El juez que investiga el rescate a Air Europa llama a declarar a la ministra Sara Aagesen y al exdiputado Íñigo Errejón en la semana de las elecciones

El juez que investiga el rescate de 475 millones de euros concedido a Air Europa durante la pandemia ha citado a declarar como testigos a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y al exdiputado Íñigo Errejón, además de a otros nueve cargos y excargos públicos vinculados a la operación. El magistrado José María Escribano ha fijado las comparecencias para los días 23 y 24 de noviembre, en plena campaña electoral y apenas unos días antes de las elecciones generales del 29-N. Aagesen tendrá que acudir al juzgado el lunes 23, seis días antes de las urnas, mientras que Errejón y el resto de los testigos de la segunda tanda declararán el martes 24.

La providencia, dictada el pasado 6 de octubre por el titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid y a la que ha tenido acceso Infobae, acuerda escuchar a once personas dentro de las diligencias previas abiertas por un presunto delito de prevaricación administrativa. Entre los citados figuran también Manuel de la Rocha, jefe de la Oficina Económica de Moncloa; Pedro Saura, expresidente de Correos y antiguo secretario de Estado de Transportes; Carlos San Basilio, que fue secretario general del Tesoro; Ana de la Cueva, Pilar Paneque, Raúl Blanco y otros responsables vinculados a la Administración y a la SEPI.

Aagesen, ante el juez por su papel en el órgano que aprobó la ayuda

La declaración de Sara Aagesen es especialmente relevante por su relación directa con el mecanismo utilizado para conceder el rescate. En 2020, cuando se aprobó la ayuda a Air Europa, Aagesen era secretaria de Estado de Energía —había sido nombrada para ese puesto en enero de ese año— y formaba parte del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), el órgano interministerial encargado de estudiar las solicitudes de las compañías consideradas estratégicas y de acordar las condiciones de las operaciones antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros.

Ese Consejo Gestor era el núcleo administrativo de las operaciones del fondo: estudiaba las solicitudes de las compañías, analizaba si cumplían los requisitos y fijaba las condiciones de las ayudas que posteriormente debían ser autorizadas por el Consejo de Ministros. En el caso de Air Europa, el Gobierno terminó aprobando el 3 de noviembre de 2020 una ayuda de 475 millones de euros, dividida entre un préstamo participativo de 240 millones y otro ordinario de 235 millones.

Por eso el juez ha incluido ahora a Aagesen en la batería de testigos. El instructor trata de reconstruir quién intervino en las distintas fases del expediente, qué información recibió cada uno de los responsables y cómo se adoptó la decisión que permitió conceder el rescate. De hecho, cuando abrió la causa, Escribano ordenó identificar a los miembros del Consejo Gestor que participaron en las sesiones relativas a Air Europa, así como a los invitados, los técnicos que instruyeron el expediente y los abogados del Estado que elaboraron los informes.

La actual vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica ya ha tenido que explicar públicamente su papel en aquel procedimiento. En una comparecencia parlamentaria en julio, Aagesen confirmó que los miembros del Consejo Gestor recibían los criterios de elegibilidad elaborados por los departamentos de la SEPI y asesores externos. Preguntada específicamente por la presencia de Manuel de la Rocha en las reuniones relacionadas con Air Europa, aseguró no recordarla, aunque señaló que el mecanismo permitía la asistencia de invitados.

La actual vicepresidenta tercera tendrá que comparecer, por tanto, en un momento especialmente sensible del calendario político: el lunes 23 de noviembre, a menos de una semana de las elecciones generales. La campaña electoral habrá entrado entonces en su tramo final y terminará cuatro días después, el viernes 27.

Errejón, citado por su “curiosidad”

La otra citación que destaca por el perfil del testigo es la de Íñigo Errejón. El exdiputado no formaba parte del Consejo Gestor del FASEE ni intervino en la decisión administrativa que desembocó en el rescate. Su relación con la operación se sitúa en el ámbito parlamentario: en noviembre de 2020, cuando era diputado de Más País-Equo, registró junto a Inés Sabanés una pregunta dirigida al Gobierno para exigir explicaciones sobre las condiciones del rescate de Air Europa.

La iniciativa parlamentaria se presentó apenas unos días después de que el Consejo de Ministros aprobara, el 3 de noviembre de 2020, la ayuda pública de 475 millones de euros a la aerolínea. Errejón y Sabanés pusieron entonces el foco en las condiciones que debía asumir la compañía a cambio de recibir fondos públicos y cuestionaron que entre ellas no figurase ninguna de carácter climático o ambiental. En su escrito recordaban que el Congreso había aprobado meses antes las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, que establecían que las ayudas y préstamos públicos debían quedar vinculados a condiciones “ecológicas, sociales y económicas justas y sostenibles”.

Los dos diputados preguntaron expresamente al Ejecutivo si pensaba aplicar esas condiciones al rescate de Air Europa y si establecería algún tipo de condicionalidad ambiental o climática tanto para la aerolínea como para las futuras empresas que recibieran ayudas públicas o préstamos avalados por el Estado. La pregunta incidía además en el impacto ambiental del sector aéreo y en la obligación de las compañías beneficiarias de comprometerse con objetivos como el Acuerdo de París, la protección de la biodiversidad o la reducción de la brecha salarial.

El resto de testigos: quienes participaron en la tramitación del rescate

Junto a Aagesen y Errejón, el juez ha citado a otros nueve testigos que tuvieron distintos grados de vinculación con la operación. Entre ellos destacan Pedro Saura y Manuel de la Rocha, dos nombres que ya aparecieron en las primeras diligencias de la causa por su participación en reuniones relacionadas con el rescate. Saura era entonces secretario de Estado de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, mientras que De la Rocha ocupaba el cargo de director general de Asuntos Económicos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Ambos participaron en reuniones del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) sobre Air Europa, aunque lo hicieron como invitados y con voz pero sin voto.

La presencia de Saura tiene además un recorrido judicial previo. El actual presidente de Correos ya tuvo que declarar como testigo en el juicio del ‘caso Koldo’ por sus contactos con Air Europa durante la tramitación del rescate. En aquella causa explicó sus reuniones con Javier Hidalgo, entonces consejero delegado de la aerolínea, y su intervención en las gestiones relacionadas con la ayuda pública. Ahora deberá volver a explicar ante un juez qué papel desempeñó en la operación, esta vez dentro de una investigación centrada específicamente en la legalidad de la concesión de los 475 millones.

De la Rocha, por su parte, estuvo presente en la reunión del Consejo Gestor celebrada el 29 de octubre de 2020, en la que se dio el visto bueno a la operación antes de que el Consejo de Ministros aprobara definitivamente el rescate. Su presencia ya había llamado la atención del instructor cuando abrió la causa, hasta el punto de que el magistrado reclamó identificar a todos los miembros del órgano con derecho a voto, pero también a los invitados que habían participado en las reuniones en las que se abordó la ayuda a Air Europa.

Otro de los citados es Carlos San Basilio, que en el momento del rescate era secretario general del Tesoro y formaba parte de la estructura económica de la Administración implicada en la operación. También tendrá que declarar Ana de la Cueva, entonces secretaria de Estado de Economía y actual presidenta de Patrimonio Nacional; Pilar Paneque, que ocupaba la Subsecretaría de Hacienda; y Raül Blanco, entonces secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y posteriormente presidente de Renfe. Todos ellos formaban parte del entramado administrativo que participó en el análisis de las solicitudes al FASEE.

La lista se completa con Francisco Javier Loriente Sainz, secretario general y director de Asuntos Jurídicos de la SEPI y secretario del Consejo Gestor; Miguel Ángel González Suela y José Ángel Pertearroyo, también vinculados a la estructura de la SEPI.

Las declaraciones se repartirán en dos jornadas. El 23 de noviembre, a las 9.30 horas, comparecerán Aagesen, De la Cueva, Paneque, Loriente y Blanco. Un día después será el turno de González Suela, San Basilio, Saura, De la Rocha, Pertearroyo y Errejón.

La ronda de declaraciones supone un nuevo avance en una investigación que arrancó el pasado junio, cuando el juez admitió las querellas presentadas por PP y Vox y acordó investigar al vicepresidente de la SEPI Bartolomé Lora por un presunto delito de prevaricación administrativa. El instructor trata de esclarecer cómo se gestó y tramitó el rescate de Air Europa, quién intervino en cada una de sus fases y si se respetaron los requisitos establecidos para acceder a los fondos públicos.