El papa se va de Madrid, pero los problemas no se han ido para el Gobierno. En el último mes de curso parlamentario, la legislatura parece haber entrado en una fase de guerra de trincheras, en la que los movimientos están medidos únicamente para evitar sonadas derrotas. En las filas socialistas, la mayor preocupación es la de aislar al presidente del Gobierno frente a la corrupción que salpica a su entorno. La consigna es clara: llegar con vida al parón veraniego, dos meses sin actividad parlamentaria y con la judicial colgando el cartel de cierre por vacaciones.
El mes de mayo ha sido catastrófico para los ánimos del socio mayoritario del Gobierno, que en apenas dos semanas ha tenido que tragar con registros policiales en la sede del partido, la imputación del expresidente del Gobierno ―y tándem socialista―, José Luis Rodríguez Zapatero; y la apertura de una investigación sobre el uso de las cloacas para torpedear casos judiciales que afectan al PSOE. El Ejecutivo está decidido a cerrar filas con todo lo que esté en su mano, aunque eso suponga apoyar ciegamente la teoría de la conspiración judicial para “derribar” al Gobierno.
La oposición, por su parte, evita ejecutar movimientos precipitados que den alas al Gobierno, como puede ser una moción de censura sin visos de prosperar. En su lugar, está dispuesto a seguir subido en la cresta judicial y esperar a que la legislatura se acabe hundiendo por su propio peso, llevándose a los socios de Sánchez consigo. Ahora, Génova tampoco piensa estar de brazos cruzados y ya ha puesto a punto su maquinaria en el Senado para engrosar su agenda con la citación de los protagonistas de los numerosos sumarios en sus comisiones de investigación: la fontanera Leire Diez o la directora de la Guardia Civil lo harán este mes.
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Sentencias inminentes
De forma paralela, en los tribunales se espera que llegue de manera inminente la sentencia del juicio al hermano de Pedro Sánchez, que terminó su última vista este martes tras la revisión de todos los informes policiales y la declaración de decenas de testigos. Las acusaciones populares, que ejercen entre otros PP y Vox, reclaman ahora duplicar la pena de prisión para el hermano del presidente tras escuchar su declaración ante la jueza.
En los próximos días llegará también la “inminente” sentencia del caso mascarillas, que investiga una trama de mordidas en el Ministerio de Transportes, entonces dirigido por José Luis Ábalos, a cambio de contratos públicos. Durante las sucesivas vistas se han ido descafeinando por falta de pruebas importantes acusaciones, como que el presidente del Gobierno era “el número 1″ o que en el PSOE existía una caja B. Y dentro de la gravedad de los hechos, el PSOE se aferra a la poca información para tratar de tranquilizar a sus filas.
Zapatero y Leire Díez, los últimos escándalos
Y por si fuera poco, las miradas están puestas ahora en la citación del expresidente Zapatero en la Audiencia Nacional, el 17 y 18 de junio, donde deberá aclarar todos los vacíos y afirmaciones en el extensísimo sumario de la UCO, que le apunta como jefe de una red de tráfico de influencias y blanqueo de dinero. La imputación de Zapatero fue un “shock” para el partido y los socios.
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La última piedra en la mochila de Sánchez ha sido el escándalo Leire Díez, vinculado al uso de las cloacas por parte de Santos Cerdán para impedir el avance de las investigaciones judiciales que afectaban al partido. El Gobierno, de la mano de la portavoz Elma Saiz, insiste en que Pedro Sánchez nunca se vio con Leire Díez ni supo de sus “andanzas”. La investigación policial reúne una decena de conversaciones, mensajes y testimonios de terceros en los que se menciona a Pedro Sánchez como “el one”, “el jefe” o “el Presidente”, pero no figura como interlocutor en las conversaciones que han trascendido del sumario. En los últimos días ha sido citada en calidad de testigo la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ya en el próximo mes de julio tras constatar una conversación de Díez con Narbona a través de WhatsApp el 24 de abril de 2024.
Los socios de Sánchez piden salir del shock
El reguero de casos judiciales deja a los socios de Sánchez en un mar de dudas, a la espera de la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados prevista para finales de este mes, casi un mes después del estallido del caso Zapatero.
Desde el PNV no esconden su posición y dan por muerta la legislatura tras el “noveno caso” judicial abierto, mientras que desde Sumar piden al socio mayoritario que salga del “shock” y “acelere y desbloquee” las reformas pendientes, “sin esperar ni un minuto más”, especialmente en materia de vivienda. Sin embargo, en las filas socialistas no están dispuestos a adentrarse en batallas que se prevén perdidas mientras Junts per Catalunya permanezca en el ‘no’ sistemático. La única batalla que parece dispuesta a combatir el presidente del Gobierno es la de aprobar los presupuestos de 2027, a pesar de que la tarea se presenta imposible por el rechazo de los de Carles Puigdemont.
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