Las medidas aprobadas por el Gobierno para contener el encarecimiento de los carburantes tras el estallido de la guerra en Oriente Medio y la escalada del petróleo han resultado menos eficaces de lo previsto. Lejos de estabilizarse, tanto el gasóleo como la gasolina han seguido al alza: a cierre de marzo, el primero se disparó un 20,1% respecto al mes anterior, mientras que la gasolina se encareció un 8,1%, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
La tendencia en abril también ha sido ascendente. En la semana del 7 al 13, el precio medio del gasóleo alcanzó los 1,884 euros el litro, lo que supuso un aumento del 3,91% respecto a la semana anterior; mientras la gasolina se situó en los 1,552 euros el litro, según recoge el último Boletín Petrolero de la Unión Europea.
Esta remontada de precios es más evidente si se compara con los que se pagaron el 27 de febrero, un día antes de estallara la guerra contra irán, cuando el litro de gasolina costaba una media de 1.478 euros, mientras que el gasóleo estaba en torno a los 1,435 euros.
Las medidas se quedan cortas
Tras este incremento de precios, sindicatos y asociaciones de consumidores consideran que las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno el 20 de marzo para salvaguardar el ‘bolsillo’ de los españoles “no han sido efectivas”.
Entre ellas destacan la reducción del IVA de los carburantes del 21% al 10% y el ajuste de los impuestos sobre la gasolina y el diésel hasta el mínimo permitido por la normativa europea. Según el Ejecutivo, estas medidas debían traducirse en una rebaja de hasta 30 céntimos por litro —dependiendo del carburante—, lo que supondría un ahorro cercano a los 20 euros por depósito para un coche medio.
Ambas medidas fiscales se han quedado cortas, a juicio de la asociación de consumidores Facua, que considera que el Gobierno tenía que haber sido más expeditivo y optar por topar el precio de los carburantes. Considera que las rebajas fiscales a los que más benefician son “a los dueños de las gasolineras que inflan sus márgenes”.
En esta línea, Rubén Sánchez, secretario general de Facua, critica que el Ejecutivo no haya adoptado medidas “contundentes”, fijando precios máximos al combustible: “Necesitamos precios máximos y la intervención del mercado. Necesitamos a un Gobierno que de verdad lleve a cabo una política progresista con la que frene los abusos del mercado”.
Sánchez denuncia que, tras el “maquillaje fiscal” del Gobierno, se han producido “abusos”, especialmente por parte de las gasolineras, “que han inflado márgenes de beneficio y han aprovechado la coyuntura de guerra y el incremento del petróleo para subir todavía más el precio”.
Facua recuerda que las medidas fiscales derivaron en una bajada media de solo 19,2 céntimos, por debajo de los 23,3 céntimos que debieron haber alcanzado si las gasolineras hubieran repercutido al completo las rebajas fiscales. Sánchez subraya que esa bajada “se ha ido esfumando” en las últimas semanas, con nuevos incrementos del combustible y sin que la caída del precio del petróleo de hace unos días se repercutiese en los surtidores.
Por ello, insiste en reclamar al Ejecutivo la fijación de precios máximos, ya que las rebajas fiscales “benefician especialmente a quienes inflan sus márgenes a costa de castigar el bolsillo de los consumidores”.
Ciudadanos, los grandes damnificados por la subida del combustible
Una postura similar mantiene el sindicato Comisiones Obreras, que denuncia que las rebajas fiscales no han conseguido paliar el incremento de los combustibles, arrastrando al resto de productos de la cesta de la compra.
Por ello, el secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, insiste en la necesidad de establecer medidas de control de precios que garanticen que los costes no se repercutan en la ciudadanía, manteniendo los márgenes de beneficios de las empresas.
“No se puede inyectar dinero en la economía de las empresas y que estas no controlen la subida de precios impactando en el poder de compra de la mayoría ciudadana”, señala Pacheco.
Argumenta que los niveles de inflación “se están comiendo” el incremento de los salarios pactados en 2026” y que los trabajadores que han pactado sus convenios en el primer trimestre han perdido 0,5 puntos sobre el IPC. Por ello considera que “es imprescindible intervenir los precios de los combustibles”.
Ayudas dirigidas a los colectivos más vulnerables
Tampoco los técnicos de Hacienda (Gestha) están a favor de las rebajas del IVA sobre los carburantes. Estiman que las rebajas generalizadas pueden resultar “regresivas e ineficientes”, y que plantean problemas de encaje con la normativa europea del IVA; después de que la Comisión Europea haya recordado que el marco europeo del IVA establece límites a la aplicación de tipos reducidos en determinados bienes, entre ellos los carburantes.
Insisten en que las políticas de apoyo frente al encarecimiento de la energía deberían orientarse preferentemente a medidas más selectivas y eficaces, como ayudas dirigidas a los colectivos más afectados, los incentivos al uso del transporte público y a la movilidad eficiente, así como el fomento del teletrabajo en empresas y administraciones públicas para reducir desplazamientos y consumo de combustible.
Un ahorro de 35 euros mensuales con el teletrabajo
Los técnicos de Hacienda recuerdan, con datos de la Comisión Europea, que los desplazamientos diarios al trabajo representan una cuarta parte de los carburantes que consumen los vehículos en la Unión Europea, por lo que estimando que más de un tercio de los empleados en la UE podrían teletrabajar tres días a la semana, “el consumo de combustible de los automóviles se reduciría entre un 2% y un 6%, ahorrando cada trabajador unos 35 euros al mes, incluso teniendo en cuenta el mayor consumo energético en el hogar”.
Ante futuros paquetes de medidas si la crisis no remite, Gestha valora que la reducción de los impuestos especiales está alineada con las propuestas de la Comisión, pero “no deberían renovarse las bajadas del IVA a la electricidad, gas, gasolinas y gasóleos que son aprovechadas fundamentalmente por los hogares de mayores ingresos, que suelen tener más vehículos y consumos más elevados”.
También proponen seguir reforzando los descuentos del transporte público colectivo, la ampliación del bono social eléctrico, el tope de precio al butano y propano, los incentivos en el IRPF a la compra de vehículos eléctricos, al autoconsumo eléctrico y a la mejora de la eficiencia energética de las viviendas, con programas específicos para los barrios más vulnerables, o la vigilancia por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia del comportamiento de las operadoras, incluyendo la restauración de un impuesto a las compañías energéticas por los beneficios extraordinarios que puedan obtener.