Islandia decidirá en agosto intentar entrar en la Unión Europea con la inestabilidad en el Ártico, el euro y la pesca como telón de fondo: “La UE no es un escudo mágico”

El 29 de agosto, Islandia celebra un referéndum para decidir si debe reabrir las negociaciones de adhesión a la Unión Europea (UE), un proceso que permanece suspendido desde 2013. La consulta no es sobre la entrada a la UE, sino que pregunta a la ciudadanía si el país debe retomar el diálogo con Bruselas para explorar los términos de una posible incorporación.

La relación de Islandia con la UE es estrecha aunque no esté formalizada. El país forma parte del Espacio Económico Europeo (EEE) desde 1994 y del Espacio Schengen desde 2001, lo que le permite mantener relaciones económicas y de movilidad con los países del bloque sin haber formalizado la adhesión.

El recorrido de Islandia hacia una posible adhesión a la UE acumula ya casi dos décadas. En julio de 2009, el país presentó su solicitud de ingreso. En febrero de 2010, la Comisión Europea emitió su opinión favorable y en julio de ese mismo año arrancaron oficialmente las negociaciones.

Antes de la suspensión en 2013, se abrieron 9 capítulos de negociación y se cerró provisionalmente uno. En la última conferencia de adhesión, celebrada en diciembre de 2012, se abrieron 6 capítulos más y se cerró otro provisionalmente, lo que elevó a 27 el total de capítulos abiertos, de los cuales 11 se cerraron de forma provisional desde el inicio de las conversaciones en junio de 2010. Tras las elecciones parlamentarias de abril de 2013, el nuevo gobierno decidió suspender las negociaciones de adhesión y estableció que solo se reanudarían si así lo aprobaba un referéndum.

El nuevo empujón al proceso tiene que ver en gran medida con la acción de partidos como el Partido Liberal Reformista (Viðreisn), que ya en 2024 logró incluir en el acuerdo de coalición el compromiso de celebrar este referéndum “a más tardar en 2027”.

Las posiciones de los partidos han sido decisivas en el avance o bloqueo de las negociaciones, algo que ya ocurrió entre 2009 y 2013, cuando la Alianza Socialdemócrata impulsó la candidatura con una mayoría parlamentaria muy ajustada y sin consenso social amplio. Los principales escollos nunca llegaron a negociarse en profundidad: la agricultura y, sobre todo, la pesca.

Con la guerra de Ucrania de fondo y una competencia internacional cada vez mayor en el Ártico —China acaba de inaugurar el primer tránsito programado en la zona, con la naviera Sea Legend ofreciendo un servicio regular—, Islandia afronta ahora una coyuntura estratégica de peso. Aunque la seguridad de Islandia sigue garantizada por la OTAN, la menor implicación de Estados Unidos en Europa y las tensiones internas recientes en torno a Groenlandia han favorecido un acercamiento del país a la Unión Europea, si bien la gestión de la pesca continúa siendo un asunto controvertido.

Desde el gobierno islandés, la ministra de Asuntos Exteriores, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, sostiene que el contexto internacional refuerza la posición negociadora del país y que la UE está más dispuesta a aceptar excepciones para Islandia. El comisario europeo de Pesca, Costa Kadis, ha reconocido que “definitivamente hay margen para la flexibilidad” en este ámbito, aunque no está claro que sea suficiente para el sector pesquero islandés.

¿Debe Islandia reanudar las negociaciones de adhesión con la Unión Europea?

La pregunta planteada es clara: “¿Debe Islandia reanudar las negociaciones de adhesión con la Unión Europea?”. Las encuestas más recientes reflejan un empate técnico: un sondeo realizado por Gallup para la organización Áfram Ísland muestra que el 46% de los consultados apoya la reapertura de las conversaciones, otro 46% se opone y un 8% permanece indeciso. Otros estudios, como el realizado por Maskína, apuntan a una ligera ventaja para el “sí”, aunque la diferencia es mínima y sigue siendo representativa de la falta de consenso que existe en el país en este asunto.

El debate en la sociedad islandesa gira en torno a la soberanía. La independencia nacional, lograda en 1944 tras siglos de vinculación con Dinamarca, es un argumento central para quienes se oponen a la integración europea. Por su parte, quienes apuestan por la reapertura de las negociaciones argumentan que solo una sólida alianza con naciones europeas afines puede fortalecer la soberanía del país nórdico. Gudrun Hafsteinsdottir, líder del Partido de la Independencia (el principal partido de la oposición islandesa), sostiene que “la UE no es un sustituto de la OTAN y la adhesión a la UE no es un escudo mágico contra los riesgos geopolíticos”.

La industria pesquera, el principal obstáculo

El sector pesquero es uno de los principales focos de debate. La pesca y el turismo son pilares económicos; el pescado y el marisco suponen cerca del 40% de las exportaciones, el 8% del PIB y el 4% del empleo. En las zonas rurales, la oposición a la UE es especialmente elevada, alcanzando el 80% según algunas encuestas.

Los temores del sector se centran en la posible pérdida de control sobre los caladeros nacionales y en el impacto de las cuotas pesqueras europeas. Ágúst Jóhannesson, trabajador del sector, advierte citado por Euronews que la apertura del mercado europeo facilitaría la entrada de grandes empresas extranjeras y podría transformar el modelo minoritario que predomina en la industria pesquera islandesa. Para Gudrun Hafsteinsdottir, la pesca forma parte del ADN y la independencia islandesa: “Es totalmente inaceptable compartir la pesca con otros países. Nunca lo aceptaremos”.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, ministra de Asuntos Exteriores, decía en mayo que, si se llegaban a retomar las negociaciones, la Unión Europa tendría que tener en cuenta que Islandia es “una superpotencia” pesquera en Europa y que, “si no lo hace, será muy difícil” cualquier negociación: “Vivimos una realidad diferente aquí en Islandia que en el continente europeo. La pesca forma parte de nuestra identidad nacional”, dijo. A la vez, sin embargo, considera que “si se dice que no, se están cerrando muchas puertas”: “Si se dice que no, temo que Islandia quede bastante sola”.

Agricultores como Stefán Geirsson temen que la plena adhesión a la UE provoque una avalancha de importaciones agroalimentarias más baratas, con las que la producción local no podría competir. Citando el caso de Finlandia tras su ingreso en la UE, señalan que el precio de los productos agrícolas cayó en un 40% y muchas explotaciones tuvieron que cerrar.

Los representantes de las plataformas euroescépticas, como Haraldur Ólafsson para Euronews, insisten en que alrededor del 75% de la legislación islandesa ya está alineada con la normativa comunitaria en ámbitos sociales, medioambientales y económicos, por lo que consideran innecesario un paso adicional hacia la plena integración. Argumentan también diferencias estructurales y culturales, y advierten sobre los costes de la adhesión.

Quienes apoyan el “sí”, por su parte, sostienen que la adhesión permitiría la adopción del euro - en Islandia se utiliza la corona islandesa- y contribuir a reducir la inflación, situada en torno al 5,2%, el doble que la media comunitaria, así como abaratar los tipos de interés, que actualmente triplican los del Banco Central Europeo.

Argumentan que la estabilidad económica y la capacidad de influencia en la elaboración de políticas europeas serían mayores si Islandia se convierte en miembro de pleno derecho. Además, subrayan que la pertenencia a la UE reforzaría la seguridad y la protección frente a amenazas externas.

Dadi Mar Kristofersson, ministro de Finanzas, considera que los intereses islandeses económicos y de seguridad se verían “bien servidos” si Islandia acabase formando parte de la UE. “Europa debe valerse por sí misma”, dijo, lo que pone a Islandia frente a “una elección: servir como base militar estadounidense vital para los intereses de Estados Unidos”, o integrarse en la UE.

El referéndum del 29 de agosto solo decidirá si se reanudan o no las negociaciones. Si el resultado es afirmativo, comenzará un nuevo proceso de diálogo con Bruselas centrado en los sectores más sensibles; y si se alcanza un acuerdo, la decisión definitiva sobre la adhesión se llevará de nuevo a consulta popular. El gobierno ha asegurado que respetará el resultado y que la ciudadanía tendrá la última palabra sobre cualquier paso hacia la integración europea.