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La cara y la cruz del auge de los centros de datos: la industria emergente que mira hacia España y que ha provocado la oposición de vecinos y ecologistas

Mientras que desde el sector prometen beneficios económicos y sostenibilidad, diversas asociaciones están preocupadas por los posibles impactos en energía y agua que puede tener la avalancha de proyectos en nuestro país

El auge de los centros de datos en España ha provocado un choque entre el sector, las asociaciones ecologistas y el Gobierno. (Montaje Infobae con imágenes de Magnific y Canva)

En el sur de la ciudad de Zaragoza, los pinos centenarios toman el relevo al asfalto y los bloques de edificios, formando un bosque de unas 330 hectáreas. Conocido como los Pinares de Venecia, este enclave es “un símbolo de la identidad del barrio”, pero también de toda la ciudad, según explica a Infobae Gracia Gómez, portavoz de la plataforma Salvemos los Pinares de Venecia.

Es un refugio climático, tan necesario para los calurosos veranos de Zaragoza, además de un lugar de diversión y esparcimiento para aquellos que practican deporte. Sin embargo, pese a su importancia para la zona, con los años diversos proyectos se han encargado de “darle bocados”. El último de ellos, un centro de datos de 58 hectáreas que Microsoft pretende levantar al pie del pinar.

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El proyecto fue declarado de interés general por el Gobierno de Aragón por la inversión que, a su juicio, traerá a la zona. “No sabemos en absoluto cuánto de esa inversión se va a quedar aquí”, plantea Gómez. “Lo que sospechamos y lo que vemos por los centros de datos que ya funcionan es que no solamente no desarrollan nada, sino que lo que causan son enormes perjuicios”.

La portavoz de la plataforma que lucha por defender los Pinares de Venecia denuncia que esto se concreta en problemas desde el punto de vista de la salud, amenazas para la industria autóctona, efectos medioambientales e incrementos en los precios de las energías. “Estos macrocentros de datos lo que hacen es succionar recursos, acapararlos, producir una especie de gentrificación energética que retira posibilidades a los demás”.

Entorno de los Pinares de Venecia, en Zaragoza. (Sergio/Wikimedia Commons)

Como en Zaragoza, otros enclaves de la geografía española ya se encuentran en el punto de mira para albergar esta industria emergente. Es el caso de Navalmoral de la Mata (Cáceres), Talavera de la Reina (Toledo) o el Corredor del Henares (Comunidad de Madrid). Los proyectos se concentran especialmente en Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón, que Gómez señala que se está convirtiendo en “la joya de la corona de esta nueva economía digital”.

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Aragón, de hecho, aspira a ser la tercera región de Europa en concentración de centros de datos, solamente superada por Londres y Fráncfort. “Lo que vienen buscando aquí es energía barata porque en estos momentos en Aragón somos excedentarios, sobre todo por el boom de las renovables. Por otra parte, el agua, que no es que seamos ricos, pero nos pasa el Ebro”, explica la portavoz de la plataforma vecinal y ecologista. “Es una comunidad con muy bajita densidad de población y tenemos muchísimo suelo porque los pueblos se están quedando sin agricultores. Y también tenemos ya desarrollo. Hay muchas ventajas en esta región para que vengan”.

En la comunidad autónoma hay una treintena de centros de datos proyectados, lo que, según señala Gómez, supone una “gravísima irresponsabilidad de quienes nos gobiernan”: “De ser excedentarios, vamos a pasar a ser deficitarios”.

Centro de datos. (Microsoft/Europa Press)

¿Por qué necesitamos centros de datos?

“España se está situando como hub del sur de la Unión Europea”, explica a este medio María Prado, responsable de Energía y Clima de Greenpeace. Esto es así por su situación estratégica de entrada de cables submarinos o el barato precio de la energía, por la situación de ventaja competitiva que tenemos con las renovables. “España está en esa posición de ser El Dorado en esta carrera de los centros de datos. Hay muchas solicitudes para desplegar”.

En un mundo cada vez más digital, estas infraestructuras se han convertido en absolutamente necesarias. No solo impulsan la inteligencia artificial, cada vez más utilizada, sino que también hacen funcionar internet y almacenan la gran cantidad de datos que generamos cada segundo.

“Cada vez que enviamos un WhatsApp, hacemos un Bizum, pedimos una cita médica, presentamos la declaración de la renta o vemos una serie en Netflix, hay centros de datos que lo hacen posible”, señala a Infobae Begoña Villacís, exdirigente de Ciudadanos y actual directora ejecutiva de SpainDC, Asociación Española de Data Centers. “Son las infraestructuras que sostienen nuestra vida digital, desde los servicios más cotidianos hasta el funcionamiento de bancos, hospitales, empresas y administraciones públicas”.

Con una demanda creciente y grandes inversores interesados en nuestro país, nos enfrentamos a un momento decisivo. Para Villacís, si se desplegase la industria de los data centers, esto permitiría asegurar nuestra soberanía digital. “España no puede aspirar a ser una potencia tecnológica si depende exclusivamente de las infraestructuras de otros países. Se trata de asegurar que el botón de encendido y apagado de gran parte de nuestra economía digital esté bajo nuestro control, no fuera de nuestras fronteras”, defiende.

El despliegue de los data centers, a juicio de la directora ejecutiva de SpainDC, también tiene múltiples oportunidades económicas para España, especialmente para los territorios que más están aglutinando estos proyectos y que, hasta el momento, no recibían tanta inversión tecnológica. “En algunos casos supone atraer nuevas actividades industriales y empleo cualificado; en otros, reforzar un tejido industrial que ya existe y necesita adaptarse a la economía digital”.

A esto, según Villacís, se unen el resto de las empresas que conforman este entramado más allá de las que operan en sí los centros de datos, como las constructoras, los fabricantes de equipos, las energéticas, las que se encargarían del mantenimiento... “Estamos hablando de una oportunidad para reindustrializar España, generar actividad económica y repartir mejor las oportunidades. Sería especialmente grave que, teniendo todas las condiciones para conseguirlo, termináramos autosaboteándonos y dejando que esas inversiones se marchen a otros países”.

Bancos de baterías instalados en el centro de datos Merlin Edged Bilbao-Arasur, en Rivabellosa, País Vasco. (Vincent West/Reuters)

Impactos sobre el agua y la energía

Además de los posibles beneficios económicos que prometen desde el sector, es importante poner el foco en sus potenciales impactos. Desde Greenpeace, Prado señala que esta industria emergente presiona a nivel ambiental desde múltiples puntos: sobre los recursos hídricos, sobre el territorio en el que se instalen, sobre la biodiversidad o sobre las redes eléctricas, lo que podría implicar un perjuicio a ciertas actividades económicas. “En un momento en el que el cambio climático exige la descarbonización de las economías y el uso eficiente de agua y energía, si atendemos a toda esta demanda, vamos en la dirección contraria”.

SpainDC, por su parte, defiende que España puede sumarse al auge de la industria de los centros de datos respetando los límites ambientales y sociales del territorio y que, es más, “ya se desarrollan bajo criterios de eficiencia y sostenibilidad”. “Somos los primeros interesados en aprovechar cada kilovatio de energía y cada recurso de la forma más eficiente posible, porque de ello depende también nuestra competitividad”, explica Villacís.

Por ello, teniendo en cuenta que el agua no es uno de los puntos fuertes en España, la directora ejecutiva de la asociación de los data centers asegura que las instalaciones ya cuentan con sistemas de refrigeración que permiten “reducir enormemente su consumo, incluso prescindiendo prácticamente de él”. Además, defiende que se apuesta por las energías renovables, de las que en nuestro país “desperdiciamos una parte cada vez mayor”, mientras que “hay proyectos industriales esperando poder conectarse a la red para consumirla”.

Vista del lecho agrietado y seco del embalse de La Baells (Cataluña) en un 24 % de su capacidad. (Albert Gea/Reuters)

Sin embargo, Gómez, de la plataforma Salvemos los Pinares de Venecia, no cree que esta industria no vaya a tener un impacto en los recursos hídricos. La filial Amazon Web Services (AWS) ha solicitado un 48% más de agua para los tres centros de datos en funcionamiento que tiene en Aragón: en Huesca, en El Burgo de Ebro y en Villanueva de Gállego. La empresa atribuye esta mayor necesidad al cambio climático y no a un cambio tecnológico o de diseño. Uno de estos expedientes, el de El Burgo de Ebro, ya ha sido aprobado por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA).

“Lejos de poner en marcha esas infraestructuras tecnológicas que nos prometieron que iban a ahorrar agua porque iban a implementar una tecnología nueva de ciclo interno y que no iban a consumir más agua, todo lo contrario. Conforme vamos viendo cómo se desarrolla el proceso, no van a menos, sino que van a más”, afirma Prado. La responsable de Energía y Clima de Greenpeace recuerda que, con el auge de los centros de datos, no nos enfrentamos solamente a impactos medioambientales, sino también a sociales: en materia de participación ciudadana, por ejemplo, indica que “no se están haciendo las consultas democráticas vinculantes sobre cómo quiere el territorio acoger este nuevo colonialismo”. Y también en relación con los riesgos de la propia IA, “por la manipulación y desinformación que pueden mermar los procesos democráticos y los derechos colectivos”.

Imagen de archivo del centro de datos de Microsoft en Middenmeer, Países Bajos. (Piroschka van de Wouw/Reuters)

Avanza el centro de datos de Microsoft en Zaragoza

Además de las afectaciones relacionadas con la disponibilidad de los recursos hídricos o la tala de los árboles para acoger el centro de datos de Microsoft, Gracia Gómez destaca que una industria como esta podría contribuir al efecto isla de calor. “En Zaragoza ya estamos padeciendo veranos de 42 grados a cualquier hora”. De hecho, este año ha habido al menos 66 noches tropicales. “Prácticamente no había manera de que una noche refrescara. El efecto isla de calor va a aumentar la temperatura media uno o dos grados en la ciudad”, asegura.

Además, Gómez teme las consecuencias que esta infraestructura pudiese tener en el Barranco de la Muerte, un cauce situado al sur de Zaragoza, entre los Pinares de Venecia, Parque Venecia y el cementerio de Torrero. El 6 de junio de 2023, una fuerte tormenta provocó una crecida repentina que generó importantes inundaciones y, por consiguiente, daños en comercios y vehículos, con “personas que tuvieron serios riesgos cuando estaban atrapadas en el coche por la riada”. ”Muy cerquita hay un colegio que afortunadamente solo había tenido actividad por la mañana. Podíamos hacer estado lamentando daños muchísimo peores”.

Según la portavoz de la plataforma, algunos vecinos temen que la construcción del centro de datos en la cabecera de ese barranco suponga impermeabilizar 58 hectáreas de terreno. “No van a poder absorber de forma natural el agua de la lluvia torrencial. Estamos en la cuenca mediterránea y sabemos cómo funcionan aquí estos torrentes de verano que llenan repentinamente y provocan estas catástrofes”.

Pese a todo ello, Gómez explica que el proyecto de Microsoft está avanzando. Primero se está nivelando el terreno, y en esta fase previa de las obras ya señalan que hay un importante problema: la presencia de amianto. Las escombreras históricas sobre las que se está trabajando “están llenas” de esta sustancia, un aspecto que preocupa a la portavoz por la cercanía de los barrios de Torrero y de Parque Venecia, y más aún por la fuerza del viento, del cierzo, en la zona. “Se está poniendo en peligro a toda la población colindante”, apunta Gómez.

Desde la plataforma Salvemos los Pinares de Venecia han realizado distintas acciones para informar a los vecinos sobre el proyecto que se pretende levantar en el municipio y para oponerse a él. Por ejemplo, con una manifestación desde el barrio hasta las obras de Microsoft, que dice que “tuvo muchísimo éxito”, o con una reciente cita en el pleno del Ayuntamiento, porque han presentado una moción contra el centro de datos. “Pedimos una paralización de las obras y una explicación de qué es lo que está sucediendo ahí”.

Protesta de la plataforma Salvemos los Pinares de Venecia contra las obras del centro de datos de Microsoft en Zaragoza. (Cedida por Salvemos los Pinares de Venecia)

Un Real Decreto aprobado con la oposición de unos y otros

Ante el auge del interés por instalar centros de datos en nuestro país, el Gobierno de España ha publicado este viernes un Real Decreto con los requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental para estos proyectos. Según la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que ha elaborado el texto junto con el Ministerio de Economía y el de Transformación Digital, con esta norma España se convierte en país “pionero” porque “a nivel mundial no existe otra referencia”.

El proceso ha provocado una oposición por partida doble: por un lado, del propio sector, que señala que los requisitos son demasiado estrictos y que esto podría suponer la pérdida de la inversión; por otro lado, de las asociaciones ecologistas, que creen que se queda corto y que exigían mayores garantías para evitar impactos medioambientales y sociales.

Los cambios realizados en el texto —tras pasar el borrador por un proceso de consulta pública que recibió más de 600 alegaciones y después de que un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pidiese rebajar las obligaciones— tampoco contentaron a ninguna de las dos partes. El Real Decreto recoge que al menos el 80% del consumo eléctrico de estas infraestructuras deberá proceder de nueva generación renovable y que esta cobertura tendrá que acreditarse hora a hora. Es decir, en cada hora de funcionamiento, al menos el 80% de la electricidad consumida deberá estar respaldada por generación renovable producida durante esa misma hora. La medida busca impedir que los data centers absorban generación limpia ya existente y desplacen a hogares e industrias hacia electricidad fósil más cara.

Líneas de alta tensión y una torre eléctrica junto a un grupo de turbinas eólicas en el Barranco de Tirajana, en la isla de Gran Canaria. (Borja Suárez/Reuters)

Esto afectará a todos los centros de datos con una potencia igual o superior a 10 megavatios —en el primer borrador se recogía que sería a partir de 1 megavatio, una ampliación criticada por los colectivos ecologistas— que no se encuentren plenamente puestos en marcha al entrar en vigor la normativa, independientemente de que ya dispongan de permisos de acceso y conexión concedidos por la red.

Desde las principales organizaciones de defensa del medioambiente del país (Greenpeace, Ecologistas en Acción, Amigas de la Tierra, WWF España y SEO/BirdLife), aunque valoran que se avance en la regulación del sector por su rápida expansión, reclamaban que esta fuese más ambiciosa, exigiendo que su demanda eléctrica se cubriera con generación 100% renovable. “No tenemos ventana de presupuesto de carbono para seguir emitiendo. Estamos en una emergencia climática que exige que todo lo que planifiquemos ya sea 100% renovable. Esto no puede ser una excusa para perpetuar los combustibles fósiles”, explica Prado, que defiende que esta medida es posible de cumplir.

Por el contrario, desde SpainDC, Villacís indica que las exigencias energéticas son “inviables” y critica que, además, el nuevo texto incluye una alternativa que supone un problema para su actividad: los centros de datos que no se ajusten al 80% de correlación horaria renovable desde el primer momento podrán tener una fase de adaptación de cinco años; para ello, sin embargo, las instalaciones deberán adherirse al Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP) gestionado por Red Eléctrica. Esto quiere decir que, si el sistema lo requiere porque hay tensión en la red, se podrá interrumpir el suministro de los centros de datos.

Recreación de la futura gigafactoría en Móra la Nova y Tivissa (Tarragona). (Govern de la Generalitat/Europa Press)

“Ahora se plantea que los centros de datos acepten apagones selectivos cuando el sistema tenga algún problema. Es decir, además de no haberse eliminado las barreras anteriores, se han añadido otras todavía más graves”, señala Villacís. “Estamos hablando de infraestructuras que deben funcionar permanentemente porque de ellas dependen servicios esenciales. ¿Cómo se puede exigir que garanticemos la continuidad de esos servicios y, al mismo tiempo, pedirnos que aceptemos ser los primeros a los que se corte la luz?”.

Además, desde la Asociación Española de Data Centers denuncian que “el propio Gobierno se autoexcluye de cumplir las exigencias que pretende imponer al sector”. El decreto modificado introduce una disposición adicional que exime de su cumplimiento a los proyectos de titularidad estatal o considerados estratégicos por el propio Gobierno, como la gigafactoría de IA de Móra la Nova, en Tarragona. “Si esta regulación es tan razonable y viable como defiende, ¿por qué no se la aplica también a sí mismo? Quizá porque sabe perfectamente que lo que está exigiendo al resto es imposible de cumplir".

Las asociaciones ecologistas, por su parte, aprueban la medida de la posibilidad de desconexión, pero no la ampliación hasta cinco años del plazo de adaptación o la flexibilización de las exigencias para considerar una potencia renovable como nueva: se entenderá que una planta renovable es adicional cuando lleve operativa como máximo 36 meses (el límite en el primer borrador estaba en 18), una condición que no se aplicará a los parques solares, que no tendrán límite de antigüedad siempre que no se rompan contratos a plazo existentes. Esto lo consideran como “un retroceso respecto a las exigencias ambientales y energéticas inicialmente previstas”.

En materia hídrica, el Real Decreto recoge que los centros de datos deberán alcanzar la etiqueta europea A, lo que supone “un consumo casi nulo” de 0,1 litros por kilovatio. También se exigirá la máxima eficiencia energética (A), pero adaptada a las condiciones de refrigeración de cada región climática.

El Gobierno ha defendido que esta regulación permitirá ordenar la gran cantidad de solicitudes para desplegar centros de datos en España, diferenciando entre los proyectos viables y los que, por el contrario, impactarían negativamente en la senda energética y medioambiental del país. Y es que, según señaló Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en nuestro país se han generado “numerosas inquietudes” y “preocupaciones legítimas” en materia de consumo de energía, agua, precios y coste de los servicios públicos.

Ante las crecientes necesidades de computación, los centros de datos se han convertido en infraestructuras clave. (Magnific)

Para Villacís, la norma podría impedir que los proyectos lleguen a materializarse: “Nuestro último informe contempla movilizar 66.900 millones de euros en inversiones hasta 2030, pero esas previsiones están hoy plenamente amenazadas por las dificultades de acceso a la red eléctrica y, especialmente, por la imposición de una regulación que, de facto, significa la prohibición del sector”, señala la directora ejecutiva, que habló con Infobae antes de que se conociese la aprobación este viernes del Real Decreto. “La demanda de centros de datos no va a desaparecer porque España complique su desarrollo; lo que está en riesgo es nuestra capacidad para atraer esas inversiones que, si se aprueba el texto tal y como está planteado, acabarán en otros países”.

En un comunicado emitido por la asociación de data centers tras conocerse la aprobación del Real Decreto, señalan que recurrirán judicialmente la norma y solicitarán su suspensión cautelar porque “impone condiciones de imposible cumplimiento que, en la práctica, suponen un veto de facto al desarrollo de nuevos centros de datos en España”. “No podemos llenar discursos hablando de inteligencia artificial, soberanía digital y reindustrialización mientras aprobamos normas que impiden desarrollar las infraestructuras que hacen posible todo eso”, añade Villacís.

“Es un monstruo que ellos han creado”

En la IA también ponen el foco las asociaciones ecologistas. En este proceso de regulación de los centros de datos, dicen que no solamente se debe atender a la exigencia de las salvaguardas ambientales —Prado recuerda, además, que debe evaluarse el impacto acumulado y no proyecto a proyecto—, sino también el uso que le damos a esta herramienta en auge.

“Parece inevitable que la IA ha llegado para quedarse. La pregunta es cómo queremos que se quede”, señala la responsable de Energía y Clima de Greenpeace. “Hablemos de cuántos centros de datos necesitamos, dónde, para qué, quién es el propietario de eso, quién se beneficia. Porque ahora estamos viendo que son cinco tecnoligarcas generando una burbuja que, cuando explote, va a ser muy problemático a nivel de la economía mundial”.

David de Falguera, abogado especialista en IA y Derecho Digital, analiza el desfase entre la rápida evolución de la inteligencia artificial y la lentitud de la normativa.

La portavoz de la plataforma zaragozana también aborda esta cuestión: “Esto es un monstruo que ellos han creado y ahora quieren socializar los costes. Nadie pidió ni tanta IA ni IA para todo. No necesitamos la IA para que nos diseñe un plan de entrenamiento personal”, opina.

Tal y como señala Gómez, en la actualidad nos enfrentamos “a unas necesidades de computación cada vez más importantes en la sociedad digital”, pero estas están motivadas en buena medida ahora por ese uso de la IA “para todo, indiscriminadamente”. “Ahora resulta que lo tenemos que pagar sacrificando nuestros recursos, nuestro territorio, con todos los riesgos para la salud que también entraña”.

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