La seguridad no es uno de los grandes atractivos electorales. Los españoles, según el CIS, ponen por delante otros problemas de gran relevancia como la vivienda, la educación, o los que consideran derivados de la clase política o la migración. Dentro de esta realidad, en algunos ámbitos sí hay un repunte de la preocupación. En otros países de Europa, como Suecia, ya se ha visto cómo ha cobrado un peso mayor, siendo parte clave de sus recientes elecciones. En el caso de España, hay grandes diferencias entre cada partido, sin que ninguno cuente con medidas muy sólidas en términos de inversión, números o formas de intervenir.
Algunos de los asuntos relacionados con la seguridad que más han tratado los partidos son las exigencias de asociaciones de policías o guardias civiles. Sin embargo, varias de ellas no han logrado todavía materializarse. El caso más demandado es la inclusión de policías nacionales y guardias civiles en la conocida como profesión de riesgo, que aporta ventajas de cara a la jubilación o condiciones laborales. El PSOE es el único de los cuatro principales partidos de cara al 29N que no la garantiza, aunque promete su “estudio”. La polémica viene de atrás. Desde hace años, las asociaciones exigen la dimisión del ministro del Interior, Grande-Marlaska, entre otros motivos, por la no implementación de esta condición, que sí tienen otras autoridades como los policías locales.
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Poco peso de la seguridad en el programa del PSOE
El PSOE aborda la seguridad en la página 98 de su programa. La presenta como “un derecho de ciudadanía” que no debe depender “del barrio en el que se vive ni de lo que se puede pagar”. Su programa propone aumentar y redistribuir los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, con una mejor coordinación con las policías locales, aunque sin dar cifras o ámbitos concretos. En el ámbito digital, plantea crear un “servicio estatal de atención a las víctimas de ciberestafas” y ampliar la responsabilidad de bancos y operadoras en la prevención y el reembolso de fraudes.
Contra el narcotráfico y el crimen organizado, promete un “Plan Nacional Integral contra el Narcotráfico”, reforzar el Plan Especial del Campo de Gibraltar y aumentar la prevención de la radicalización violenta en internet, pero en el programa no desvela pasos del plan. Además, propone mejorar el sistema VioGén, una ley para terminar con el proxenetismo, ampliar las unidades contra delitos de odio y aprobar una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que reemplace la Ley Orgánica 4/2015, con garantías para la reunión y manifestación, controles de identidad “sin discriminación” y cámaras corporales para policías y guardias civiles. Sobre estos últimos, uno de los puntos más polémicos es su reconocimiento como profesión de riesgo, exigido desde hace años. Para ello, proponen mejorar condiciones, “posibilitando el estudio del reconocimiento de la penosidad de cara a su jubilación”. Es el único partido que no la garantiza.
El refuerzo institucional del PP sin cifras
El PP dedica algo más de tres páginas de programa a las medidas contra el crimen organizado o la delincuencia, donde incluye sus propuestas frente a manifestaciones que tornan en revueltas. Estas se encuentran dentro del primer apartado de ‘Reparar el Estado’, en el punto 1.4, llamado ‘Se hará cumplir la ley en todo el territorio’. En lo que se refiere directamente a cómo promete actuar contra mafias y grupos organizados, los puntos más relevantes se encuentran en el sur peninsular o el refuerzo institucional.
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El PP comienza este ámbito señalando que recuperará la OCON-Sur, o un equipo equivalente, al afirmar que impulsarán “una unidad central permanente en la frontera sur”. Marlaska ha sido muy señalado por la decisión de desmantelar esa unidad en 2022. Según el ministro, los agentes y funciones fueron repartidos entre otras unidades, y defiende un aumento general del número de agentes. Sin embargo, la decisión coincidió con el estallido del caso de David Oliva, exjefe de la unidad, que llegó a ser acusado de narcotráfico, pero se archivó. Ahora, Oliva será juzgado por cohecho y revelación de secretos, acusado de sobornar a un agente de Asuntos.
El partido de Feijóo no da apenas detalles de cómo será esta unidad, si finalmente la impulsa. Más allá de la unidad antidroga, el PP propone escáneres avanzados en los puertos de Algeciras o Valencia, promete más recursos operativos, legales y sociales, como renovar la flota marítima, ampliar los “helicópteros de patrulla nocturna y drones” y dar a los agentes “protección jurídica y medios para detener narcolanchas sin poner en riesgo sus vidas”. Otro de los medios que quiere reforzar es un georradar para localizar “los túneles del narco”. Finalmente, asegura que el litoral andaluz será declarado “zona de especial singularidad” y plantea reformas para “asfixiar económicamente al crimen organizado” y darle más competencias a la Audiencia Nacional frente al narcotráfico, el blanqueo y el crimen organizado.
Vox y el “combate total al narcotráfico” sin detallar
Vox sitúa la lucha contra el crimen organizado entre sus prioridades de seguridad. El programa reclama un “combate total al narcotráfico” mediante el refuerzo de personal, medios técnicos y capacidades operativas para actuar contra las redes que operan en territorio español y sus costas y el “restablecimiento inmediato” de la OCON Sur. La propuesta vincula el narcotráfico con otras actividades ilícitas, como el tráfico de personas, el contrabando y el blanqueo de capitales.
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En las fronteras, Vox propone reforzar la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Guardia Civil y la Policía Nacional frente a la inmigración irregular, las mafias y las llamadas “amenazas híbridas”, con atención especial a Ceuta y Melilla. Sobre Gibraltar, el partido acusa a la colonia de ser origen de redes de “piratería, narcotráfico, contrabando y blanqueo de capitales” que, según sostiene, afectan a España. A lo largo de las propuestas no se puede rescatar ninguna cifra concreta ni apenas nuevos métodos.
Frente Amplio: derechos y deberes sin mención a crimen
Frente Amplio propone una política de seguridad basada en la prevención, la justicia social, los derechos humanos y el control democrático de la policía. El programa plantea regular por ley el uso de la fuerza, armas y vigilancia, priorizando medios menos lesivos; limitar identificaciones, prohibir perfiles raciales y el uso de pelotas de goma, e imponer credenciales visibles. Además, propone un organismo independiente para investigar abusos policiales. Prevé desmilitarizar la Guardia Civil, equiparar salarios, reconocer la condición de profesiones de riesgo y seleccionar agentes con criterios de mediación y empatía.
Sin embargo, en sus 150 páginas de programa no hay ninguna mención al crimen organizado o al narcotráfico. Sí que plantea medidas que, entre otros, los afectados pueden ser sus miembros, como crear la Autoridad Nacional de Integridad Financiera, reforzar la Agencia Tributaria o perseguir el fraude y el blanqueo de grandes patrimonios, pero no cuentan con ningún plan específico en esta materia.
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