Sumar amenaza con no acudir al Consejo de Ministros si no se incluye un decreto de vivienda

Sumar ha comunicado que sus ministros no participarán en la próxima reunión del Consejo de Ministros si el Gobierno no lleva un paquete de medidas sobre vivienda para su aprobación. El plazo que maneja la formación es el martes, y recuerda que hace medio año ya recurrió a la misma estrategia: sus representantes no acudieron entonces a la reunión semanal del Ejecutivo por este mismo motivo.

El pulso llega tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que el miércoles pasado tuvo que dejar la vivienda de alquiler donde había pasado más de 70 años. Lo sucedido ha provocado movilizaciones en la calle y ha reabierto el debate sobre la vivienda tanto en el plano político como en el social.

“Que las casas sean para vivir y no para especular”

Este sábado, Sumar ha difundido un comunicado en el que enmarca el caso dentro de un problema mucho más amplio. “El desahucio de Maricarmen y la respuesta de la sociedad civil han mostrado de nuevo en su forma más cruda el gran problema que atraviesa nuestro país: la vivienda. La gran fábrica de la desigualdad de nuestra sociedad. La herida por la que se desangra nuestra democracia”, sostiene el texto, que a continuación resume su objetivo político: “No vivir pendiente de que le renueven el contrato del alquiler, no tener miedo a quedarse en la calle, que las casas sean para vivir y no para especular”.

El comunicado repasa también un episodio previo de fricción dentro del Ejecutivo. “Hace apenas seis meses nuestros Ministros tuvieron que negarse a entrar en el Consejo de Ministros para que los ministros del PSOE aceptasen aprobar el decreto que prorrogaba los alquileres y justo la semana pasada llevamos una ley al Congreso para prohibir la compra de vivienda por fondos buitres en la que el PSOE se abstuvo”, señala el texto, antes de añadir: “No hemos dejado de hacerlo y no vamos a dejar de hacerlo”.

Entre las medidas que reclama Sumar para el decreto figuran la prórroga reforzada de los alquileres, la protección de las familias frente a los desahucios y frente a los fondos buitre, y la regulación de los usos especulativos de la vivienda, incluidos los pisos turísticos y el fraude en los alquileres de temporada o por habitaciones. A esto se suman dos peticiones directamente ligadas al caso de Maricarmen: “La recuperación de la vivienda de Maricarmen y la renovación automática de los contratos de alquiler, para que nadie tenga que dejar su hogar porque alguien quiera hacer negocio con él”.

El comunicado también apunta a los partidos de la oposición. “Ante esta situación límite, las derechas han decidido contribuir una y otra vez al problema: han tumbado en reiteradas ocasiones el escudo antidesahucios, han votado contra cualquier medida que prohíba a unos pocos forrarse a costa de las casas de todos”, afirma el texto, que añade: “Precisamente en una semana como esta, las vemos esconderse: el PP, para que no se hable del ático de lujo de 6,3 millones que el Gobierno de Ayuso se compró con dinero público mientras no hacía nada por evitar el desahucio de Maricarmen; Vox, porque ha quedado demostrado que su prioridad son los fondos buitre y no sus compatriotas a los que desahucian”.

Sumar traslada la responsabilidad al conjunto del Gobierno. “Este acuerdo es responsabilidad del gobierno del que formamos parte, un Gobierno que nació precisamente con ese mandato. El PSOE no se puede poner más de perfil”, indica el comunicado, que insiste en que “las soluciones llevan meses sobre la mesa” y cierra con una advertencia directa sobre la reunión del martes: “Nos plantamos hace medio año y nos volveremos a plantar el martes si hace falta”.

En términos prácticos, la ausencia de los ministros de Sumar no impediría que el resto del Ejecutivo aprobase el decreto: de los 22 ministros que componen el Gobierno, solo cinco pertenecen a Sumar, de modo que el bloque del PSOE cubre de sobra el mínimo necesario para que la reunión sea válida y las decisiones salgan adelante por mayoría. El verdadero examen llegaría después, en el Congreso, donde cualquier decreto debe someterse a votación en un plazo máximo de 30 días, sin posibilidad de modificarlo, y donde PSOE y Sumar juntos solo suman 146 diputados, lejos de la mayoría necesaria para sacarlo adelante sin más apoyos.