El Supremo escucha hoy las alegaciones de Ábalos, Koldo y Aldama antes del juicio de las mascarillas

La máxima instancia judicial inicia una sesión clave para aclarar las responsabilidades y recursos legales de los implicados en uno de los mayores escándalos vinculados al suministro sanitario durante la crisis del coronavirus, según fuentes del proceso

Guardar
Imagen Y3Y4ZSN72ZDO3EFEBMZGQGPCTY

La providencia del Tribunal Supremo excluyó la posibilidad de que José Luis Ábalos y Koldo García participen por videoconferencia en la audiencia previa al inicio del juicio por la supuesta trama de corrupción vinculada al suministro de mascarillas durante la crisis sanitaria de la COVID-19. De acuerdo con lo publicado por el medio, la decisión obliga tanto al exministro de Transportes como a su exasesor, que permanecen bajo prisión provisional en la cárcel de Soto del Real desde el 27 de noviembre, a presentarse físicamente en la sede judicial. La audiencia incluye también al empresario Víctor de Aldama, involucrado en el caso.

Según detalló la fuente, la vista que tendrá lugar este jueves constituye una fase procesal formal prevista en el artículo 785 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En este trámite, la asistencia de los acusados y sus abogados resulta obligatoria, aunque la intervención durante la sesión corresponde principalmente a los letrados. Tanto Ábalos como Koldo García habían argumentado supuestos problemas médicos para solicitar su comparecencia remota, solicitud que el Supremo rechazó al no considerarla justificada en el contexto del procedimiento.

Durante esta audiencia preliminar, las partes podrán exponer argumentos relativos a posibles acuerdos de conformidad, la competencia del órgano judicial, eventuales vulneraciones de derechos fundamentales y la existencia de elementos procesales previos que pudieran suspender la apertura del juicio oral o anular determinadas actuaciones. El artículo invocado permite, además, que se propongan la incorporación de informes y documentos, al igual que la práctica de nuevas pruebas cuya existencia no hubiera sido advertida anteriormente por las partes. Tras escuchar las alegaciones y examinar las peticiones, el tribunal resolverá de modo oral sobre la admisión o rechazo de los elementos propuestos, salvo que la complejidad de las cuestiones requiera una motivación escrita.

El medio detalló las peticiones de condena reclamadas por las partes. La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y siete años para Víctor de Aldama. En el caso de este último, la condena propuesta resulta menor ya que reconoció los delitos que se le imputan, lo que le permite acogerse a una atenuante de confesión. Las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, exigen para el exministro y su exasesor hasta 30 años de cárcel. Para Aldama, la acusación popular solicita una sanción equivalente a la planteada por el Ministerio Público.

En cuanto a la tipificación de los delitos, la Fiscalía atribuye tanto a Ábalos como a García los cargos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Para el empresario Aldama, la calificación penal se limita a los tres primeros delitos debido a la atenuante de colaboración, según informó el citado medio.

La audiencia se enmarca dentro de un proceso judicial que busca clarificar las responsabilidades y recursos procesales de los implicados en uno de los escándalos sanitarios más relevantes surgidos durante la emergencia provocada por la pandemia. La vista servirá para fijar el marco probatorio y procesal con miras al juicio, permitiendo que las partes defiendan sus posiciones en relación con los hechos y las pruebas admitidas. Al término de esta fase, corresponderá al Tribunal valorar la validez de los elementos y argumentos presentados, lo que determinará los parámetros para el desarrollo de la siguiente etapa del proceso judicial.

Así, el procedimiento continúa bajo la atención de la opinión pública y de los actores políticos, quienes seguirán la evolución del caso. La decisión sobre la admisión de pruebas y la organización de los testimonios marcará el rumbo inmediato de un juicio señalado por el volumen de recursos públicos presuntamente implicados y la repercusión institucional de los hechos que se atribuyen a los acusados, según explicó el medio encargado de difundir los detalles de la jornada.