José David Carracedo nunca imaginó que la vida en su propia casa fuera a ser tan complicada. El edificio donde reside, ubicado en la calle José Bielsa en el barrio madrileño de Usera, fue desalojado en 2021 y posteriormente rehabilitado para el alquiler en 2022, tras la compra de la empresa Divarian a la SAREB —más conocido como el banco malo— por un valor inferior al de mercado, y desde entonces, asegura, “todo han sido problemas”. Divarian, una sociedad gestionada por el fondo estadounidense Cerberus Capital Management, que cuenta con más de 7.000 viviendas en toda España, se niega a arreglar los desperfectos de las viviendas, ya sean inundaciones, humedades, roturas en las puertas del garaje o la presión del agua. El objetivo de la firma “es vender el bloque con los inquilinos dentro”, pese a que sus contratos de alquiler siguen vigentes.
“Los fondos buitre no son caseros normales, no cuidan de su propiedad, lo que quieren es vender los pisos cuanto antes y a un precio mucho más elevado del que lo compraron. Al entrar en marzo de 2022, nos dieron solo un mes de plazo para solicitar reparaciones, pero pasado ese tiempo, ante cualquier desperfecto argumentan que se debe al uso. En mi caso, el termostato de la calefacción dejó de funcionar en octubre y la respuesta fue que la avería se debía al uso, cuando ni siquiera lo había utilizado”, cuenta a Infobae este padre separado que vive en el bloque junto a sus dos hijos menores. Esta dinámica, añade, “es su forma de echarnos para poder reformar el bloque y venderlo”.
También han tenido problemas de inseguridad, relata, con robos registrados en trasteros y sótanos. “Cuando se nos ha colado alguien o una puerta no cerraba bien, la única solución de la propiedad, además de llegar tarde, ha sido cambiar el bombín y hacernos pagar a todos la copia de la llave”, señala. Las puertas del garaje, añade, estuvieron un año y medio averiadas, mientras que las inundaciones en el foso del ascensor son habituales, quedando inutilizado, lo que afecta especialmente a un vecino con movilidad reducida que vive en el tercer piso.
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Amenazas por las pancartas desplegadas
Fue en 2025 cuando los vecinos de este bloque se enteraron de que la empresa Divarian planeaba vender los pisos mientras ellos seguían viviendo allí con contratos vigentes. Pero, lejos de quedarse de brazos cruzados, junto con el Sindicato de Inquilinas de Madrid colocaron pancartas en la fachada para visibilizar su protesta, de forma que lograron bloquear varias visitas de inversores, deteniendo temporalmente el proceso de venta del inmueble, afirma David.
“Nos han amenazado con que, si no quitamos las pancartas, nos pueden meter en juicios. Mencionan un artículo absurdo del contrato en el que estamos atentando contra el buen convivir y la estética del edificio. En cualquier caso, la ordenanza municipal de Madrid, que es la que rige, permite explícitamente las pancartas de protesta de sindicatos”, indica.
Los vecinos también destacan que el edificio está ubicado en una zona estratégica para la especulación inmobiliaria, frente a la Plaza de las Tizas, donde se ha instalado un columpio de grandes dimensiones en forma de dragón. Esta intervención, junto con la peatonalización de varias calles y la construcción del arco chino, forma parte del proyecto Chinatown impulsado por el Ayuntamiento de Madrid que lidera José Luis Martínez-Almeida.
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Cláusulas abusivas
Los vecinos de José Bielsa 18 también denuncian que Divarian les impone “cláusulas abusivas e ilegales como cobrar la Comunidad a las inquilinas sin posibilidad de negociación”, lo que consideran una forma de subir el alquiler encubierta. También deben pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y obliga a los residentes a hacer un seguro obligatorio, que ya fue rechazado en otros casos por los tribunales, recuerda el Sindicato de Inquilinas.
“No hubo ninguna negociación, ni con la Comunidad ni con el IBI, el fondo fijó los precios. La comunidad, además, tiene cuotas mensuales muy elevadas, que oscilan entre 180 y 250 euros, pese a que el único servicio activo es la limpieza de zonas comunes. Estos gastos deberían cubrir únicamente servicios como la luz, que no suelen superar los 30 euros al mes, y además tampoco hay servicio de recogida de basuras”, resume.
Por todo ello, los vecinos del bloque exigen a Divarian y a Cerberus el arreglo de los desperfectos, el fin de las cláusulas abusivas y la renovación de los contratos de alquiler en las mismas condiciones que las actuales.
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