La Justicia española decidió extraditar a un ciudadano peruano que es buscado en su país por su presunta participación en un robo violento en Lima. Según la acusación, el detenido, junto a otra persona sin identificar, atacaron a un hombre, lo golpearon y le robaron la billetera, el documento de identidad, la licencia de conducir, una tarjeta de propiedad de una moto carga, un celular marca Nokia y 3.400 nuevos soles en efectivo.
El hombre fue arrestado en Barcelona el 26 de marzo y, tras revisar la solicitud y los documentos enviados por la justicia peruana, así como los argumentos de la defensa en España, la Audiencia Nacional ha decidido extraditarlo. El tribunal ha considerado que se cumplen los requisitos legales para la extradición y no encontró pruebas de que el detenido corriese un peligro real para su integridad física si regresa a Perú.
La resolución de la Audiencia Nacional implica que Adrian será entregado a las autoridades peruanas para ser juzgado por un delito de robo agravado, tipificado en los artículos 188 y 189.4 del Código Penal peruano y castigado con hasta 20 años de prisión.
El acusado alegó arraigo familiar y laboral en España
La defensa, ejercida por Ana Villa Ruano y el abogado Juan José Moreno Carrasco, sostuvo que el reclamado tiene arraigo en España, donde reside y trabaja junto a su familia, y que su extradición supondría una grave afectación a su derecho a la vida familiar y a la integridad personal. Además, alegaron el riesgo de que Adrian sufra tratos inhumanos o degradantes en las cárceles de Perú, apoyándose en informes sobre las condiciones penitenciarias del país.
El tribunal ha desestimado estos argumentos porque las afirmaciones sobre el arraigo y la situación familiar en España no están bien comprobadas. También señaló que los informes sobre las cárceles en Perú son generales y no se refieren de manera específica a la situación personal del reclamado. La sentencia ha subrayado que no se ha presentado ninguna prueba directa que permita concluir que este hombre será sometido a tratos contrarios a los derechos humanos en caso de ser entregado.
Por tanto, el tribunal ha entendido que no existe impedimento legal para la extradición. Recuerda que la decisión final corresponde al Gobierno español. Aunque contra el auto cabe recurso de súplica ante el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el plazo de tres días.