Alberto Núñez Feijóo ha presentado este martes el programa electoral con el que el PP concurre a las elecciones generales del 29 de noviembre, dirigido a una ‘Reconstrucción nacional’ y con un total de 249 medidas. En este, se compromete a redactar una nueva Ley de Nacionalidad, asunto que ha centrado la contienda política estas últimas semanas, “con un trato preferente para los países de la Hispanidad”, puede leerse en la declaración de intenciones del partido.
Es en la página 49 del programa en la que se puede leer este compromiso, bajo el encabezado ‘La nacionalidad no se regala’. Dice así: “Modificaremos el modelo de concesión para que la nacionalidad deje de funcionar como una consecuencia casi automática del paso del tiempo. Su obtención deberá responder a un vínculo efectivo con España y a una integración acreditada, de forma que las concesiones se concentren en quienes cumplan realmente las condiciones exigidas”.
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Las condiciones para la Nacionalidad
¿Cuáles son esas condiciones? El programa las concreta: “Aprobaremos una nueva Ley de Nacionalidad que refuerce las condiciones de acceso: residencia legal y continuada, conocimiento suficiente del español, de nuestra historia, instituciones, cultura y valores constitucionales, buena conducta cívica, ausencia de antecedentes penales y cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Mantendremos un tratamiento preferente para los países de la Hispanidad, con los que España comparte vínculos históricos, culturales y lingüísticos excepcionales”.
Remarca el PP que “la nacionalidad implica lealtad a España”, lo que se materializará en un “endurecimiento de las consecuencias legales para quienes hayan adquirido la nacionalidad española mediante fraude, falsedad u ocultación”. Además -prosigue el documento-, “regularemos la pérdida de la nacionalidad de quienes no sean españoles de origen cuando exista condena firme por determinados delitos graves contra la vida, la libertad sexual, la seguridad nacional, la integridad del Estado o la comunidad internacional, evitando en todo caso situaciones de apatridia”.
La Ley de Nietos
Aunque sin mencionar la llamada Ley de Nietos, el programa se cuida bien de contener propuestas para “garantizar que la nacionalidad se reconozca únicamente a quienes acrediten de forma efectiva su condición de descendientes de exiliados españoles”.
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El Tribunal Supremo mantiene suspendido cautelarmente el derecho a voto de 162.454 personas nacionalizadas directamente por la Ley de Nietos para las elecciones del 29 de noviembre, al no haber acreditado ante los consulados su condición de descendientes de exiliados españoles (solo 901 de 163.355 lo lograron).
En cambio, el alto tribunal ha rechazado extender esa suspensión a sus hijos, unas 189.678 personas, por lo que estos sí podrán votar: el Supremo considera que ya no hay margen de tiempo, a tres semanas de los comicios, para revisar su situación sin comprometer la seguridad jurídica y la estabilidad electoral. La decisión desestima las peticiones de Vox e Iustitia Europa, que pedían bloquear también el voto de los descendientes.
(Noticia en ampliación)
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