El Ministerio de Función Pública ha iniciado la negociación de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026 para la Administración General del Estado (AGE) sin concretar cifras, aunque ya ha adelantado que será “muy similar” a la del año pasado, cuando se aprobaron 26.889 plazas. El Ejecutivo prevé sacar adelante la nueva oferta en el mes de abril, en un contexto marcado por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado.
Según han trasladado los sindicatos tras la primera reunión este lunes, el departamento que dirige Óscar López ha planteado un escenario similar al de 2025, aunque todavía sin detallar las líneas generales ni el volumen de plazas. Este arranque sin datos ha generado críticas entre las organizaciones sindicales, que reclaman mayor concreción y ambición en la planificación del empleo público para este año.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), mayoritaria en las administraciones públicas, ha pedido que la oferta de 2026 supere la del ejercicio anterior, tanto en el turno de acceso libre como en promoción interna. El sindicato considera prioritario reforzar ámbitos con déficit de personal, como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social o Instituciones Penitenciarias, además de los servicios implicados en el proceso de regularización de extranjeros.
En este sentido, CSIF también ha reclamado la eliminación de la tasa de reposición (el límite que condiciona la incorporación de nuevos efectivos), especialmente ante la falta de cuentas públicas. A su juicio, esta medida permitiría a los distintos departamentos diseñar sus plantillas en función de las necesidades reales y no de restricciones administrativas.
UGT recuerda las plazas sin convocar de 2025
Por su parte, UGT ha insistido en la necesidad de garantizar la creación de empleo neto y ha urgido al Gobierno a presentar cifras concretas en la próxima reunión, fechada para el próximo miércoles. El sindicato ha advertido además de que siguen pendientes de convocatoria miles de plazas correspondientes a ofertas de años anteriores, lo que, según denuncia, está afectando tanto a la calidad del servicio público como a las expectativas de los empleados.
Las organizaciones sindicales han recordado además su rechazo a la OEP de 2025, al considerar que generó menos de la mitad de empleo neto que el año anterior y redujo de manera significativa las plazas de promoción interna. En este contexto, reclaman que la nueva oferta incorpore los criterios del Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público, orientados a agilizar los procesos selectivos, impulsar la carrera profesional y reforzar los servicios públicos.
La aplicación de la jornada de 35 horas preocupa a los sindicatos
Otro de los elementos clave de la negociación es la inminente implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado. CCOO, CSIF y UGT coinciden en que esta reducción horaria debe ir acompañada de un refuerzo de plantillas para evitar sobrecargas de trabajo y garantizar la calidad de la atención a la ciudadanía. La medida, que podría aprobarse de forma inminente, afectará a todos los colectivos, aunque aún se negocian sus condiciones específicas.
En paralelo a la negociación de la OEP y el recorte horario, Función Pública y los sindicatos ultiman un acuerdo para mejorar el acceso al empleo público de las personas con discapacidad. Entre las medidas previstas figura la reserva de un cupo no inferior al 10% de las plazas, tanto en acceso libre como en promoción interna, así como la implantación de pruebas específicas e independientes. El acuerdo también contempla la adaptación de los procesos selectivos para eliminar barreras arquitectónicas, tecnológicas y comunicativas, así como el reconocimiento de situaciones de discapacidad sobrevenida, garantizando la adaptación de los puestos de trabajo y el acceso a la formación.