Entrevista a Miriam González, la candidata de Democracia 21 que pide evitar “obsesiones ideológicas” y fija la salida de Sánchez como condición irrenunciable: “Yo no pactaría con Bildu”

“No le gustan las etiquetas”, quiere representar al centro, pero tampoco busca ser “equidistante”. Miriam González y su partido Democracia 21 se estrenan en las elecciones generales de este 29 de noviembre en una campaña exprés en la que será candidata a la Presidencia del Gobierno. Ella y su partido son una de las novedades de estos comicios. Y aunque González reconoce al conversar con Infobae que no le gusta etiquetarse, entiende que los votantes que no se sienten identificados con los actuales partidos de ambos lados puedan entender su candidatura de esta forma. No obstante, advierte de que “a veces en España el centro se entiende como equidistante” y asegura que Democracia 21 no lo es en absoluto. Ciudadanos se ha integrado también en la formación.

Lo cierto es que es complicado poner en números sus opciones para el 29-N. Con un programa que se conoce día a día y sin rostros famosos, las encuestas tienen difícil medir el impacto que pueda tener. Por el momento, celebran haber logrado los avales necesarios para presentarse en Madrid y Barcelona. Si usamos al partido de Albert Rivera como antecedente, tenemos una primera apuesta firme de los españoles por ‘el del centro’ hace una década y, a su vez, una caída a un profundo pozo sin escaños. El reto de Miriam González será convertirse en la elegida de los “descontentos”.

La formación nació de la frustración que González vivió con su trabajo en España Mejor, la organización de la sociedad civil que fundó hace tres años y medio para impulsar propuestas de políticas públicas. En ella promovía un código ético de gobierno con 99 medidas. Tras recorrer 40.000 kilómetros y reunirse con políticos para impulsarlas, lamenta que “ni uno solo se ha movido ni un centímetro”. Por ello, decidió llevar sus propuestas a la política para tratar de “condicionar” las decisiones públicas e impulsar “la limpieza y la modernización del país”. González ha visitado la redacción de Infobae para explicarnos cómo pretende hacerlo.

Líneas rojas y posibles pactos en el Congreso

-P: Si tienen la llave del gobierno para PP o PSOE, ¿se lo darán? ¿A quién?

-R: Miraremos ambas opciones. Lo veremos sobre la mesa de ese cambio que se tiene que producir en el país. Creo que el presidente del Gobierno se tiene que ir. Respecto a los partidos, que es lo que cuenta, miraremos quiénes son los que dicen que sí a ese programa de regeneración y limpieza y modernización que nosotros llevamos. Creo que muchas veces se obsesiona uno en el panorama electoral español con los grandes acuerdos. Creo que algo que es todavía más importante son los acuerdos sobre políticas específicas. Tenemos paralizado el país y poder ir encontrando consensos en unos sitios con unas formaciones y en otros con otras puede ser quizá la única manera de que el país no pierda otra década, que ya llevamos perdiendo muchas, ¿no?.

-P: Ciudadanos fijó como línea roja Bildu. ¿Comparten esta postura? ¿Tienen otras?

-R: Yo no te presento aquí la postura del partido. Yo no pactaría con Bildu. Yo soy de esa generación que vivió muy de cerca el asesinato de Miguel Ángel Blanco y yo personalmente no podría hacer un acuerdo de gobierno con Bildu, no. Nuestras líneas rojas están en la Constitución. Este país necesita un cambio.

Trayectoria

-P: ¿Qué aprendió en sus 12 años en el área de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea?

-R: Primero trabajé en Comercio Internacional y después en Relaciones Exteriores. Aprendí que personas de países muy distintos, con intereses diferentes, pueden ponerse de acuerdo incluso en cuestiones muy detalladas. Eso me lleva a pensar que hay que cambiar los sistemas de coordinación entre las administraciones españolas. No puede ser que finlandeses, españoles, portugueses y croatas acuerden legislaciones complejas y que aquí sea imposible eliminar trámites innecesarios. Hay que reorientar las administraciones para que den respuestas ágiles al ciudadano.

-P: Se define como liberal en el sentido británico. ¿Qué diferencia hay?

-R: Me defino como liberal, con L minúscula para diferenciar, porque creo que el liberalismo está muy mal entendido en España. La palabra surgió aquí, pero hay gente que se define como liberal y tiene poco de liberal. Para mí, significa evitar grandes concentraciones de poder y establecer controles y garantías. En Democracia 21 hay personas de distintas ideologías. Queremos que quienes están fuera de la política, pero son buenos en sus trabajos, se involucren. Las diferencias ideológicas pueden quedar en segundo plano: hay asuntos importantes que sacar adelante y, en mi opinión, debemos ser más pragmáticos y dejar de lado las obsesiones ideológicas.

-P: ¿Cúal es el origen financiero del partido?

-R: La financiación de los partidos pequeños está muy limitada en España: las donaciones tienen un máximo de 50.000 euros y solo pueden proceder de personas físicas, no de empresas. Nosotros nos financiamos como una startup: al principio colaboramos todos según nuestras posibilidades y ahora empiezan a crecer las donaciones y las afiliaciones. Podemos funcionar con pocos medios porque casi nadie cobra. Ni yo ni las personas que trabajan conmigo recibimos remuneración. Me parece impresionante que haya gente en los partidos que cobre más que un médico o que un científico responsable de la ciberseguridad del país. Deberían bajar los sueldos en las formaciones políticas.

-P: Se ha cuestionado su trabajo relacionado con el grupo marroquí OCP en el Sáhara Occidental. ¿Puede explicar ese episodio?

-R: Yo he asesorado en un montón de países y, sobre todo, he hecho dictámenes jurídicos en un montón de países. Me parece impresionante que ahora haya una parte, que es sobre todo la de la extrema derecha, buscando qué he hecho en cada país. Bueno, pues Libia, Pakistán, Congo, Kenia, Argelia… O sea, te daría una lista enorme. Van a tener un montón de cosas de las que intentar hablar. En cuanto al Sáhara Occidental, Marruecos es el administrador de facto de un territorio sujeto a un proceso de Naciones Unidas, que es el que debe seguirse. Personalmente, creo que España debería haber mantenido esa línea sin adelantar una posición diferente. Es el presidente del Gobierno quien debe explicar por qué la cambió, no yo.

Corrupción e independencia judicial

-P: ¿En España existe independencia judicial en la investigación de la corrupción? ¿Cómo se puede conseguir? ¿Qué opina de los lobbies?

-R: Hay independencia judicial y nuestro sistema es muy garantista, pero yo creo que hay dos áreas de una politización enorme en las que hay que acabar con ella ya. Uno es el Consejo General del Poder Judicial, por cómo se reparten los cromos, principalmente el PSOE y el PP, de las nominaciones de los jueces, y por la politización que pueda venir por las propias asociaciones de jueces. El otro área es la manera en la que los partidos políticos utilizan la acción popular para llevarse al juzgado los unos a los otros. El sitio de los partidos políticos es el Parlamento. Eso sí que es lawfair.

Los lobbies claro que pueden existir. Me parece que son fundamentales. Cuanto más se complica la economía y más se avanza hacia una fase tecnológica, más difícil es para los políticos entender a veces dónde se está moviendo el mundo económico. Ahora, es impresentable que en España todavía no tengamos una reglamentación de lobby. En el Parlamento alemán estaban en el 1972 haciendo estas cosas. En prácticamente todos los países europeos. Siempre, o por unos o por otros, la realidad es que se han apañado para no tener esa reglamentación. No tenemos lobbies, aquí tenemos lobos.

-P: ¿Cómo actuaría usted si viviese un caso de corrupción cercano como Santos Cerdán o Ábalos en esta legislatura?

-R: Como se actúa en todos los sitios donde se descubre corrupción menos en los partidos políticos españoles. Primero, cortando de raíz y exigiendo responsabilidades. Segundo, mirando en horizontal para ver si en el partido tienes otros casos similares, porque claramente no te han funcionado las normas de prevención de esa corrupción. Y tercero, aumentando radicalmente el control de esas normas para que no te vuelva a pasar en el futuro. Los partidos en España solo hacen lo primero y con pocas ganas y solo cuando lo cogen los jueces. Por eso se sigue reproduciendo la corrupción. Año tras año, con partidos de distintos colores, acaban cayendo todos en las mismas cosas. Hay que cortarlo de raíz y reforzar los sistemas. No vale que con esta cerradura me han robado y ahora la voy a dejar así. No, tienes que subir el nivel de protección de la casa’.

-P: ¿Qué instituciones cree que necesita España despolitizar?

-R: De entrada, todas aquellas que son de control, como el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía. Pero es que además politizan hasta los servicios públicos. ¿Por qué los funcionarios que saben de sanidad o los que saben de educación tienen que tener una capa de grasa política de gente que normalmente no sabe nada de esas áreas y que no solo no ayudan, sino que estorban? Este modelo a lo mejor funcionaba a finales del siglo XX porque veníamos de una dictadura, pero ¿cómo es posible que todavía lo tengamos?

Vivienda, pensiones, migración o Marruecos

-P: Soluciones y propuestas de vivienda

-R: En vivienda, nosotros planteamos soluciones más inmediatas. Si la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) dice que con un sueldo de 1.300 euros, deberías de estar pagando entre 350 y 390 por la vivienda, hasta que no lleguemos a esa situación, no necesitamos solo las medidas de medio y largo plazo, necesitamos medidas excepcionales y urgentes. Ese plan a medio plazo tiene que ser de 10 años, implicando a todas las administraciones en la construcción de barrios, porque si no, es que no vamos a llegar.

Pero, hasta que estemos en esa situación de unos precios razonables, necesitamos medidas excepcionales. Una de ellas es eliminar los impuestos para todos los jóvenes con respecto a la vivienda. No puede ser que el Estado se esté enriqueciendo cuando tienes a toda una franja de la población, que son los que van a sujetar el país, que no pueden tener un plan de vida por el precio de la vivienda. Y desde luego, una de las cosas que defendemos es que no puede ser que devolvamos a Bruselas los más de 10.000 millones de euros, que seguramente son muchos más, de remanentes no ejecutados de los fondos de nueva generación.

-P: ¿Tienen un programa de pensiones?

-R: Hay que eliminar todo este tipo de mensajes que se han estado dando por parte del PP y Vox sobre si el sistema va a petar o si hay que privatizar las pensiones. No se puede crear ninguna duda sobre la viabilidad y que las pensiones están aseguradas. Sí que es cierto que hay que empezar una reflexión sobre una posible reforma del sistema. Esto se puede hacer con cabeza. Hay que empezar a ver todas las opciones técnicas. Hay sistemas intermedios que permite que se vayan adaptando las cosas y a mí me parece que este sería un área estupenda para hacer uno de esos procesos de escucha democrática que se hacen en otros países, que se han intentado con mucho éxito en temas muy difíciles y muy candentes en Irlanda.

-P: ¿Qué le parecieron los dos reales decretos de vivienda?

-R: Tanto por un lado como por el otro me produjo una frustración enorme ver a ambas partes hacer lo que casi siempre hacen, ¿no? Ellos han creado el problema entre ellos. El problema de la vivienda no nos cae del cielo. Es consecuencia de años de decisiones equivocadas por parte de todos los políticos. Tenemos a uno que ha estado presidiendo el Gobierno ocho años y a otro que tiene el 80 % de las comunidades autónomas. Y ahora nos prometen viviendas. Simplemente no es creíble. ¿Es tan difícil que los partidos políticos, antes de tener esa confrontación en el Parlamento, intenten negociar qué medidas de esos decretos se pueden poner de acuerdo y cuáles no? Tiene que haber ahí algunas fuerzas que empiecen a forzar las áreas en las que se pueden llegar a consensos. No el ‘todo al blanco, todo al negro’. Hay muchas veces en la política que un poco de gris te permite desencallar el problema.

- P: ¿Qué relación cree que debe tener España con Marruecos?

-R: Tiene que ser una relación cercana. Hay una cantidad de intereses no solamente económicos, también de lucha contra el terrorismo y de seguridad. Y creo que es absolutamente compatible tener esa relación de cooperación teniendo muy claro cuál es la firmeza y cuáles son las líneas rojas. ¿Cuáles son? Cuando se produce la situación que se ha producido en Ceuta, el escenario más benévolo posible es que no se ha controlado un flujo migratorio cuando Marruecos está en la lista de países seguros de migración en la Unión Europea. Pues eso tiene que tener repercusiones. Si efectivamente había buques de guerra el mismo día, las repercusiones tendrán que ser mayores. Me parece tremendo que se haya hecho un monográfico sobre la situación de Ceuta y que esa información no la diese el presidente del Gobierno. Yo creo que eso es ocultación de información al Parlamento. No lo puede contar en un corrillo, en un cóctel.

Es una pena que no se haya hecho ya de una manera más coordinada. Creo que esta es una de las áreas en las que el PP y el PSOE deberían dejar sus diferencias y poner un frente común. En Ceuta, una de las respuestas es europeizar todavía más su situación. Se ha avanzado con propuestas como la integración en la unión aduanera y la aplicación sin reservas de la zona Schengen. Creo que otra parte esencial sería intentar moverlo a los programas de regiones ultraperiféricas en la Unión Europea. Por muchas diferencias ideológicas que tengan, no tiene que ser tan difícil.

-P: ¿Qué cambios propone en política migratoria?

-R: Una gran parte de la inmigración es un activo para España y es una ventaja competitiva con respecto a otros países europeos. Eso nos permite crecer por volumen, que es lo que estamos haciendo ahora, que tiene mucho sentido si a la vez creces por músculo, por productividad, pero es lo que no está tocando nadie y entonces simplemente están desplazando el problema. Eso no quiere decir que tú no puedas decir que como Estado hay que tener control de la inmigración. Tienes que poder decidir quién entra, cómo entra, cuándo entra y si tiene que salir, cuándo y cómo sale. Tienes a tres o cuatro administraciones y ninguna de ellas coordina con la otra. Así es imposible que el Estado tenga el control.