El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero estudia emprender acciones legales después de que se hayan incorporado al procedimiento judicial del caso Plus Ultra y hayan trascendido el contenido íntegro de sus agendas de 2024 y 2025, así como las conversaciones privadas que mantuvo con su secretaria, Gertrudis Alcázar. La posibilidad ha sido confirmada por fuentes de su entorno a EFE, que denuncian la difusión de documentación que, a su juicio, excede ampliamente el objeto de la investigación abierta en la Audiencia Nacional.
El malestar se ha instalado en el círculo más próximo al expresidente después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama remitiera a todas las partes personadas en la causa no solo el último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), sino también los anexos completos utilizados por los investigadores para elaborarlo. Entre ese material figuran más de mil páginas con el volcado íntegro del chat de WhatsApp entre Zapatero y Alcázar, además de las agendas completas del exdirigente socialista correspondientes a los dos últimos años.
La defensa del expresidente considera que antes de facilitar esa documentación debería haberse realizado un filtrado previo para separar la información relevante para la investigación de aquella que pertenece al ámbito estrictamente privado. Las fuentes consultadas sostienen que la difusión de agendas y conversaciones personales de quien fue presidente del Gobierno constituye una situación excepcional y cuestionan que no se haya efectuado ningún tipo de expurgo antes de incorporar el material al sumario.
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El origen de la polémica
La controversia nace a raíz del último informe elaborado por la UDEF, fechado el pasado 22 de junio. En ese documento, los investigadores sostienen que Zapatero habría cobrado 200.000 euros por realizar labores de intermediación en favor del grupo empresarial peruano Gloria ante el Gobierno de Bolivia. Según la Policía, esas gestiones buscaban evitar que la compañía afrontara una multa millonaria impuesta por la justicia boliviana.
Para llegar a esa conclusión, los agentes analizaron información obtenida del teléfono móvil de Gertrudis Alcázar, intervenido el pasado 19 de mayo, así como documentación localizada en la oficina que el expresidente mantiene en Madrid. A ello se sumaron las anotaciones contenidas en sus agendas y otros elementos que permitieron reconstruir reuniones, desplazamientos y contactos mantenidos durante los últimos años.
Dos años de actividad al descubierto
Las agendas incluidas en los anexos ofrecen una fotografía prácticamente completa de la actividad diaria del expresidente durante 2024 y 2025. En ellas aparecen viajes internacionales, reuniones políticas, encuentros empresariales, comidas de trabajo, actos institucionales y compromisos privados.
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Entre las anotaciones figuran desplazamientos a distintos países, entre ellos Bolivia, cuyas actividades son especialmente relevantes para la investigación policial. Pero también aparecen viajes a otros destinos como China, Turquía, Venezuela o República Dominicana, además de reuniones con representantes políticos de diferentes sensibilidades, empresarios, responsables editoriales y directivos de grupos de comunicación.
Las agendas también recogen encuentros con miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, con antiguos integrantes del Ejecutivo y con destacados dirigentes políticos. Se trata, en definitiva, de una relación exhaustiva de la actividad pública y privada desarrollada por el expresidente a lo largo de los dos últimos años.
Conversaciones más allá de la investigación
La misma discusión afecta al contenido de los mensajes intercambiados con Gertrudis Alcázar. Las conversaciones reflejan la intensa actividad diaria de coordinación entre ambos, pero también incluyen cuestiones completamente ajenas a la investigación. En esos chats aparecen gestiones relacionadas con viajes familiares, reservas hoteleras, encargos personales y otros asuntos cotidianos que nada tienen que ver con las sospechas que investiga la Audiencia Nacional.
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El teléfono de Alcázar se convirtió en una pieza clave para los investigadores después de que el juez rechazara autorizar la incautación del móvil personal de Zapatero o la entrada y registro en su domicilio. Como consecuencia, buena parte de las comunicaciones analizadas proceden de las conversaciones mantenidas entre el expresidente y su colaboradora más cercana.