El PSOE recalca que Leire Díez "no es militante" y muestra su respeto por el trabajo de la Guardia Civil y la justicia

La decisión de mantener el secreto de sumario sobre la investigación por posibles irregularidades en la gestión de contratos públicos en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) fue adoptada por la Audiencia Nacional con el objetivo de garantizar que las pesquisas avancen sin interferencias ni filtraciones que pudieran obstaculizar o distorsionar el trabajo de las autoridades judiciales. De acuerdo con lo publicado por la fuente, la instrucción permanece bajo reserva mientras la Fiscalía Anticorrupción, junto con la Guardia Civil, prosigue con la recopilación de pruebas y análisis de documentación relevante, en un proceso que todavía se encuentra en su etapa preliminar y bajo la supervisión directa del juzgado.

El medio detalló que la investigación tiene como finalidad esclarecer si existió una red o conjunto de procedimientos irregulares en la adjudicación de contratos gestionados por la SEPI, entidad pública cuyo papel resulta central en la administración de participaciones del Estado en empresas de sectores fundamentales para la economía española. A raíz de recientes actuaciones, la exintegrante socialista Leire Díez fue detenida el miércoles, en el marco de un operativo dirigido por la Guardia Civil y coordinado por la Audiencia Nacional, como parte de los esfuerzos para delimitar eventuales responsabilidades jurídicas y administrativas.

Tal como publicó la fuente, la investigación gira en torno a la posibilidad de que durante la etapa en cuestión se hubieran producido anomalías en la contratación pública, lo que ha generado inquietud tanto en el ámbito político como en la opinión pública. Dentro del periodo de reserva decretado, las actuaciones permanecerán ajenas a la difusión pública, lo que condiciona el acceso a información tanto para la ciudadanía como para los responsables institucionales y limita las comunicaciones oficiales al respecto.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), según consignó el medio, ha recalcado que Leire Díez ya no mantiene ninguna vinculación de tipo institucional o partidario con la organización. Ante interrogantes formulados en el Congreso por medios de comunicación y otros actores políticos, la portavoz del grupo socialista, Montse Mínguez, puntualizó que “Leire Díez no es militante” y reiteró un reconocimiento explícito a la labor desarrollada por la Guardia Civil y por los órganos de la Justicia en el esclarecimiento de los hechos.

Este posicionamiento, de acuerdo con el reporte, forma parte de una estrategia del PSOE para desmarcarse del caso y limitar cualquier posible asociación entre el partido y los hechos que investiga la Audiencia Nacional. La dirección socialista ha establecido un criterio de no emitir valoraciones de carácter público relacionadas con la investigación, remitiendo cualquier consideración a los órganos judiciales y expresando su confianza en la autonomía de los tribunales para dilucidar si los hechos bajo análisis revisten responsabilidad penal o meramente administrativa.

Consultadas por el medio, fuentes judiciales explicaron que la reserva decretada pretende proteger la integridad del proceso y evitar que la filtración de datos sensibles influya o ponga en peligro líneas de investigación, testimonios o documentación crucial para la instrucción. La Fiscalía Anticorrupción, como órgano encargado de dirigir las diligencias junto a la Guardia Civil, actúa bajo la autoridad del juez designado, quien supervisa el proceso y determina las actuaciones permitidas durante la fase de secreto.

Dentro del propio PSOE, la portavoz Montse Mínguez defendió la necesidad de que “sea el tiempo de la Justicia”, sosteniendo que el respeto a la legalidad y a los principios de independencia judicial debe prevalecer sobre las valoraciones o manifestaciones públicas, según reportó el medio. Esta postura busca evitar cualquier tipo de injerencia o interpretación que pueda cuestionar la neutralidad del partido ante la investigación en curso.

El medio subraya que, debido a la importancia de la SEPI en la administración de recursos públicos estratégicos, el proceso judicial adquiere una dimensión que trasciende a los individuos implicados, poniendo en el foco de atención la transparencia y los mecanismos de control en la gestión de fondos estatales. La investigación, que avanza bajo la directriz de la Fiscalía y la Audiencia Nacional, continúa con nuevas diligencias mientras se descarta, por el momento, el levantamiento del secreto sumarial.

Según fuentes institucionales citadas por la fuente, la dirección socialista mantendrá una postura de respeto absoluto a las autoridades judiciales y evitará cualquier declaración que pueda suponer injerencia en la causa o anticipar juicios sobre responsabilidades. Mientras persista la confidencialidad del sumario, las posibilidades de realizar comunicaciones públicas permanecerán limitadas tanto para las formaciones políticas como para los representantes institucionales y los propios investigados.

El desarrollo de la causa cuenta con el seguimiento de la opinión pública y de analistas interesados en los mecanismos de control y transparencia en la contratación desde organismos públicos como la SEPI. A medida que avanzan las diligencias bajo la vigilancia de la Audiencia Nacional, se prevé que la instrucción continúe reservada hasta que la acumulación de pruebas permita a los órganos pertinentes delimitar posibles responsabilidades y, consecuentemente, tomar decisiones sobre eventuales derivaciones legales o administrativas.

La fuente señala que, mientras se mantenga la confidencialidad, el caso permanecerá bajo vigilancia de los tribunales, la Fiscalía Anticorrupción y los equipos de investigación de la Guardia Civil, sin que se prevean valoraciones públicas de los actores institucionales implicados. La atención sigue puesta en posibles novedades judiciales que puedan surgir conforme avance el procedimiento y se vayan desvelando los elementos que integran la investigación.