La dificultad de garantizar pensiones suficientes en una sociedad cada vez más envejecida ha reabierto el debate sobre el papel que debe desempeñar el ahorro complementario en España. Mientras el sistema público de pensiones continúa siendo el eje de la protección social, distintos expertos vienen defendiendo desde hace años la necesidad de reforzar los mecanismos de previsión privada vinculados al empleo. En ese contexto, el llamado autoenrolment —la afiliación automática de los trabajadores a planes de pensiones de empresa— vuelve a situarse en el centro de la discusión.
El foro de expertos del Instituto BBVA de Pensiones y Longevidad sostiene que este mecanismo, implantado ya en varios países europeos y anglosajones, podría convertirse en una de las herramientas más eficaces para ampliar el ahorro destinado a la jubilación. Así lo recoge en su informe Pensiones basadas en el ‘autoenrolment’. Principios y mejores prácticas internacionales que España podría seguir, en el que se analizan los resultados obtenidos en otros países y se plantean las bases para una eventual adaptación al sistema español.
El informe, elaborado por José A. Herce, Mercedes Ayuso y Jorge Bravo, con la colaboración de Edward Palmer, Rafael Doménech, Luis Vadillo y Juan Manuel Mier, parte de un diagnóstico conocido: España continúa mostrando un desarrollo muy limitado de las pensiones complementarias en comparación con otras economías europeas, pese a los sucesivos intentos por incentivar este tipo de ahorro.
PUBLICIDAD
Del “apuntarse” al “salirse”
La principal diferencia del sistema de afiliación automática respecto al modelo tradicional radica en el punto de partida. En lugar de que sea el trabajador quien solicite incorporarse a un plan de pensiones de empleo, la empresa lo inscribe automáticamente cuando comienza la relación laboral. Quien no quiera participar puede abandonar el sistema de forma voluntaria dentro del plazo previsto.
Aunque el cambio pueda parecer menor desde un punto de vista jurídico, los expertos sostienen que modifica profundamente el comportamiento de los trabajadores. El modelo se apoya en los principios de la economía del comportamiento, disciplina que ha demostrado cómo las decisiones individuales están condicionadas por factores como la inercia o la tendencia a mantener la opción establecida por defecto.
En la práctica, la afiliación automática convierte el ahorro para la jubilación en la decisión inicial, sin eliminar la libertad de elección. La experiencia internacional muestra que la mayoría de los trabajadores mantiene su participación una vez ha sido inscrita, lo que incrementa significativamente la cobertura de los sistemas de pensiones de empleo.
PUBLICIDAD
La experiencia internacional
El caso más citado es el de Reino Unido, donde el sistema comenzó a aplicarse en 2012. Desde entonces, la cobertura de los planes de pensiones de empleo ha pasado de aproximadamente el 47% de los trabajadores a situarse en torno al 90%, según recoge el informe. Los fondos acumulados superan ya los 115.000 millones de libras esterlinas.
Otros países, como Irlanda, Nueva Zelanda, Italia, Polonia, Turquía o Lituania, también han desarrollado fórmulas de afiliación automática adaptadas a sus respectivos mercados laborales. Aunque existen diferencias en los niveles de aportación, los incentivos fiscales o la gestión de los fondos, todos comparten una misma lógica: facilitar que el ahorro se produzca sin exigir una decisión activa por parte del trabajador.
Para los autores del informe, estos precedentes demuestran que el diseño institucional puede resultar tan determinante como los incentivos económicos a la hora de fomentar el ahorro finalista a largo plazo.
PUBLICIDAD
El retraso español
El documento considera que el sistema español de previsión complementaria continúa mostrando una dimensión reducida. El patrimonio acumulado en planes de empleo y planes individuales apenas representa el 23,5% del producto interior bruto, una cifra muy alejada de la registrada en otros países europeos donde estos instrumentos llevan décadas desarrollándose.
Los expertos también advierten de que las aportaciones netas siguen siendo negativas y que el capital medio acumulado por los trabajadores resulta insuficiente para generar un complemento significativo de la pensión pública. En muchos casos, señalan, las rentas adicionales apenas alcanzarían unas pocas decenas de euros mensuales.
A su juicio, las campañas de educación financiera impulsadas durante los últimos años no han logrado modificar de manera sustancial los hábitos de ahorro de la población, lo que obliga a explorar mecanismos distintos.
PUBLICIDAD
Un debate también jurídico
La posible implantación del ‘autoenrolment’ ha generado igualmente un debate sobre su encaje constitucional. Algunas interpretaciones consideran que la obligación de inscribir automáticamente a los trabajadores podría entrar en conflicto con el artículo 41 de la Constitución, que establece que las prestaciones complementarias serán libres.
El informe discrepa de esa interpretación. Sus autores sostienen que la libertad individual permanece intacta porque cualquier trabajador puede abandonar voluntariamente el plan tras su inscripción.
Además, recuerdan que el ordenamiento jurídico ya contempla mecanismos de protección social complementaria acordados mediante negociación colectiva y consideran que una interpretación amplia del texto constitucional permitiría incorporar este instrumento. En esa línea, concluyen que la afiliación automática sería compatible tanto con la Constitución española como con el marco normativo de la Unión Europea.
PUBLICIDAD
La hoja de ruta
Más allá del análisis comparado, el documento plantea varias recomendaciones para facilitar una eventual implantación del sistema en España. Entre ellas figura el diseño de un calendario de aplicación gradual, la definición de una contribución mínima compartida entre trabajadores y empresas, reforzada mediante incentivos públicos, y la creación de fondos de inversión predeterminados con estrategias adaptadas al ciclo vital de los partícipes.
Los expertos también consideran prioritario garantizar la portabilidad de los derechos cuando el trabajador cambie de empresa, mejorar la transparencia informativa, reforzar la educación financiera y diseñar mecanismos que permitan reducir la brecha de género en las pensiones, evitando que determinados colectivos queden excluidos del sistema.
Asimismo, plantean revisar las modalidades de cobro de las prestaciones para ofrecer soluciones que combinen liquidez y protección frente a riesgos como la longevidad o la dependencia.
PUBLICIDAD
El informe concluye que el desarrollo de un sistema de afiliación automática no pretende sustituir al sistema público de pensiones, sino complementar sus prestaciones mediante un mayor ahorro privado vinculado al empleo.
En un contexto marcado por el envejecimiento demográfico y el aumento del gasto en pensiones, los autores consideran que la experiencia de otros países ofrece una referencia que España debería estudiar con mayor profundidad antes de abordar las próximas reformas del sistema.