El resultado positivo por THC en un control de tráfico con test salival conlleva, de forma inmediata, una sanción administrativa. Sin embargo, diversos estudios independientes apuntan a la existencia de márgenes de error en los dispositivos utilizados, lo que podría permitir la impugnación de algunas multas en función de cómo se realizó la prueba.
En los controles rutinarios, los agentes emplean analizadores portátiles de saliva que detectan la presencia de drogas en el organismo. Uno de los modelos más extendidos es el Abbott Sotoxa, un equipo homologado y utilizado en numerosos operativos. El procedimiento habitual consiste en una primera prueba in situ cuyo resultado, si es positivo, da lugar a una sanción administrativa sin necesidad de confirmación inmediata.
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No obstante, el funcionamiento de estos dispositivos ha sido objeto de debate. Según investigaciones independientes, la tasa de falsos positivos podría alcanzar hasta el 10%. Otros análisis elevan ese porcentaje en determinados contextos, señalando que hasta un 24% de los positivos iniciales registrados en carretera no coincidirían posteriormente con los resultados de pruebas de laboratorio más precisas, como los análisis de sangre.
Dudas sobre la fiabilidad en carretera
El principal cuestionamiento se centra en la diferencia entre la prueba preliminar y la confirmatoria. Mientras que el test salival ofrece un resultado rápido, su precisión depende de múltiples factores: el estado del dispositivo, su calibración, el modo en que se realiza la recogida de la muestra o incluso las condiciones ambientales durante el control.
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A pesar de estos condicionantes, el resultado del test en carretera suele considerarse válido a efectos sancionadores. En la práctica, esto implica que el margen de error detectado en estudios no se evalúa de forma individualizada en cada caso. Es decir, el conductor sancionado no recibe, en el momento del control, una verificación inmediata que descarte un posible falso positivo.
El procedimiento contempla, eso sí, la posibilidad de solicitar una prueba confirmatoria mediante análisis de sangre en un centro sanitario. Esta segunda prueba, más precisa, puede servir para contrastar el resultado inicial. Sin embargo, implica costes y un proceso adicional que no todos los conductores deciden asumir en el momento.
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Posibilidades de recurso
Especialistas en derecho administrativo señalan que, más allá del consumo en sí, el foco de un eventual recurso puede situarse en las condiciones en las que se realizó la prueba.
La normativa vigente establece la validez de los dispositivos homologados, pero no elimina la posibilidad de error. En este contexto, los estudios independientes adquieren relevancia como base para cuestionar la fiabilidad absoluta de los resultados obtenidos en carretera.
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Algunos expertos recomiendan revisar detenidamente el expediente sancionador antes de proceder al pago de la multa. La información recogida en el atestado, los detalles del dispositivo utilizado y las condiciones del control pueden ofrecer elementos para fundamentar un recurso.
Mientras tanto, las autoridades mantienen que los controles de drogas son una herramienta clave para la seguridad vial y subrayan que los dispositivos empleados cumplen con los estándares exigidos. El debate sobre su margen de error, no obstante, continúa presente en el ámbito jurídico y científico, especialmente en lo que respecta a la proporcionalidad de las sanciones basadas exclusivamente en pruebas preliminares.
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