El parón estival ha funcionado históricamente para Sánchez. El presidente ha sabido aprovechar siempre el apagón informativo para remontar los resultados de las encuestas cuando su partido llegaba al final del curso parlamentario con la lengua fuera. Lo hizo en 2024, cuando el presidente se tomó cinco días de reflexión tras la imputación de su esposa. También en 2025, tras el estallido del caso Cerdán, un golpe demoledor del que todavía se siguen resintiendo.
La misión del Ejecutivo en el pasado curso era llegar al parón veraniego con vida. Y aunque se logró, la calma fue simbólica porque el verano no ha dado tregua: primero fueron los incendios en julio, que obligaron al presidente a desplazarse a las zonas afectadas. Después, cuando Sánchez estaba instalado en el Palacio de La Mareta -su residencia vacacional habitual- para tomarse unos días de descanso, ocurriría la mayor avalancha migratoria tras la Marcha Verde.
De manera repentina y con Marruecos mirando hacia otro lado, 70.000 personas cruzaron la frontera española sin apenas resistencia, rebasando durante horas una ciudad cuya población es de poco más de 80.000 habitantes. Casi un mes después, y con gran parte de los migrantes retornados, las causas siguen siendo difusas y la ciudad autónoma está lejos de la normalidad, con miles de personas deambulando todavía en las calles, entre críticas de la policía y los tribunales, que piden refuerzos para afrontar la sobrecarga.
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En el plano político, la crisis ha servido de arma arrojadiza para la oposición, que culpa al presidente de haberse escondido durante la crisis y de haber usado como “escudos humanos” a los ministros. Especialmente rentable está siendo para Vox, quien ha visto un terreno fértil para hablar de su tema favorito: la inmigración y la inseguridad.
Ceuta abrirá así un curso parlamentario de alto voltaje, con un hemiciclo enfurecido por la lenta respuesta de Madrid y la poca contundencia diplomática con Rabat. Esta semana tendrá lugar la ronda de comparecencias de hasta ocho ministros, que deberán dar explicaciones sobre su papel 26 días después, coincidiendo además con la reunión del Consejo de Seguridad Nacional presidido por Sánchez.
Cuenta atrás para reactivar a la militancia
Septiembre activará la cuenta atrás para las elecciones de 2027 y Ceuta podría trastocar el calendario político de Moncloa, diseñado completamente en la precampaña electoral con la esperanza de reactivar a los militantes, simpatizantes y votantes progresistas que siguen en estado de shock por la corrupción. “Queda un año para culminar la legislatura y las reformas”, insistió el líder del Ejecutivo en su balance del curso realizado el pasado 27 de julio.
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En los últimos días de actividad en la Cámara Baja, el líder socialista tuvo que tragar con la aprobación de una moción en el último pleno en la que los grupos le exigían su dimisión y un adelanto electoral. Y en los tribunales, con autos demoledores que han condenado a su exministro de Transportes y al exfiscal general del Estado; y que han imputado a su hermano, su esposa y miembros del partido. Todo esto seguirá, con Ceuta como ruido de fondo.
Los presupuestos y la financiación autonómica, el programa electoral para salir del pozo
En este contexto, están marcados en rojo los Presupuestos Generales del Estado, un compromiso que lleva sin cumplir tres años y que Sánchez prometió que se presentaría “con o sin apoyos” a la vuelta del verano. El PSOE pretende hacer de las cuentas públicas su programa electoral, con su previsible derrota en el hemiciclo como la excusa para convocar las elecciones.
El proyecto nunca tuvo visos de ser aprobado, una realidad de la que es consciente el Gobierno de coalición. Junts ya ha dicho por activa y por pasiva que no votarán a favor, una posición que ha sido refrendada con dos rechazos a la senda de déficit (paso previo a la presentación de los presupuestos). Son varios los motivos que ha esgrimido el partido de Carles Puigdemont. Uno evidente es que tiene su lucha particular contra el PSOE en Catalunya, donde los posconvergentes actúan como oposición a los socialistas en el Parlament, presionados a su derecha por el avance de Aliança Catalana.
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Desde el bloque progresista, Podemos también considera que la maniobra solo tiene un “fin electoralista” y, en todo caso, los de Ione Belarra han advertido en varias ocasiones que tumbarían las cuentas públicas si se dedican fondos a aumentar el gasto en Defensa.
El segundo asunto de gran calado es el modelo de financiación autonómica. El Gobierno tiene en contra a todas las comunidades del PP, que han rechazado en bloque la propuesta de Hacienda porque “se ha diseñado a espaldas de todas las demás”. Por su parte, el portavoz del partido de Carles Puigdemont, Josep Rius, ya ha confirmado que presentarán una enmienda a la totalidad, al igual que el partido de Alberto Núñez Feijóo y Vox.
Reactivar la vivienda
La vuelta al cole tiene pendientes varias iniciativas sociales, entre ellas, la importante votación sobre el decreto de alquileres, la medida social abanderada por el socio minoritario. El ministro de Sumar, Ernest Urtasun, asegura que el borrador recoge las propuestas de todos los grupos —a excepción de Vox, que no está incluido en las conversaciones, y del PP, que se negó a sentarse—.
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A pesar de ello, el Gobierno se ha encontrado con un difícil rompecabezas. Podemos exige medidas más duras para limitar los precios del alquiler, frenar la especulación y proteger a los inquilinos frente a los desahucios. Por la otra parte, Junts no quiere hablar de intervención estatal intensa en el mercado y reclama una mayor protección para los pequeños arrendadores. Para intentar salvar esa distancia, el Gobierno ha estudiado combinar la moratoria de los alquileres, una de las demandas de la izquierda, con bonificaciones fiscales en el IRPF para los caseros, como pide el partido de Carles Puigdemont. Además, el PNV ha exigido una modificación de la ley de suelo, una medida que los de Ione Belarra han calificado de “línea roja” para su apoyo.
¿El revulsivo internacional?
En el panorama internacional, Ceuta ha agravado el aislamiento del presidente socialista, señalado por algunos de sus colegas europeos por sus políticas migratorias de puertas abiertas. Sánchez, no obstante, tendrá una oportunidad para relanzar su papel en varias citas internacionales clave previstas en la segunda mitad del año. En septiembre tendrá lugar uno de los dos viajes programados a Estados Unidos y en el que coincidirá con el presidente de ese país, Donald Trump, con quien ha protagonizado varios choques diplomáticos, el último de ellos por la crisis migratoria. Será en Nueva York con motivo de la apertura del periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, ante la que se prevé que Sánchez pronuncie un discurso en representación de España.
Madrid albergará la 30.ª Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Madrid con el lema “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”. Sánchez será el anfitrión en un momento de derechización en los países al otro lado del charco. Junto con el líder brasileño, Lula da Silva, el jefe del Ejecutivo español se ha consolidado como referente de la izquierda en Europa y América. Tres meses más tarde, en diciembre, Sánchez volverá a verse las caras con Trump en la cumbre de líderes del G20 que organizará el presidente estadounidense.
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