El Gobierno volverá a llevar mañana al Consejo de Ministros los dos decretos de vivienda que el Congreso rechazó el pasado viernes, con el objetivo de buscar una vía para que puedan ser convalidados por la Diputación Permanente una vez disueltas las Cortes. Según adelanta El País, La Moncloa trabaja todavía en la redacción definitiva de los textos y estudia si recuperarlos tal y como fueron aprobados la semana pasada o introducir cambios para facilitar su tramitación.
La maniobra se produce después de que Pedro Sánchez haya anunciado este lunes el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, una decisión comunicada tres días después de que PP, Vox y Junts unieran sus votos para tumbar los dos reales decretos-ley de vivienda. El presidente ha justificado la convocatoria anticipada con la necesidad de obtener una mayoría parlamentaria más amplia para poder desarrollar su programa.
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El Ejecutivo no queda en funciones con el anuncio electoral. Hasta la celebración de los comicios y la posterior formación de un nuevo Gobierno, mantiene sus plenas atribuciones y puede seguir aprobando decretos-leyes siempre que concurran los requisitos constitucionales de extraordinaria y urgente necesidad. La clave estará después en quién debe convalidarlos: si las Cortes ya están disueltas, esa competencia corresponde a la Diputación Permanente del Congreso. Así lo establece el artículo 78 de la Constitución, mientras que el artículo 86 fija que los decretos-leyes deben ser sometidos a convalidación dentro de los 30 días siguientes a su promulgación.
La fórmula que estudia el Gobierno permitiría, por tanto, aprobar de nuevo los textos antes de la disolución de las Cortes y trasladar su convalidación a este órgano reducido. La Diputación Permanente está integrada actualmente por 69 miembros y sustituye al Pleno cuando las Cortes han sido disueltas, entre otras funciones, para decidir sobre la convalidación o derogación de los decretos-leyes.
El primer decreto, con opciones de salir adelante
La principal prioridad de La Moncloa es recuperar el llamado decreto Maricarmen, el paquete de medidas destinado a reforzar la protección de las personas vulnerables frente a los desahucios y a introducir distintas medidas sobre el mercado de la vivienda. El primer decreto, oficialmente el Real Decreto-ley 26/2026, incluía una extensión del denominado escudo social frente a los desahucios hasta finales de 2030, además de medidas para ampliar la oferta de vivienda asequible, limitar determinadas adquisiciones de inmuebles y reforzar la protección de los arrendatarios. También contemplaba modificaciones fiscales relacionadas con el IRPF, el IVA, el Impuesto de Sociedades y el IBI.
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Ese texto fue rechazado el viernes en el Congreso por 172 votos a favor y 178 en contra. El voto de Junts resultó determinante después de que la formación de Carles Puigdemont decidiera finalmente votar en contra de los dos decretos junto al PP y Vox.
Sin embargo, el reparto de la Diputación Permanente modifica sustancialmente la aritmética parlamentaria. El PSOE cuenta con 24 diputados en este órgano, Sumar con seis y los grupos minoritarios tienen una representación mucho más reducida. En el escenario que maneja el Gobierno, el apoyo de EH Bildu, ERC, Podemos y PNV permitiría alcanzar los 35 votos necesarios sobre un total de 69, dejando sin capacidad de bloqueo al representante de Junts. El primer decreto, además, ya había contado en el Pleno con el respaldo de esas formaciones, junto al del Gobierno.
El PNV es especialmente relevante porque su posición distingue los dos textos. La formación vasca respaldó el primer decreto, pero rechazó el segundo, que consideraba perjudicial para determinados propietarios. Esa diferencia explica que el Ejecutivo contemple posibilidades distintas para cada una de las normas.
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El Gobierno sostiene que el escudo antidesahucios contaba con un acuerdo previo con PNV, Coalición Canaria y Junts, aunque la formación catalana terminó votando en contra. Durante los días previos al Pleno, el Ejecutivo había defendido que buena parte de las demandas planteadas por Junts habían sido incorporadas al texto. La formación de Míriam Nogueras, sin embargo, rechazó finalmente ambos decretos y reclamó una nueva negociación.
El segundo decreto queda pendiente del PNV
Más complicada es la recuperación del segundo decreto de vivienda, el Real Decreto-ley 27/2026, destinado a reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler de vivienda habitual. El texto fue rechazado el viernes por 166 votos frente a 184 y su contenido no cuenta con el respaldo del PNV, por lo que la aritmética de la Diputación Permanente no permitiría reproducir el mismo resultado que en el primer paquete. Esta segunda norma incluía medidas para ampliar la duración efectiva de determinados contratos y garantizar una mayor estabilidad a los inquilinos. Su rechazo dejó sin efecto las medidas desde su entrada en vigor, apenas un día después de que el Congreso tumbara también el primer decreto.
La diferencia entre ambos textos es ahora uno de los principales problemas que debe resolver el Ejecutivo. La Moncloa estudia si puede recuperar las medidas de los dos decretos mediante nuevas normas y con qué redacción hacerlo, mientras intenta evitar que la nueva votación vuelva a quedar condicionada por el voto de Junts.
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La estrategia parte de una circunstancia que no existía cuando los decretos fueron llevados al Pleno: una vez disueltas las Cortes, Junts tendrá un único representante en la Diputación Permanente, frente al peso que mantiene en el Pleno del Congreso. La composición actual de este órgano es proporcional a la representación parlamentaria y cuenta con 27 miembros del PP, 24 del PSOE, seis de Vox, seis de Sumar y uno de cada uno de los grupos Republicano, Junts, EH Bildu, PNV y Mixto.
Ahora, con las elecciones fijadas para el 29 de noviembre, el Ejecutivo pretende activar esa vía. La cuestión inmediata es cómo quedarán redactados los nuevos decretos que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes y qué medidas del paquete rechazado el viernes podrán mantenerse para intentar superar la votación en la Diputación Permanente.
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