La Fiscalía Europea en Madrid ha iniciado una investigación sobre un presunto fraude relacionado con los fondos de la Unión Europea asignados al mantenimiento de la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, según EFE. El tramo bajo sospecha atraviesa el municipio de Adamuz (Córdoba), escenario del accidente ferroviario del 22 de enero, en el que perdieron la vida 45 personas.
La investigación preliminar apunta a que una soldadura defectuosa, ubicada en la unión de las vías instaladas en 1989 y 2023, pudo ser determinante en el descarrilamiento del tren Iryo. Este suceso ha situado la gestión y el mantenimiento de la infraestructura bajo la lupa de las autoridades nacionales y europeas. Ahora, los tribunales europeos indagan en esta posibilidad.
El Ministerio de Transportes ha afirmado que la justificación de los fondos europeos para el mantenimiento del tramo Madrid-Sevilla se realizó con “absoluta normalidad” y que colabora con la Fiscalía Europea. La Fiscalía revisa contratos y expedientes del tramo, sin aportar más detalles por el interés público del caso.
Investigación en profundidad sobre Adamuz
Según relató en primer lugar El Mundo, el procedimiento de la Fiscalía Europea se ha desarrollado en varias fases, comenzando con la solicitud de información tanto al juzgado de Montoro, responsable de la instrucción penal sobre el accidente, como al gestor ferroviario Adif y a la Dirección General de Fondos Europeos.
Tras las primeras comprobaciones, la Fiscalía Europea ha identificado posibles irregularidades en el uso de fondos asignados al mantenimiento de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, incluyendo el tramo donde el pasado 18 de enero se produjo el accidente de los trenes Alvia e Iryo. La tragedia, que ha supuesto un duro golpe para la red ferroviaria española, ha motivado la apertura de una investigación específica por parte del organismo comunitario.
Para abordar este caso, la Fiscalía Europea ha asignado a dos de sus fiscales, que han iniciado una investigación en fase preliminar. El órgano europeo solo actúa penalmente cuando detecta indicios que puedan afectar los intereses financieros de la Unión, circunstancia que se da en este procedimiento. Al mismo tiempo, la Audiencia Nacional ha encomendado al Juzgado Central de Instrucción Número 4, a cargo del magistrado José Luis Calama, la supervisión de las medidas judiciales vinculadas a la investigación, como la protección de testigos y peritos si fuese necesario.
Esta actuación se desarrolla en paralelo a la instrucción penal abierta en el juzgado de Montoro (Córdoba), que trata de esclarecer las causas exactas del accidente y depurar responsabilidades. Actualmente, la principal hipótesis apunta al mal estado de la vía, con la posibilidad de que existan defectos estructurales relacionados con el mantenimiento o la renovación del trazado, aunque no se descartan otras causas.
Las investigaciones de ambos órganos se centran en determinar si los recursos europeos destinados a la conservación de la línea fueron gestionados de acuerdo con la legalidad y los estándares de seguridad que exige la normativa comunitaria. El objetivo es aclarar si hubo negligencias o un uso indebido de fondos que pudiera haber influido en el siniestro, sin descartar la adopción de medidas adicionales a medida que avance la investigación.