El PP denuncia una regularización "a ciegas y por decreto" de "graves consecuencias" para la Unión Europea

Dolors Montserrat, secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), ha interrogado al comisario de Interior, Magnus Brunner, sobre el riesgo de que los migrantes regularizados por el gobierno español puedan desplazarse por el espacio Schengen en tan solo 48 horas. Esta pregunta surge en el contexto de las críticas del Partido Popular (PP) a la propuesta del Ejecutivo español para llevar a cabo una regularización extraordinaria de inmigrantes. Según reportó el medio, la eurodiputada detalló que los países del Mediterráneo como Grecia e Italia, liderados por partidos del PPE, lograron reducir la llegada de inmigrantes irregulares en más de la mitad en los últimos dos años, a diferencia de lo que consideran representa la iniciativa del gobierno español.

De acuerdo con lo publicado, el Partido Popular ha manifestado en el Parlamento Europeo su preocupación por los posibles efectos negativos que traería la medida impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez. Según comunicó el medio, el PP califica la regularización como una acción unilateral que podría alcanzar a un gran número de migrantes, sin un análisis previo de antecedentes penales o policiales y mediante un decreto, sin pasar por un proceso de debate o aprobación en el Parlamento nacional. El PP advierte sobre lo que considera consecuencias severas para el resto de los miembros de la Unión Europea, haciendo hincapié en el fenómeno conocido como "efecto llamada", así como el posible fortalecimiento de redes dedicadas a la trata de personas.

La portavoz del PPE afirmó, según el comunicado citado, que la regularización propuesta constituiría un "atentado contra la política migratoria europea". Asoció entre sus efectos directos el supuesto sabotaje al Pacto de Migración y Asilo y la apertura de brechas en el sistema de seguridad de Schengen. Montserrat alertó que una decisión de este tipo podría incentivar a quienes se dedican a la trata de personas y aumentar el flujo migratorio hacia la Unión. El relato consignado por el PP añade que la medida pretende conceder la regularización de forma generalizada y sin garantías, una tónica que –aseguran– incrementaría la economía sumergida y la presión sobre los servicios públicos.

Según consignó el medio, la eurodiputada argumentó que la actuación del Ejecutivo nacional no ofrece soluciones consistentes a futuro para los regularizados. Montserrat expresó que con esta acción "no mejora la vida de nadie", alegando que solamente aumenta el peso sobre el sistema de atención social y genera descontento en las comunidades. Además, el PP teme que la regularización masiva pueda alterar la convivencia en ciertos barrios y provoque tensiones.

Durante su intervención, Montserrat solicitó a la Comisión Europea una respuesta urgente ante lo que califica como una decisión con "consecuencias devastadoras para los 27 Estados miembros". Reclamó que se active de forma inmediata el mecanismo de consulta europeo y que se exijan aclaraciones a España sobre los detalles y los posibles efectos de la regularización. El PP asocia la medida con supuestas intenciones del Ejecutivo de manipular el censo electoral e influir en el panorama político, además de señalar que esta decisión serviría para desviar la atención de problemas internos como corrupción o baja en apoyo electoral, según el relato recogido en la nota.

El medio detalla que la fuerza opositora subraya la diferencia con la gestión de Grecia e Italia, países mediterráneos en los que aseguran que las restricciones migratorias han permitido una bajada significativa en la entrada de migrantes irregulares desde hace dos años. El discurso de Montserrat destaca la existencia de criterios diferenciados en la gestión de fronteras y políticas de inmigración dentro de la UE, y defiende la coordinación entre los países miembros como un elemento esencial para mantener la seguridad y la cohesión en el continente.

El PP concluyó su intervención solicitando imperativamente a la Comisión Europea que examine la iniciativa de regularización, con el argumento de que cualquier acción en materia migratoria que afecte a todos los Estados miembros debe contar con procedimientos y controles compartidos por las instituciones europeas, y apeló al deber de transparencia por parte del gobierno de Sánchez ante el resto de la Unión.