La acusación del Ministerio Público también contempla la solicitud de una indemnización por daños morales, establecida en 30.000 euros, derivada del sufrimiento causado a la víctima. Según informó el medio, la Sección Primera de la Audiencia Provincial ha citado este miércoles, a las 09:45 horas, al acusado para iniciar el juicio en el que se analizarán varias agresiones sexuales presuntamente cometidas contra su hija menor desde el año 2018.
De acuerdo con la información publicada, el procesado acumula antecedentes por delitos vinculados tanto a la agresión sexual como a la violencia en el ámbito de género, lo que ha influido en el curso de la investigación y en la calificación de los hechos. El caso especifica que el acusado habría comenzado a agredir sexualmente a su hija cuando la menor tenía solo tres años, valiéndose de las visitas autorizadas en el centro penitenciario donde se encontraba recluido para seguir realizando actos contra la indemnidad sexual de la niña.
Tal como detalló la fuente, la acusación sostiene que el principal acusado no solo perpetró estos hechos durante el tiempo en que la menor acudía al centro penitenciario, sino que, en al menos una ocasión anterior a su encarcelamiento, habría cometido una violación en la vivienda familiar situada en Palma. La presentación formal de los hechos incluye la existencia de reiteradas situaciones de abuso y agresión, encuadradas en diferentes episodios tanto dentro como fuera del entorno carcelario.
El sumario judicial puso de manifiesto los antecedentes del procesado, al consignar episodios previos de violencia machista y abuso sexual que agravan la consideración de los cargos presentados por la fiscalía. La acusación califica los acontecimientos como múltiples delitos de abuso y agresión sexual, por los cuales se solicita una condena total que podría alcanzar los 18 años de privación de libertad.
En las diligencias previas incorporadas al proceso, el Ministerio Público enfatizó que el impacto emocional y psicológico de la víctima es considerado uno de los factores determinantes al establecer el monto de la indemnización económica solicitada. Según reportó la fuente, las circunstancias agravantes surgen no solo de la relación de parentesco, sino también del entorno en que se produjeron los abusos, ya que el acusado habría aprovechado el sistema de visitas facilitado por la institución penitenciaria para continuar la comisión de los delitos.
El caso entrará en fase de enjuiciamiento tras años de investigación, en los que se analizaron informes psicológicos y testimonios, tanto de la víctima como del entorno familiar. La Audiencia Provincial se centrará en determinar la veracidad y el alcance de los hechos, así como en valorar la gravedad de los daños ocasionados a la menor, según publicó el medio de referencia.
La comparecencia prevista para el miércoles se produce bajo la expectativa de que tanto la fiscalía como la defensa expongan sus argumentaciones sobre los hechos denunciados, los antecedentes penales del procesado y las eventuales circunstancias agravantes o atenuantes derivadas de la documentación acumulada en la instrucción. Los jueces evaluarán, conforme a las pruebas disponibles, si corresponde imponer la pena de prisión que reclama el Ministerio Público y la suma indemnizatoria asociada al delito de abuso sexual continuado.
La convocatoria judicial se convierte en el punto culminante de un proceso en el que se entrecruzan elementos relacionados con la protección de menores, la reincidencia en delitos de violencia de género y la explotación de las visitas carcelarias para la comisión de agresiones sexuales, según consignó el medio.
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