La jueza de la dana cita como testigos a 31 agentes medioambientales de CHJ y Conselleria y 8 bomberos forestales

La magistrada que encabeza la investigación sobre la gestión de la Dana en la comarca de Catarroja resolvió que resulta innecesario citar a más agentes de los ya identificados y tampoco consideró pertinente establecer cuáles participaron directamente o si alguno se encontraba ausente por baja o por vacantes, según detalló el medio Europa Press. La noticia principal es la citación como testigos de 31 agentes medioambientales o guardias fluviales y ocho bomberos forestales que intervinieron en las tareas de control y vigilancia durante el operativo realizado el 29 de octubre de 2024 en varias zonas críticas de la provincia de Valencia.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la jueza de Catarroja ha adoptado esta decisión tras una resolución emitida por la Audiencia Provincial de Valencia en diciembre del año pasado. Esta resolución estimó parcialmente el recurso de apelación presentado por una acusación particular en el marco de la causa, al tiempo que respaldó el criterio del Ministerio Fiscal. En el auto hecho público este miércoles, la magistrada acuerda la citación de estos 39 testigos —31 de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Conselleria de Medio Ambiente, y 8 pertenecientes al cuerpo de bomberos forestales de la Generalitat— a quienes todavía no se les ha asignado una fecha concreta para comparecer.

Europa Press señaló que la identificación de los agentes y guardias fluviales que fueron desplegados por el Centro de Coordinación de Emergencias resulta fundamental según el auto, dado que la Audiencia Provincial consideró que la información que estos testigos pueden proporcionar podría ser crucial para el esclarecimiento de los hechos. Por ese motivo, la instructora considera adecuado limitar la lista de citados a aquellos cuya intervención en el dispositivo quedó acreditada.

El operativo en cuestión tiene como contexto la jornada del 29 de octubre de 2024, fecha en la que se registraron episodios de lluvias intensas asociados a la Dana en la Comunidad Valenciana. Los agentes ambientales y bomberos forestales participaron en tareas de vigilancia y control, principalmente en la cuenca del río Magro, especialmente en el área del puente de Carlet, y en el Barranco del Poyo, entorno a los municipios de Torrent, Picanya y Paiporta. Tal como reportó Europa Press, estos efectivos dependían tanto de la Confederación Hidrográfica del Júcar, del ámbito estatal, como de la Conselleria de Medio Ambiente y del cuerpo de bomberos de la Generalitat Valenciana.

La decisión de la jueza responde a la consideración de la Audiencia Provincial de Valencia, que al admitir en parte el recurso de la acusación particular coincidió en señalar que resultaba "evidente que, pudiendo ser la información que puedan ofrecer los agentes medioambientales relevante, su identificación se hace precisa a fin de poder ser citados, en su caso, como testigos". Europa Press aclaró que tanto la fiscalía como la judicatura estimaron que las actuaciones de los agentes presentes en el dispositivo del día de los hechos resultan esenciales para conocer en detalle la evolución de los acontecimientos que motivan la investigación.

El Ministerio Fiscal elaboró un informe previo en el que solicitó la declaración de diez agentes o guardas de la CHJ, una petición que ha sido aceptada, sumándose al resto de testigos requeridos. Según Europa Press, este grupo de testigos abarca a todos los profesionales que, según los registros y notificaciones del Centro de Coordinación de Emergencias, actuaron en las áreas fluviales afectadas durante la jornada señalada por el procedimiento judicial.

La magistrada sostiene que el número de testigos convocados cubre las necesidades probatorias del caso, por lo que no resulta procedente ampliar la lista con más efectivos o investigar sobre bajas laborales o vacantes. Esta postura coincide en esencia con lo manifestado tanto por el Ministerio Fiscal como por la Audiencia Provincial, quienes recalcaron la importancia de restringir la investigación a quienes realmente participaron en el operativo de emergencia.

Europa Press confirmó que, aunque la decisión judicial establece la citación de los testigos mencionados, todavía no se ha concretado la fecha ni las condiciones de su comparecencia. No obstante, la resolución forma parte de las medidas tomadas en el marco de la instrucción para esclarecer la gestión pública durante el episodio meteorológico extremo registrado en la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024.