Dieciocho mujeres recuperaron la libertad a principios de mes en Móstoles (Madrid). Vivían juntas, todas ellas, en el sótano hacinado y cargado de literas de un chalet, compartiendo un solo baño y grabadas de forma constante, sin posibilidad siquiera de apagar la luz durante la noche y pudiendo salir del inmueble un máximo de dos horas diarias y solo con autorización. En esas condiciones eran, además, explotadas sexualmente. No podían rechazar “clientes”, ni decidir qué hacer y no con ellos, ni tomarse un descanso. De lo que cobraban por sus 24 horas de disponibilidad, la mitad se lo llevaban los organizadores, los mismos que les obligaban a existir en estas circunstancias, castigándolas en caso de incumplir sus normas con “sanciones” económicas, insultos, amenazas y con la expulsión del lugar, que pese a ser indeseable era también el único que muchas de ellas habían encontrado para vivir. Nadie - a excepción de clientes y beneficiarios - pudo saber lo que estaba pasando hasta que una de las mujeres, desde el Hospital Universitario de Villalba, tuvo la oportunidad de denunciar la situación.
Quizás varias de ellas aceptaron, en un principio, todo aquello; y quizás lo hicieron sin saber del todo a qué estaban accediendo. Parece, al final, una forma de empezar a trabajar pronto, sin tener que preocuparse demasiado por encontrar un alquiler y con la lista de clientes ya establecida: son todo facilidades aparentes para que una pueda, simplemente, empezar a ganar dinero.
Cada vez es más frecuente este formato de prostitución oculta en inmuebles residenciales, aunque cabe plantearse, según quién, si sigue pudiendo considerarse tal y si no es más bien, por definición, simple y llanamente explotación sexual y proxenetismo. Desde luego que lo favorece: las mujeres que se encuentran en esta situación pierden visibilidad y, como consecuencia, toda la protección derivada de que su prostitución sea mínimamente pública. Para proxenetas y puteros, sin embargo, son todo beneficios: quedan ocultos, convertidos en uno más que entra a un portal privado o en un simple propietario; en un hombre que visita a quien lo haga o simplemente en un vecino o arrendatario. No hay nada que deje entrever, visto el bloque desde fuera, lo que sucede en su interior. Lo cual, sin duda, es ideal para quien lo es.
El auge de la prostitución en inmuebles residenciales
La prostitución, que históricamente se ha encontrado (y sigue haciéndolo) en clubes de alterne, bares de carretera o zonas de abordamiento prostitucional a cielo abierto, ha encontrado en los inmuebles residenciales y viviendas de uso turístico un nuevo territorio. El cambio se aceleró tras la pandemia de Covid-19, cuando el cierre de clubes y las restricciones forzaron una adaptación del sector: lejos de desaparecer, la prostitución se trasladó a espacios privados que refuerzan la invisibilidad y complican la detección de situaciones de explotación sexual.
Basta con una búsqueda simple en internet para acceder a un extenso catálogo de servicios sexuales. Lo podría hacer cualquiera: frecuentemente el único obstáculo entre uno y los cientos o miles de anuncios online es un pop up que invita, sin mucha gana, a abandonar la página si no se es mayor de edad; y con un clic quedan a disposición de cualquiera cientos de imágenes asociadas a un precio por intervalo de tiempo, con un número de teléfono y una dirección en algún edificio que, a simple vista, parece poco más que un inmueble residencial.
No es posible saber qué sucede detrás de una puerta cerrada, pero evidenciado queda con cada instancia en que se desmantela un piso como estos: en su interior viven mujeres que son explotadas sexualmente, vigiladas o grabadas constantemente; y todo ello a cambio de una suma de la cual, muchas veces, deben dar una parte a su madame o proxeneta, sea por “organizar” los encuentros con los clientes, en concepto de alquiler, o por saldar una deuda.
Sin entrar a contemplar la “voluntad libre”: si hay un segundo beneficiario de la prostitución de alguien, es explotación sexual, concretamente proxenetismo; y si esa persona ejerce la prostitución bajo coerción, ya sea explícita o implícita, relativa al propio ejercicio de la prostitución o a las circunstancias y condiciones en que lo hace, también se trata de explotación sexual. Así vivían esas 18 mujeres en aquel chalet de Móstoles. 162 mujeres fueron liberadas en julio de una organización que las forzaba a prostituirse en la Comunidad Valenciana. Otras 7 en Roquetas del Mar en noviembre.
Los pisos-prostíbulo provocan “mayor invisibilidad para el delito, para la situación de explotación sexual”
Consultada por este medio, desde la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) se describe un cambio en las tendencias y formas de captación, coacción y explotación que se hizo patente a raíz de la pandemia del Covid-19 y el confinamiento, cuando “mafias y proxenetas encontraron en las redes sociales y espacios digitales el mejor y nuevo espacio para captar a personas en situación de vulnerabilidad”; así como un “cambio de paradigma en la forma de de explotación, pasando a un modelo mucho más oculto y de difícil acceso con un traslado de las víctimas explotadas de lugares ‘abiertos’ como las calles y polígonos industriales o clubs a pisos o espacios ‘privados’”. APRAMP, mediante su Unidad Móvil - un recurso a través de la cual se realiza un mapeo de zonas, “visibles e invisibles”, donde puede haber posibles víctimas a las que ofrecer información y asesoramiento - actuó en 1.129 espacios prostitucionales en 2025: 908, el 80% del total, eran pisos. 251 eran pisos nuevos.
Más allá de la influencia directa del coronavirus: lo cierto, según explica en conversación con Infobae Erika Larraga - activista en Médicos del Mundo dedicada a la atención bio-psico-social de mujeres en contextos prostitucionales, víctimas de trata y de explotación sexual -, es que esta tendencia ha tenido tal calado porque los pisos favorecen “mayores situaciones de invisibilidad para el delito, para la situación de explotación sexual” por diversos motivos. La Memoria de la Unidad de Trata incide también en esto al advertir que el delito se está trasladando a escenarios menos visibles.
El piso “tiende a ofrecer a los puteros - los prostituidores o demandantes de sexo de pago - mayor invisibilidad y mayor discreción”: nadie sabe a qué va uno cuando entra en un portal, mucho menos si se desconoce que en dicho edificio hay un burdel. No solo protege al demandante de sexo de pago y al proxeneta o la madame que gestione el espacio, sino que la propia red, el propio hecho de que en ese lugar hay personas en una situación potencial de explotación sexual, queda oculto.
Además, el abrir y mantener un piso con este fin es sumamente fácil: “No hay que dar de alta el piso, no hay que hacer ningún trámite burocrático y, a no ser que tu vecino denuncie una situación de violencia, o se sepa y haya presión social, los pisos quedan absolutamente normalizados, invisibilizados y naturalizados, lo que supone mayores beneficios para los proxenetas; y mayor facilidad de convertirte en proxeneta”. Además, no es necesario tener ningún tipo de trato presencial con el cliente de antemano: es frecuente el uso de redes sociales o servicios en línea para pactar los encuentros.
En esta misma línea, “la nueva tendencia de las viviendas de alquiler o viviendas de uso turístico - a través de plataformas como Airbnb o bien plataformas informales - favorece que los proxenetas puedan también rotar a las mujeres o cambiar de piso con mayor frecuencia, reduciendo también el rastro o la huella que ellos dejan”. Es decir, que la dispersión de escenarios y la estructura flexible de los grupos dificultan el desmantelamiento de las redes.
Difícil de reconocer, de denunciar, de demostrar
La prostitución - entendida como la conducta sexual remunerada - es alegal en España. No está contemplada en el Código Penal y ningún artículo recoge que se trate de una actividad económica legal, ni lo contrario. Lo que sí es ilegal, según recogen, respectivamente, el artículo 187 y el 177 bis del Código Penal, son el proxenetismo - el obtener beneficio, económico o de cualquier otro tipo, con la prostitución de otra persona - y la trata de seres humanos, sea o no con fines de explotación sexual.
Es importante diferenciar entre la figura de “tratante” y la de “proxeneta”, aunque ambas puedan concentrarse en la misma persona. El tratante es quien capta, traslada, acoge o recibe a una persona para explotar su prostitución (u otras formas de explotación sexual); y el proxeneta es quien concierta, explota, arrienda, administra o mantiene un lugar para la prostitución ajena.
Es común, según explica Erika Larraga, que una persona que está en una situación de explotación sexual no sea consciente de que lo es. La autoidentificación de esta realidad es complicada: la falta de información y educación al respecto de la legalidad, la desensibilización a la propia situación de vulnerabilidad y a la violencia, la normalización de las dinámicas de subyugación patriarcal e incluso la perspectiva capitalista; todo ello colabora en el dificultar que una persona pueda identificar el abuso al que se encuentra sometida cuando de su propia prostitución otros se llevan tajada o tratan de forzar la aplicación de principios de productividad sobre el ejercicio de la actividad sexual remunerada.
El ‘Macroestudio sobre trata, explotación sexual y prostitución de mujeres: una aproximación cuantitativa’ del Ministerio de Igualdad, publicado en 2024, detalla que al menos 114.576 mujeres se encuentran en situación de prostitución en España. De todas ellas, según el mismo informe, un 80% podría estar en riesgo de explotación sexual o de trata con fines de explotación sexual; riesgo que es alto para un 8,5%.
Además, de acuerdo con la Memoria de la Unidad de Trata de Personas y Extranjería del Ministerio Fiscal de 2025 - referida a 2024 -, en numerosos casos los tratantes son personas cercanas al entorno de las víctimas, y utilizan esta cercanía - además de la vulnerabilidad económica y migratoria - para ejercer y afianzar su control. Explican desde APRAMP la manera en que este tipo de organización criminal suele captar a estas mujeres: el planteamiento de la situación de explotación sexual (de prostitución bajo supervisión o con intermediarios) como una oferta de trabajo, lo que supone que los sectores más vulnerables sean más propensos a terminar en una situación así; el enamoramiento; promesas de grandes y rápidas ganancias; un “yo te pongo el sitio” que acaba por convertirse en una deuda que saldar y desemboca en una situación de servidumbre; o la amenaza directa.
En los casos en los que una persona que se encuentra en esta situación es consciente de ello, el obstáculo pasa a ser entonces la percepción de posibles consecuencias: si que una persona denuncie su situación tiene como posible resultado la pérdida del sustento, de su círculo, en ocasiones incluso de su techo; o la violencia; o el perjudicar en este mismo sentido a terceras personas; o el afrontar sanciones administrativas por encontrarse en situación migratoria irregular; cabe comprender que tomar el paso de denunciar sea una decisión imposible. Y sin denuncia, no hay proceso policial ni orden judicial que permita la entrada a uno de estos espacios, asumiendo que no habrá consentimiento expreso del titular del inmueble, ni un estado de necesidad o urgencia percibido por los agentes, ni flagrante delito que justifique una intervención.
Salvados ambos obstáculos, es difícil incluso cuando una persona identifica que está siendo explotada sexualmente y se decide a denunciar la situación: el problema es entonces probatorio. La Memoria describe dificultades para acreditar judicialmente las condiciones de explotación, ya que frecuentemente las víctimas asumen su participación sin conocer el alcance real de la situación o conociéndola y asumiéndola al creerla aceptable, normal, o una “oportunidad” de mejora de sus circunstancias por la cual “merece la pena” afrontar estas condiciones.
En general, los problemas probatorios que enfrentan las investigaciones judiciales y policiales - la Unidad de Trata y Extranjería ha abierto 181 procedimientos judiciales en 2024, lo que representa un descenso del 27,6% en comparación con el año anterior - son, al menos en parte, consecuencia de la mayor privacidad de los lugares de explotación, y a pesar de haber pasado a un plano menos visible, los datos reflejan que es una delito en auge: según el ‘Balance Estadístico 2020-2024 de Trata y Explotación de Seres Humanos en España’ del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), desde que empezó la década hasta 2024 el número de personas en situación de riesgo de explotación sexual casi se multiplicó por dos: de las 3.867 detectadas en 2020 entre 1.252 inspecciones en lugares de ejercicio de prostitución a las 7.607 detectadas en 2024 en unas 1.700 intervenciones. Queda claro, entonces: cada vez son más los contextos prostitucionales que invisibilizan a las personas que se encuentran en ellos en situación de explotación sexual y, a su vez, esconden a los proxenetas y tratantes que organizan y gestionan estos espacios.