El gran pacto climático que el Gobierno vuelve a reclamar tras los incendios: estas son las 80 medidas con las que quiere preparar a España para fenómenos extremos

Mientras los incendios siguen obligando a movilizar decenas de efectivos y a evacuar a miles de personas en distintos puntos de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a defender la necesidad de sacar adelante el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. El Ejecutivo sostiene que la actual ola de incendios demuestra la necesidad de alcanzar un acuerdo de país para responder a fenómenos extremos, pero ¿en qué consiste realmente esa propuesta que lleva casi un año sobre la mesa?

Durante sus visitas a las zonas afectadas, Sánchez ha insistido en que España necesita una estrategia común para afrontar un escenario en el que los grandes incendios, las olas de calor, las inundaciones o las sequías son cada vez más frecuentes. Frente a ello, el Partido Popular ha evitado pronunciarse sobre el pacto en sí y ha defendido que, mientras continúe la emergencia, la prioridad debe ser apagar los fuegos y atender a los afectados.

Aunque estos días se habla de él como si fuera un acuerdo específico contra los incendios, lo cierto es que la propuesta del Gobierno tiene un alcance mucho mayor. Los grandes fuegos forestales son uno de sus pilares, pero el documento elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aspira a convertirse en una hoja de ruta para adaptar el país a los efectos de la emergencia climática en todos los ámbitos.

Un pacto que va mucho más allá de los incendios

El origen de esta iniciativa se remonta a septiembre de 2025, cuando el Gobierno presentó oficialmente el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática tras una campaña de incendios especialmente devastadora. La idea era impulsar un acuerdo estable que no dependiera de los cambios de Gobierno y que implicara a todas las administraciones, además de la comunidad científica, las empresas, los sindicatos, las universidades, las organizaciones sociales y la ciudadanía.

La filosofía del documento parte de una idea que el Ejecutivo ha repetido en varias ocasiones: la emergencia climática ya no puede afrontarse únicamente cuando se produce una catástrofe. El objetivo, sostiene, es anticiparse a los riesgos y reforzar la capacidad de respuesta del país antes de que ocurran.

Sobre esa base, el Ministerio elaboró una propuesta estructurada en 15 ejes y 80 medidas que buscan reforzar la capacidad de respuesta del país ante los efectos del cambio climático. El texto abarca ámbitos muy distintos, desde la prevención de incendios forestales hasta la planificación urbana, la protección de las infraestructuras críticas o la gestión del agua, con el objetivo de que las administraciones actúen de forma coordinada antes, durante y después de una emergencia.

Uno de los bloques más amplios está dedicado precisamente a los incendios forestales. El documento plantea cambiar el enfoque y pasar de una política centrada casi exclusivamente en la extinción a otra basada en la prevención durante todo el año. Para ello propone impulsar una gestión forestal más activa, reducir el combustible vegetal acumulado en los montes, fomentar el aprovechamiento de la biomasa, recuperar actividades tradicionales como el pastoreo extensivo y adaptar las actuaciones a las características de cada territorio para reducir el riesgo de que se produzcan grandes incendios.

El pacto también contempla reforzar los sistemas de Protección Civil y de alerta temprana para que las administraciones puedan anticiparse a fenómenos extremos y coordinar mejor la respuesta cuando se produzcan. En paralelo, apuesta por aumentar la resiliencia de las ciudades mediante la creación de una red de refugios climáticos y la adaptación de los espacios urbanos frente a episodios de calor extremo.

Otro de los ejes se centra en la gestión de los recursos hídricos y la adaptación de sectores especialmente vulnerables, como la agricultura, la ganadería o los ecosistemas naturales, con medidas orientadas a hacer frente a la sequía y a preservar la biodiversidad. El documento también incluye actuaciones para reforzar la investigación científica, mejorar la generación y el intercambio de datos climáticos y combatir la desinformación sobre la emergencia climática, con la idea de que las decisiones públicas se apoyen en la evidencia científica.

La propuesta incorpora, además, medidas dirigidas a proteger las infraestructuras esenciales y los servicios básicos frente a fenómenos meteorológicos extremos, promover la colaboración entre todas las administraciones y favorecer la participación de empresas, universidades, organizaciones sociales y ciudadanía en las políticas de adaptación. El Gobierno defiende que solo un enfoque transversal permitirá responder a una emergencia climática que, sostiene, ya afecta a prácticamente todos los ámbitos de la vida económica y social.

¿Por qué sigue bloqueado?

Pese a que el Ejecutivo presentó el pacto hace casi un año y lo ha reivindicado de nuevo durante la actual crisis de incendios, la iniciativa continúa sin materializarse. El Gobierno sostiene que el texto nació con vocación de consenso y recuerda que durante su elaboración participaron más de 1.300 organizaciones y se recibieron cerca de 4.000 aportaciones. Sin embargo, ese consenso todavía no se ha trasladado al terreno político.

El Partido Popular ha mostrado desde el principio sus reservas sobre el planteamiento del Ejecutivo. Aunque comparte algunas medidas relacionadas con la prevención y la gestión forestal, considera que el Gobierno ha centrado excesivamente el debate en el cambio climático y reclama priorizar actuaciones como la limpieza de los montes, el apoyo al mundo rural o el refuerzo de los medios de extinción.

Las reticencias tampoco se limitan al principal partido de la oposición. Algunas formaciones nacionalistas han expresado su rechazo al considerar que determinadas medidas podrían afectar al reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas, mientras que Vox también se ha desmarcado de la propuesta.

Por el contrario, el Ejecutivo considera que la situación actual evidencia la necesidad de sacar adelante el acuerdo. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha insistido durante las últimas semanas en la conveniencia de alcanzar un “pacto de país” para responder a una emergencia climática que, a juicio del Gobierno, ya está teniendo consecuencias cada vez más visibles sobre el territorio.