La resolución de la Audiencia Nacional destaca el derecho de las partes a una investigación efectiva, asegurando que el proceso pueda incorporar todas las pruebas y elementos relacionados con la posible elaboración de pruebas falsas y la eventual exposición ilícita de datos protegidos por secreto bancario o confidencialidad personal. Según remarcó Europa Press, el caso entra en una nueva fase tras esta decisión, con la presencia formal de Miguel Urbán como parte acusadora y un enfoque ampliado hacia otras posibles operaciones similares atribuidas al mismo grupo de agentes policiales.