Pedro Sánchez y la Iglesia, una relación en un momento “óptimo” antes de la visita de León XIV: ocho años de negociaciones, acuerdos y alguna asignatura pendiente

El Gobierno espera que el pontífice se pronuncie sobre la paz, la polarización y la inmigración, tres asuntos sobre los que espera ver “convergencias” con la postura que defiende España en el mundo

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el papa León XIV. (Europa Press)

Centenares de miles de personas llenarán las calles de la capital en la primera visita a España del papa León XIV. España ha tenido que esperar 15 años desde la llegada del último pontífice y en Moncloa han concedido un alto valor simbólico a su visita, cuyos preparativos ya empezaron desde el viaje previo que Pedro Sánchez hizo al Vaticano a finales de mayo. El líder del Ejecutivo, que pudo entrevistarse con él en la Santa Sede, estará presente en varios eventos programados. El más llamativo será su inédita asistencia a una misa católica, que tendrá lugar en la Basílica de la Sagrada Familia, coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí. Hasta ahora, Sánchez no había estado presente en pasadas ceremonias, como el funeral de Estado de la DANA o el del accidente de trenes en Adamuz.

Fuentes del Gobierno enmarcan este giro institucional en el momento “óptimo” que viven las relaciones entre Iglesia y Estado, así como en la sintonía con algunos de los pronunciamientos de León XIV, especialmente sobre temas como la inmigración e inteligencia artificial —sobre este último asunto dedicó su primera encíclica—. Los vaticanistas, periodistas expertos en la cobertura del papa, coinciden en que el momento cumbre del viaje será precisamente su discurso sobre migración en Canarias, dirigido a toda Europa en el verano en el que entra en vigor el Pacto de Inmigración y Asilo.

Moncloa espera “convergencias” entre la postura del máximo representante de la Iglesia y la línea de apertura y acogida que defiende España casi en solitario, un país que en vísperas de esta visita ha culminado una regularización extraordinaria de migrantes. El papa ha protagonizado varios choques con el presidente estadounidense, Donald Trump, por su oposición a su política de deportaciones masivas.

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El viaje del Papa León XIV a España costará 25 millones de euros, según ha informado este martes el coordinador general adjunto de la visita y vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal.

El Gobierno también tiene mucho interés en los pronunciamientos que haga el papa sobre la situación geopolítica, conscientes de que el Vaticano “es una potencia diplomática” en procesos de mediación. En este sentido, Gobierno y Vaticano han mostrado sintonía en su postura contra la guerra en Irán o la crisis humanitaria en la Franja de Gaza. “No puede ser más interesante y más oportuna esta visita”, subrayan fuentes gubernamentales.

Avances en la reparación de las víctimas de la Iglesia

El momento “óptimo” al que se refiere el Gobierno tiene que ver también con los importantes -y muy negociados- acuerdos con la Iglesia, que se han realizado desde 2018, y de manera más intensa en 2021, y en los que el Vaticano ha sido un actor clave. “El mayor desestrés en las relaciones Gobierno-Iglesia es que salga todo bien”, comentan las mismas fuentes.

Uno de los temas más difíciles ha sido la gestión de los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica. León XIV llega tras alcanzarse un sistema mixto que contempla reparaciones simbólicas y compensaciones económicas en los casos que ya no pueden ser juzgados por haber prescrito.

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El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el defensor del Pueblo, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, tras la firma del acuerdo. (Alberto Ortega/Europa Press vía AP)

En este sentido, una de las incógnitas está en si se producirá una reunión entre el papa y las víctimas de la Iglesia, pero el Gobierno evita pronunciarse sobre este asunto porque se enmarca “fuera” de su agenda oficial. Hace ya cuatro años desde la última vez que las víctimas de la Iglesia se reunieron con la cúpula eclesiástica. En aquel caso, fue con el entonces presidente de los obispos españoles, el cardenal Juan José Omella. Desde entonces, no ha vuelto a producirse un encuentro, más allá de que Luis Argüello saludase a un grupo de víctimas concentradas a las puertas de la CEE (Conferencia Episcopal Española) cuando fue elegido presidente, en marzo de 2024.

Por otro lado, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, encargado de las relaciones del Gobierno con la Iglesia católica, ha culminado una serie de acuerdos sobre memoria histórica con representantes de la Nunciatura vaticana, la Conferencia Episcopal y el Arzobispado de Madrid. El más importante es el vinculado al Valle de los Caídos, el principal monumento del franquismo que pervive en España.

El proceso comenzó con el cambio de nombre a ‘Valle de Cuelgamuros’ y continuó con la autorización de la Archidiócesis de Madrid para el traslado de los restos mortales del dictador Francisco Franco al cementerio de Mingorrubio (El Pardo) en octubre de 2019, además de los de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, al de San Isidro. Dos años después llegaría el acuerdo con el Vaticano para ultimar el proyecto para reinterpretar el Valle, en el que el Ejecutivo se comprometió, en contra de su criterio, a no expulsar a los monjes benedictinos.

Infografía detallando las restricciones de tráfico y transporte público en Madrid del 6 al 9 de junio debido a la visita del papa León XIV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Fin a los privilegios fiscales”

Un año después, Pedro Sánchez acordaría con los obispos la devolución de 1.000 bienes inmatriculados que no pertenecían a la institución eclesiástica. Hasta entonces, todavía estaba en vigor una ley hipotecaria que permitió a la Iglesia registrar a su nombre bienes que carecían de propietario.

Otro hito llegó en 2023, cuando el Gobierno acordó la eliminación de los beneficios fiscales sobre construcciones, instalaciones, obras y contribuciones especiales; y la eliminación de la exención de dos impuestos municipales, equiparando su situación a cualquier entidad sin ánimo de lucro. “Se acabaron los privilegios fiscales”, subrayó entonces el ministro Bolaños tras culminar el acuerdo, fruto del diálogo fluido con la nunciatura.

La supresión afectó a más de 6.000 entidades, incluidas 70 diócesis, casi 23.000 parroquias y también órdenes y congregaciones, lo que permitió recaudar a los ayuntamientos más de 16 millones de euros al año. No obstante, la Iglesia católica seguirá exenta de pagar el IBI, el Impuesto de Sucesiones, Donaciones y Transmisiones Patrimoniales.